Bajo el pomposo título de «Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la empleabilidad de los trabajadores» el gobierno ha vuelto a legislar en materia laboral a punta de Real Decreto Ley sobre una materia que perfectamente pudo entrar en el Real Decreto-ley 11/2013, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social, del pasado agosto (del cual en su día hablé). Y es que ambos instrumentos van hacia el mismo lado. Claro que ese RDL 11/2013 en realidad vino obligado por sendas sentencias del Constitucional (números 61/2013, 71/2013, 72/2013, 116/2013 y 117/2013) que declaraban inconstitucional el modelo en España con respecto a los contratos a tiempo parcial (vigente desde 1998, obra de otro RDL).
Categoría: Actualidad de España
No quieren cobrarlo, pero sí beneficiarse de los que lo cobran
Es que es «demasiado» como para dejarlo pasar. Madrid, en su lucha anti-impositiva (pero pro subir-tasas), decidió que en esa comunidad nadie pagaría el Impuesto de Patrimonio y lo bonificó al 100% (en un primer momento fueron tres las que lo bonificaron -Valencia y Baleares también-, aunque luego las otras dos lo han recuperado para este año; solo en Madrid no se cobrará). Hoy el Consejo de Política Fiscal y Financiera, a propuesta del Ministro de Hacienda, decidió que los dineros de ese impuesto irían directamente a la Comunidad que los recaudó, sin que se descuente del total de la financiación que le corresponde a cada comunidad. ¿Quién se ha quejado y dio el único voto en contra? ¡Madrid! ¿Por qué se ha quejado? Porque considera que le corresponde algo de lo recaudado por otros. No dicen que se reparta según necesidades lo que todos recaudan. ¡No!, en el fondo lo que dicen es que se reparta en su territorio algo que ellos bonifican y no cobran (porque no les da la gana hacerlo). Eso sí que es deslealtad e incoherencia fiscal.
Rajoy no quiere preguntas
Esta entrada es un dos por uno. Sí, hago referencia en el título tanto a la «consulta» decidida por el gobierno catalán y sus aliados y, por supuesto, al cambio de normas de La Moncloa con respecto a las ruedas de prensa con mandatarios extranjeros en que participa Rajoy -únicas comparecencias públicas en que el mandamás estatal acepta preguntas-. En ambos casos tenemos a Rajoy negando la posibilidad de que se pregunte -o al pueblo o a él-, por cosas de la vida han coincidido en el tiempo y lugar -cuando respondió a una pregunta sobre el tema catalán, realizada por uno del ABC, que llevaba apuntada en un papel, fue justo el primer día del nuevo sistema-,
Menos paro pero muchos menos trabajadores
El paro registrado es el resultado de realizar una serie de exclusiones dentro de los «demandantes de trabajo» apuntados en las oficinas públicas de empleo a último día de mes; así, lo primero que se excluye son los «ocupados» -personas inscritas para mejorar su actual puesto de trabajo, lógico, no son desempleados- y luego a los que buscan «empleos específicos o con disponibilidad limitada», aunque estén sin trabajo -¿por qué? porque se consideran demandas muy especialitas, para decirlo de forma poco técnica-. Entre los demandantes «desocupados» se produce una nueva criba -se excluye a quienes buscan un empleo de corta duración, a quienes quieren empleos de algo menos de media jornada (lo cual no coincide con ese «fomento del tiempo parcial» que tanto dice el gobierno), distintos «tipos» de «estudiantes» (incluso mayores de 25 si aún no han trabajado, algo ahora habitual), las personas que el SPEE considera que han rechazado un «empleo adecuado» (que es cualquier cosa) y otros-, todo regulado en la Orden Ministerial de 11 de Marzo de 1985. ¿Por qué les suelto todo este rollo? Porque hoy toca la alegría gubernamental por los datos del paro registrado. ¡Ha bajado!
Técnicas empresariales para incumplir la legislación laboral
«Esta novación contractual es de mutuo acuerdo»
Usted, señor empresario, quiere cambiar la jornada laboral a sus trabajadores, o tal vez el salario, o tal vez… bueno, cualquier cosa importante. ¿Para qué seguir los engorrosos trámites del artículo 41 del Estatuto de los trabajadores (ET) si puede obligar a firmar cualquier cosa al empleado? Dele un «nuevo contrato»: incluya todos los cambios en un texto que solo pone las antiguas condiciones y las nuevas, sin justificar por qué realiza dicha modificación -como manda el art. 41 ET- y agregue la coletilla «por mutuo acuerdo», así hasta parece que es a instancias del trabajador. «Su señoría, fue él quien me pidió la reducción de retribución, que le cambiara la jornada continua por turnos y que le bajara a la mitad las horas de trabajo», podrá decir en un hipotético juicio. Que él demuestre que se le impuso el cambio. Esto del «mutuo acuerdo» le sirve tanto en relación a un trabajador como a todos, con lo que podrá realizar grandes modificaciones colectivas saltándose todo el horrible procedimiento de consultas, con sus plazos y demás.
¿Nueva legislación sobre servicios mínimos?
Rajoy soltó, durante el plurirreportaje en RNE de hoy, que ha pedido al ministerio de Empleo -porque ya no es de «trabajo»- que haga un proyecto de ley para «que se cumplan los servicios mínimos». Cabe recordar que los servicios mínimos son un límite al derecho fundamental de la huelga; que, además, los servicios mínimos no se prestan para asegurar la «normalidad» del servicio ni -por supuesto- un derecho de los ciudadanos a no verse afectados por una huelga -como mencionó uno del PP-. Sobre los servicios mínimos escribí bastante, así que me remito a: «Huelga General y Servicios Mínimos» y «Huelga General: Servicios mínimos y máximos». Me pregunto cómo demonios se puede legislar sobre los servicios mínimos sin hacerlo sobre la huelga. Ah, además, se debe cambiar el quién los declara, no está de acuerdo con las recomendaciones de la OIT que el mismo que «sufre» la huelga sea quien declare los servicios mínimos.
Centro y consenso: todo en la derecha
«Hemos vuelto», dijo el jefazo del PSOE. Así que era cierto: se habían ido. Rosa María Arta, en El Diario, apostillaba «desde la derecha sin remilgos» (y explica por qué lo dice, claro). Esta frase, junto con cuatro pinceladas más, han servido a la derecha más reaccionaria para tachar al PSOE de «radical», «extrema izquierda» y demás sandeces tan lejos de la realidad del propio partido y, mucho más, de sus experiencias de gobierno. Si el PSOE fuera la mitad de socialista de lo que dicen que es, España ni sería una monarquía ni tendría un sistema económico capitalista. De hecho, el PSOE se reconoce lejos de IU -y no por la izquierda, se entiende- y Bono, por dar nombres, prefiere que el PSOE pacte con el PP que con IU por esa «vocación a las mayorías»… En realidad el PSOE siempre ha votado más con el PP que con IU -incluso en esa época llamada de «la pinza» entre IU y el PP, la realidad parlamentaria fue otra-.
«Pero… búscate la vida»
En Castilla y León existe una «Renta garantizada de ciudadanía» (RGC), la cual es una ayuda bastante minúscula para personas con un perfil determinado -que excluye a las personas sin hogar, cosas de la vida-. Como otras ayudas, tiene un problema de plazos -hasta tres meses se tiran para contestarte si tienes o no derecho, son tres meses de penurias para los que la solicitan, con silencio negativo, para colmo-; pero además un problema en el funcionamiento de la inspección.
Concentración de voto en… ¿en qué elecciones?
Cada vez más se habla de las elecciones al Parlamento Europeo (que serán el próximo año, por si alguien no se había enterado). Hoy, en RNE, estaban debatiendo sobre el tema, y un lugar común fue que en las elecciones al parlamento Europeo los grandes partidos salen perjudicados (con el matiz que «perjudicado» significa «no beneficiado», como ellos mismos recordaron, en esas elecciones sí que todos los votos valen lo mismo), y por ello IU y UPyD crecían tanto en las encuestas (siendo las dos formaciones que atrapan los votos de las dos grandes, en este momento); les daba «pena» (y reflexionaban sobre ello) que esas elecciones se usen para castigar a los partidos grandes o de gobierno y se votara en clave nacional*.
Un optimista gobierno
No se me ocurre otra forma de decirlo. La variación intertrimestral del PIB, según el Banco de España (PDF), es 0,1%; la variación interanual (más importante que la anterior) es del -1,2%. De Guindos ya dice que este es el final de la recesión y el inicio del fin de la crisis. Hay que recordar que durante esta crisis ya hemos tenido periodos de crecimiento del PIB (de hecho el PIB durante el 2011 creció, muy poco, eso sí), y fue hasta irregularmente sostenido (en la interanual, tres trimestres consecutivos, en la intertrimestral fue salteado). Siga leyendo…
Uso y abuso de las proposiciones no de ley
Este es uno de mis «berrinches», vaya por delante. El otro día UPyD anunció que presentaría una proposición no de ley (PNL en adelante) para que el gobierno remitiera a las Cortes Generales un Proyecto de Ley Orgánica que regulara la Corona (inciso: la Constitución remite a una Ley Orgánica el tema sucesorio, algo que jamás se ha regulado; esta falta de algunas normas es bastante más habitual de lo deseable, así pues, algunos derechos como la Huelga se siguen rigiendo por normas pre-constitucionales y no por una Ley Orgánica como debería tener). UPyD, en general, es un grupo bastante activo tanto en presentar enmiendas a la totalidad de proyectos o proposiciones discutidas (una resiente ha supuesto un «golpe» a lo que muchos -parece que- pensaban que era UPyD, por cierto) como en sus PNL; pero no lo es tanto ejerciendo la iniciativa legislativa. Como UPyD está casi toda la oposición. Incluso el partido mayoritario. ERC anunció, hace no demasiado, su intención de disminuir la desigualdad existente dentro de la empresa, esto es, limitar la diferencia entre los que más ganan y los que menos a una proporción de 12:1, podían presentar un proyecto con las reformas pertinentes, en vez de eso presentaron una PNL.
¿Libros de texto? Acabemos con ellos
Estoy generalizando de mala manera en el título. Lo sé. Quiero hablar sobre los libros de texto que actualmente (veo) que se usan (desde primer grado hasta bachillerato, por distintos motivos conozco una variedad relativamente amplia de los mismos); de cómo están hechos para que sean de usar y tirar y cómo, por el mal entendimiento del papel de la escuela (o por un concepto totalmente distinto de lo que para mí es y lo que para quienes crean el currículo educativos es); de cómo los padres que tanto se quejan de su existencia son los primeros en reclamarlos; de cómo más que una herramienta terminan siendo jaulas de oro para la formación de los pequeños de las casas. Pero cuando pienso en hablar de estos temas me siento como un total extraño, como alguien que solo tiene contacto con estas materias de forma tangente*, de quien no tiene la profundidad de estudios de, por ejemplo, esos que establecen el currículo oficial o de los que escriben esos libros de texto… Aún así, creo que algo puedo decir (porque así de pedante soy, las cosas como son).
El peñón del circo
Iba a poner de título, en un alarde de creatividad desmesurada, «El peñón de la discordia»… pero lo que hay con Gibraltar no es discordia como tal (que sí), sino mucho, pero que mucho circo. Y parece que siempre es en verano o cuando faltan otros temas para servir los periódicos y tertulias de radio (sí, «servir»). Y pico el palito y me meto en este follón absurdo.
La verdad es que el tema es jurídicamente simpático, políticamente entretenido (en el plano diplomático) y lleno de comentarios totalmente fuera de lugar (esos contertulios, ¡qué haríamos sin ellos!), con una mezcla de lo público, lo privado y lo fiscal que resulta hasta tierna. Todo ello sazonado de mucho pero que mucho patriotismo (por parte de todos), y demagogia barata (y cara).
Reforma laboral en una ley ómnibus con «nombre» positivo
Me encantaría conocer al que se encarga de poner los nombres a las leyes en España. Sé que no hay «una persona» con dicha ocupación, pero hay veces que merece un premio por saber ocultar todo en un nombre casi positivo. Eso pasa con el Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto, para la protección de los trabajadores a tiempo parcial y otras medidas urgentes en el orden económico y social (PDF, otros formatos). Por favor, vuelvan a leer el nombre. Los operadores jurídicos tendemos a llevarnos mal con las leyes ómnibus, esas que tocan mil y un temas, a veces con mucha profundidad, a veces por encima, pero que no hay un hilo conductor claro, sino un remiendo de inconexos temas que los han metido todos dentro de la misma norma para ahorrar procesos y procedimientos (algunas sí tienen un tema transversal claro, otras, como este, son «económicos y sociales», o sea, todo).
Wert y el clasismo
Posiblemente ningún ministerio esté dejando más claro el conservadurismo y clasismo del gobierno como el de Educación. Ni Empleo (Báñez), ni Justicia (Ruiz-Gallardón), ni Sanidad (Mato), ni Interior (Fernández), ni Economía (Guindos), ni Hacienda (Montoro) están a la altura del clasismo que está demostrando el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert Ortega. Y miren que se empeñan, las reformas laborales de Báñez, las de Ruiz-Gallardón, los estropicios de Mato (contando, por supuesto, el pasar olímpicamente de temas como el aborto y decir que eso es de Justicia), los ajustes del dúo dinámico De Guindos-Montoro o el conservadurismo filofascista de Fernández con respecto a, bueno, todo, desde la homosexualidad hasta las manifestaciones en la calle. Se empeñan en conseguirlo, pero Wert abre la boca y se lía parda.