Rajoy no quiere preguntas

Esta entrada es un dos por uno. Sí, hago referencia en el título tanto a la «consulta» decidida por el gobierno catalán y sus aliados y, por supuesto, al cambio de normas de La Moncloa con respecto a las ruedas de prensa con mandatarios extranjeros en que participa Rajoy -únicas comparecencias públicas en que el mandamás estatal acepta preguntas-. En ambos casos tenemos a Rajoy negando la posibilidad de que se pregunte -o al pueblo o a él-, por cosas de la vida han coincidido en el tiempo y lugar -cuando respondió a una pregunta sobre el tema catalán, realizada por uno del ABC, que llevaba apuntada en un papel, fue justo el primer día del nuevo sistema-,

Son dos temas que merecen sesudos análisis -no los encontrarán de mi puño y letra, sea dicho-, aunque el segundo ha pasado bastante desapercibido -en la tertulia de hoy en RNE, por ejemplo, ni lo mencionaron-, solo ha tenido escuetas notas en los medios «ofendidos», los agraciados, en cambio, elevan la medida a «devolver la libertad de prensa» -mencionar EFE como medio independiente, cuando su dueño es el Estado, tiene tela-.

Explico el tema, que les veo perdidos: uno de los pocos momentos en que los periodistas pueden preguntar al gobierno es cuando está con un mandatario extranjero, hasta el momento -y solo con un precedente en contra, que ocasionó la queja del resto de periodistas- los periodistas pactaban entre sí -autorregulación que le llaman- las preguntas y quién las haría, puesto que solo se podían formular entre dos y cuatro; al presidente le tocaba responder preguntas más o menos incómodas relacionadas con todo tipo de temas. La vez primera vez que el gobierno se saltó este pacto -con diez años de «así hacemos las cosas»- fue para evitar preguntas incómodas sobre Bárcenas -si mal no recuerdo-, se dio la palabra a ABC -el director del medio ya había avisado al periodista que se tenía que saltar el pacto, y le había indicado qué debía preguntar-, que hizo su papel allanando el camino para una respuesta cómoda y de titular para Rajoy.

El otro día, en la rueda de prensa de los dos líderes europeos, a Rajoy se le preguntó por el tema catalán y ya tenía la respuesta escrita, cosas de la vida. Nuevamente la primera pregunta para ABC. Desde el gobierno se defiende que el sistema del pacto no gustaba a todos los periodistas -por ejemplo, los de EFE del gobierno no estaban contentos; tampoco ABC, más cómodo lamiendo el trasero del ejecutivo- y que ahora será más justo: el gobierno decide quién pregunta. ¿Que quieres preguntar? Te apuntas en una lista, luego el gobierno elige «de forma justa y rotatoria», ¿tan rotatoria como que ambas veces que se han saltado el pacto fuera con ABC preguntando? Lo siento, no es creíble.

Por la política de no-comunicación de Rajoy -¿cuántas ruedas de prensa con preguntas sin límite ha dado?, pues eso- podemos pensar en un sistema de castigo a los medios incómodos. Me lo puedo imaginar: los días que haya preguntas incómodas en el aire, los que tendrán la palabra serán los ABC de la vida. Tal vez los otros, cuando no haya mucho que rascar, pueda preguntar alguien de Público. Tal vez.

Ahora lo de Cataluña. Por un lado, el gobierno catalán debería dejar de poner de ejemplo Escocia. ¿Por qué? Simple, porque en Escocia la pregunta y la fecha fue consensuada entre el gobierno local y el del reino -fecha más próxima posible, pregunta maximalista, nada de medias tintas que querían los independentistas escoceses-, mientras que en el catalán esos dos extremos los decidieron entre unas serie de partidos bastante mayoritarios. Por supuesto, que no se puedan comparar no solo depende de la acción catalana, también de la respuesta que viene dando Rajoy al tema: un no rotundo y sin matices. Ante eso, y por claras presiones de sus socios, han decidido poner fecha y contenido a la consulta.

El referendo, con ese nombre, es competencia exclusiva del Estado -esto lo reconoce el propio Estatuto de Cataluña en su art. 122-, pero hay otras formas de realizar consultas o fórmulas de participación popular -y en ello está el parlamento Catalán-. Sobre esas otras fórmulas hablé en su día cuando lo de la consulta de Ibarretxe, sí, aquellas preguntas tan insulsas; quiero insistir en un punto: el Estado puede autorizar un referendo solo para una territorio determinado, nada obliga a que sea estatal.

Preguntar a la gente tampoco significa atarse por su respuesta, por si no lo saben el resultado puede ser o no vinculante; por ejemplo, el que hicimos por la mal llamada «constitución europea» en el 2005 era consultivo, no vinculante. Este caso la consulta podría ser de ese tipo. El mero hecho de preguntar no «roba soberanía» a nadie.

Hablando de «meros hechos», eso es lo que teme el gobierno español, que todo eso que dice que solo son cuatro ruidosos los que quieren la independencia no sean tan pocos.

En realidad, de cara a un referendo de este tipo -o consulta popular no vinculante o como quieran llamarlo-, el Estado tenía mucho que decir: el sentido de las medias tintas -la actual doble pregunta la tiene, si dices que sí a la primera pero no a la segunda- o si no debía tenerla -como el caso escocés, el gobierno británico defendió el todo o nada-; los requisitos para considerarla válida -que haya una participación superior a tanto por ciento y más de tantos síes, como en Montenegro con su 50% de participación y 55% de síes-; los posibles pasos a seguir si la respuesta es una u otra -por ejemplo, asumir el modelo canadiense, si en la pregunta local sale sí a la independencia, se realizaría una pregunta estatal en el mismo sentido; si sale que no, en cambio, deben pasar equis años hasta volver a preguntar-, etcétera. Pero para el gobierno actual todo está bien y la constitución es Sagrada -siempre y cuando ellos no sean los que promuevan o apoyen el cambio, como el de hace unos pocos veranos-.

Hay que tener en cuenta, en todo esto, que el tema es fundamentalmente político, no jurídico. Acá hay que adaptar la legalidad -modificarla de forma regular- a las necesidades políticas para poder solucionar el tema en uno u otro sentido; el enrocarse en una postura testaruda -«es que no porque digo que es que no, y la ley está de mi lado» o el «como no me hablan tiro para adelante»- no lleva a buen puerto en ningún caso.

En el fondo sigue estando presente el daño que hace el concepto de Estado-nación en la convivencia dentro de entornos estatales; todo este conflicto no deja de ser dos posturas nacionalistas que buscan la formación o el mantenimiento de un Estado-nación, que chocan no tanto por el fin real -el programa político de CiU es increíblemente parecido al del PP- sino por el concepto nacional que está detrás de cada uno, por el ámbito de poder que desean controlar.

La respuesta de Rajoy, todo el tiempo, se ha basado en el «no quiero que se hable del tema», el no rotundo y el impedir, como si ello fuera más democrático, el realizar preguntas a la gente -porque temen lo que la gente pueda contestar-; y ello no lo ha hecho bajo su «autoritas» o tendiendo puentes, sino bajo el «imperium» que posee como presidente del gobierno, ha puesto todo el tiempo su poder formal sobre la mesa, y esto ha hecho que empeore la cosa.

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