Errores y dudas comunes en el mundo del Derecho. ¡Identifíquese!

Fotografía editada con un carro de policía y una manifestación de fondo.

Introducción

Seguimos con la serie de entradas donde intento simplificar mucho (muchísimo) algunas cuestiones que normalmente se expresan de forma incorrecta. Es normal, en el mundo jurídico hemos creado una jerga particular (como cualquier especialidad, tiene su propio idioma) que, encima, no cuadra con los significados habituales. Además, los medios de comunicación no ayudan en nada, todo lo contrario, suelen fallar más que escopeta de feria en el manejo de la terminología. También procuraré resolver algunas dudas sobre estos temas de «la ley».

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Cataluña: la hora de la demagogia y la desinformación

Una sentencia anunciada (y filtrada) trae ya tres días de manifestaciones en Cataluña… y en el resto de España. En Cataluña se han producido situaciones violentas, sin dudas, pero están lejos de ser tan masificadas como lo que, a veces, se nos muestra. Claro que lo que se nos muestra tampoco corresponde con lo que está pasando (como esas imágenes de TVE por las que pidió disculpas porque son de hace 9 años).

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Urresti y Otárola deben dimitir

El segundo, el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Fredy Rolando Otárola Peñaranda, por la que ha montado con esta ley. Así de simple. Cierto, él no la escribió, pero es su cartera. El segundo, el Ministro del Interior, Gral. EP (r) Daniel Belizario Urresti Elera, por la que ha montado con las masivas manifestaciones. En las primeras manifestaciones la represión fue brutal (la acostumbrada por nuestra policía, tampoco pensemos que es algo fuera de lo común), pero en las de ayer, donde el ministro se las quiso dar de conciliador, en realidad llegó a insinuar una vulneración masiva del derecho a la manifestación. Sus amenazas veladas subieron tanto de nivel que la propia defensoría del Pueblo tuvo que salir a poner puntos sobre las íes (PDF). O deberían echarles. (No pasará ninguna de las dos cosas porque ambos son del agrado de la pareja presidencial, claro).

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De la represión por el PP

El título de la entrada es amarillista, al menos parcialmente. Viernes, sábado y domingo tuvimos el «agrado» de tener, en Valladolid, a la crème de la crème del Partido Popular (que gobierna España, Castilla y León, Valladolid y casi todo lo que puede); así que les recibimos como bien pudimos: manifestaciones cada uno de los días (hubo más de las enlazadas, sea dicho). Demasiado por lo que protestar. El domingo, último día, fue la «grande», promovida por Parados en Movimiento, y con la adhesión y el acompañamiento de una gran variedad de fuerzas políticas (por ahí estaba Izquierda Castellana, IU y otros), sociales (todo tipo de asociaciones de vecinos, de colectivos afectados por la crisis) y sindicales (se echó muy en falta la presencia de CC.OO. y UGT, ¿dónde estaban «nuestros amigos» de amarillo?, ¿acaso si ellos no convocan, no van? a otras, como la educación el 1/2, al menos la federación de enseñanza de CC.OO. sí estuvo).

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Evitando el «rol de policía»

Saben que por este barrio hay algunos temas que evito, relacionados o con el trabajo o con los programas en que soy voluntario (salvo si es para compartir el material que producimos en alguno de ellos), pero bueno, hay un tema que ha sido recurrente y permite -y es lo que pretendo hacer- una reflexión generalista sobre un tema: El rol de «policía». Quiero plantear la cuestión ubicándola y sin que parezca (porque en ningún caso lo es) como un choque de egos entre los «monitores» (voluntarios o profesionales), pero no estoy seguro de poder pintar el panorama entero evitando muchos detalles del grupo en concreto, más cuando quiero que se entienda la generalización que estoy haciendo.

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PNP: Reglamento homófobo

Hace unos días en Perú estalló la polémica tras la aprobación por el ejecutivo de Ollanta Humala el Decreto Legislativo nº 1150, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PDF del cuadernillo de normas legales de El Peruano, corrección de errores publicada el 14 de diciembre). ¿Por qué la polémica? Porque contiene normas homófobas. Con la máxima sanción posible (pase al retiro del policía) se sancionan las «relaciones entre personas del mismo género» cuando causen «escándalo o menoscaben la imagen institucional» (está el tipo entre las infracciones muy graves contra la institución), al mismo nivel que pertenecer a . Ojo con la conjunción «o», porque en este caso parece disyuntiva (se podrá sancionar tanto por un escándalo, aunque no «menoscaben la imagen» como por menoscabar la imagen -a entender del que aplica la sanción- sin que medie escándalo). Pero no solo es una norma contraria a la libertad e identidad sexual de los homosexuales, sino fuertemente conservadora en general, y reaccionaria en particular, por ejemplo sanciona las relaciones extramatrimoniales entre los agentes de la PNP («que causen escándalo o menoscaben…»), teniendo mayor castigo que maltratar a la pareja o padre o hijo. La norma, además, coarta la libertad de expresión de los miembros del PNP (se prohíbe «difundir ideas» que vayan contra la «cohesión institucional», siendo muy grave). Y se repiten los vicios del reglamento de 2009 que este presidente prometió corregir.

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Proyecto de modificación del Código Penal «La Parada»

La cosa se fue de madre y en La Parada un grupo de personas arremetieron contra la policía que intentaba desalojar el lugar,dejando una buena cantidad de heridos (y no solo entre los partícipes directos de la batalla campal), y muriendo dos personas (en contra de lo indicado inicialmente, los dos muertos corresponden a civiles), y estando en estado grave unos cuantos policías. Existe, claro, una «mafia» en La Parada, un ánimo de imponer una ley propia mediante la violencia, y existe, claro, una responsabilidad política, tras un día de «nadie sabe dónde está» finalmente Susana Villarán, la alcaldesa de Lima, dio un paso al frente para asumir el coste político de la operación fallida para «recuperar» La Parada del crimen que ahí campa a sus anchas.

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¿«Programa» de Servicio Policial Voluntario?

El ministro del Interior, Daniel Lozada, fue interpelado en el Congreso, cinco bancadas ya piden la derogación del decreto… En el considerando del Decreto Supremo Nº 001-2012-IN, por el cual se crea el «Programa Servicio Voluntario de Apoyo a la Policía Nacional del Perú», publicado en El Peruano el 8 de Marzo, encontramos algunas cuestiones como «que, actualmente la Policía Nacional del Perú atraviesa una seria problemática debido a la ausencia de ciudadanos con mayoría de edad que deseen cumplir con el sevicio policial», y lo vinculan al aumento de la inseguridaqd ciudadana, que es necesario «propiciar la reasignación del personal profesional y especializado de la Policía Nacional del Perú al cumplimiento de funciones que fortalezcan la seguridad ciudadana» y, finalmente, que «los efectivos policiales que realizan labores básicas y administrativas sean reemplazados por ciudadanos voluntarios mayores de edad entre los 18 y 21 años»…

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¡Claro que buscan impunidad!

Que no nos engañen, la ley que propone el ejecutivo busca, descaradamente, la impunidad de los efectivos de las fuerzas armadas y de la policía, lo que es peor, busca una impunidad «a dedo», que se someta a la pura discrecionalidad del gobierno. Peor imposible. Que sí, que el proyecto habla de que dicho informe, el que deben pedir los fiscales al gobierno antes de abrir un proceso, no es vinculante, pero es preceptivo, con ello ya se comienzan a poner trabas y alargar los plazos para que actúe la «justicia».

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Nosotros, los Antidisturbios

un Antidisturbio*

Somos la última defensa de la Paz y Seguridad, eso nos dice el capitán siempre, nosotros, los antidisturbios, cuidamos y protegemos a todos los ciudadanos de esas hordas de descontentos que quieren alzar su voz contra todos, contra la democracia y paz que nosotros, los antidisturbios, defendemos. No es fácil, nunca lo es, salir vestido como caballero moderno, con todo tipo de prendas para protegernos de esos salvajes que se manifiestan, nosotros, los antidisturbios, tenemos la misión de impedir que destrocen todo, aunque tengamos, nosotros, que destrozarlos, a ellos, culpables de sus propias palizas.

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Doble moral y privacidad, policías perseguidas

Cuando el tema de los «petroaudios» se destapó, desde quienes detentan el poder público se exigió que no se usaran, se denunció la que fue, sin dudas, una intromisión ilegítima en las comunicaciones y se pidió a los periodistas que cesaran en su actividad difusora, se propuso, de paso, el aumento de penas y la (mala) adecuación de los tipos penales, la expansión de los mismos a los intermediarios en el uso de esa información privada que estaba en manos del público. Ahora, con el caso (más cortina de humo que otra cosa) de cuatro policías, desde la más alta instancia del poder (esto es, Alan García Pérez, presidente de la República) se «saluda» la sanción a las policías que ven vulnerado su honor y privacidad por un vídeo «robado». Hay que fastidiarse.

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En Lima, en el Perú…

Termina siendo más difícil pagar una multa que pasar una coima. Es el colmo, ni aunque les digas «ponme la papeleta» lo hacen, ellos no quieren cumplir con su deber (máxime cuando te detienen sin siquiera haber cometido falta alguna, pero bueno), quieren el sobresueldo llamado soborno, y encima no les podemos culpar. En Perú muchas veces es más difícil cumplir la ley que pagar para saltársela.

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A reprimir se ha dicho

Recuerdo las manifestaciones con Aznar en el gobierno, recuerdo lo rápido que las fuerzas y cuperpos de seguridad del Estado (o las que se tercien) cargaban en cualquier momento. Seguridad. Seguridad decían los muy cínicos (no es que haya cambiado radicalmente este panorama, pero sí un poquito). Hoy Mariano Rajoy me ha recordado por qué no se debiera votar por él, y por su partido. No es por su pasado, ni el de los suyos (recordar los orígenes falangistas y antidemocráticos es ocioso, no lleva a ninguna parte), sino por la idea que tienen del Estado, y no lo digo por la economía (que también), sino por el uso de la fuerza. «Ante los ataques a la Corona yo habría usado las Fuerzas de Seguridad del Estado», declaró el sucesor de Aznar.

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