Las democracias formales (como cualquier democracia burguesa) no dejan de ser, básicamente, democracias de procedimiento, y si son Estados de Derecho más aun. De repente la constitución peruana se ha vuelto sagrada. Uno de los partidos que llegan a segunda vuelta tienen, como promesa electoral, un cambio constitucional profundo (pero muy mal determinado por el plan de gobierno), el otro de los partidos, básicamente, fue quien aprobó el actual texto constitucional en el 93 tras un autogolpe.
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Que ETA pida el voto para el PP
En la portada de La Razón de ayer (PDF) encontramos una foto de un ex-etarra con un cartel hecho a mano pidiendo el voto para Bildu, el titular, muy informativo, es el siguiente: «ETA pide el voto para Bildu. ¿Hacen falta más pruebas?» Vamos a dejar de lado el confundir a un ex terrorista con toda la organización, vamos a dejar de lado que el propio TC ya ha dicho que el que una organización terrorista pida el voto por un partido NO contamina al voto (esto por lo de Iniciativa Internacionalista), para centrarnos en la «lógica» de La Razón: si un (ex) etarra pide el voto por una formación, es suficiente prueba (no hacen falta más pruebas, atendiendo a la pregunta retórica) para considerar que esa organización es ETA. Pues bien, como dije hace dos años: ETA debería pedir el voto por el PP (el PSOE y demás partidos españoles). Me encantaría ver a La Razón aplicar la misma lógica y pedir la ilegalización del PP y demás partidos. Si no aplican la misma lógica es porque sí hacen falta más pruebas. Más aun, esa foto no prueba absolutamente nada, salvo que un condenado por terrorismo que ya cumplió su pena apoya a una formación legal (y su voto, en una democracia, pese a quien le pese, es tan legítimo como el de cualquier otro ciudadano).
¿Huelga política? ¡Si es contra una bajada salarial!
«Si esta no es una huelga política, que baje dios y la vea». Esperanza Aguirre sobre la huelga del Metro de Madrid por una bajada por decreto de lo salarios de los trabajadores (que no son funcionarios, por cierto, ya que Metro de Madrid es una Sociedad Anónima). ¿Desde cuándo protestar por la inaplicación de un convenio colectivo y por una bajada de sueldos se considera «huelga política»? Desde que la Derecha quiere, básicamente. Nadie del PP dijo que la huelga del pasado 8 de Junio, de los funcionarios contra una medida similar, era una «huelga política» que buscaba «derribar un gobierno legítimo», como soltó ayer Esperanza Aguirre, hasta se mostraron «comprensivos» con los huelguistas, aunque dijeran que «no era el momento», más de un líder del PP afirmó que si él fuera funcionario sí haría huelga ese día, ¿por qué es «huelga política ilegal» si es contra un gobierno del PP y no contra el central del PSOE? Y lo que piden los trabajadores, el que se mantenga su salario tal cual fue pactado, no va contra una obligación legal de obligado cumplimiento para Madrid (tras el tijeretazo del gobierno central), ya que, como se ha repetido y mucho, este recorte salarial no afecta a los trabajadores de las corporaciones mercantiles de las que es propietaria la Administración, por ello el Estado NO lo ha aplicado a las empresas públicas de Derecho Privado, si lo ha hecho la Comunidad Madrid es porque le ha dado la real gana a su gobierno. Además, es ilegal ir contra el Convenio Colectivo.
Rajoy y el respeto por las reglas
Una de las cosas curiosas de la TDT es que te retransmiten en vivo y en directo algunos discursos enteros de políticos, que de otra forma solo verías en un resumen de 10 segundos en algún noticiario (es lo que tienen las horas muertas que con algo hay que llenar). Rajoy se puso a hablar de la legitimidad del TC para decidir sobre las leyes (algo que comparto), del necesario respeto a las reglas del juego (algo que es de suyo) para luego saltar que no se pueden cambiar ahora a los miembros del TC porque sería cambiar las reglas del juego. ¡No señor! Sería cumplir las reglas del juego, que el PP ha decidido bloquear (y está en su derecho, nadie le puede obligar a llegar a acuerdos), que no vengan a mentir y manipular diciendo que el cambio de los magistrados (la renovación del TC) sería deslegitimador y contrario a esas reglas, porque las reglas, desde la propia Constitución (art. 159.3), dicen que los miembros del tribunal tienen el cargo por nueve años (y ya los hay con 12), que no pueden repetir en el cargo de forma consecutiva (art. 16.4 de la LOTC), viven en funciones incumpliéndose una de las causas de cese (art. 23.1 Segundo de la LOTC) y hace tiempo que se debió producir una renovación (según el art. 17 de la LOTC) que no se ha producido. ¡Esas son las reglas! La renovación es necesaria, según las reglas. Hace más de 3 años que las mayorías en el TC tendrían que ser distintas, pero al PP no le da la gana de que se renueve el alto tribunal, porque perderían una mayoría heredada de cuando su poder era absoluto. Que haya un proceso en curso no es causa de no renovación, sino jamás se renovaría.
Bipartidismo y LOREG
«En lo que afecta a intereses económicos o de poder y al reparto de la influencia electoral o mediática, su política [del PSOE-PP] es compartida.»
Gaspar Llamazares, diputado de IU
Dos años y poco de una comisión para revisar la legislación electoral, Izquierda Unida (IU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ponen toda la carne en el asador, esos dos partidos son los más perjudicados por la legislación vigente, los que peor relación de votos – escaños tienen en todo el hemiciclo, es lógico, son el tercer o cuarto partido en (casi) todos lados y las pequeñas circunscripciones (la mayoría), unidas al sistema de reparto (con menos efectos de los normalmente atribuidos) hacen que, a la postre, sean los que menos curules ocupen.
¡Cuánta mentira junta! El PP y el Derecho Penal
«La civilización no suprime la barbarie; la perfecciona.»
François Marie Arouet (Voltaire).
El fin constitucional de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad es la reinserción social y la reeducación del condenado (art. 25 de la carta magna), comencemos por ahí. Trillo, del Partido Popular (PP, ese partido que arropa y aúpa a presuntos corruptos), se desmelena y dice que el «buenismo correccionista» de la izquierda es una idea «decimonónica» hace que el Código Penal sea demasiado suave y no cumpla con el fin de disuadir a los delincuentes, por lo que está aumentando la delincuencia en España.
Inmigrantes y burbuja inmobiliaria
Grandes afirmaciones requieren de grandes pruebas. Entiendo que, en un programa de radio durante una tertulia, sea difícil siquiera citar las pruebas que se tienen para realizar una de esas sentencias que llenarían titulares si un líder político las propinara. En «Días como Hoy», programa matinal de Radio Nacional de España, una de las tertulianas (que suele ir una vez a la semana, que está adscrita a la FAES), cuyo nombre no recuerdo, en medio intercambio de «y tú más» con un socialdemócrata sobre cuándo se originó la burbuja inmobiliaria en España soltó la perla doble (no es totalmente literal, no tengo tanta memoria): «el bum inmobiliario se dio por los pensionistas europeos que compraron pisos en España y por la política de Zapatero de «papeles para todos»». Toma ya.
¿Pacto? ¿Con qué propuestas?
Ayer fue un gran día para las redacciones, el «debate» (llamémoslo así) en el Congreso de los Diputados «enfrentó» al líder del principal partido de la oposición (no es «el líder de la oposición») y a quien ostenta el cargo de Presidente del Gobierno español, se supone que veríamos, por un lado, a un gobierno a la defensiva vendiéndonos la moto de los cambios o proyectos que ha puesto en marcha o piensa poner, mientras que el principal partido de la oposición, primero en la intención de voto actual, sacaría todas sus armas dialécticas para, por un lado, desmontar las tesis del gobierno, y por otro, proponer «sus» soluciones.
«¡En mi patio no!»
Triste espectáculo entorno al proyecto de construcción de un cementerio nuclear (llamado Almacén Temporal Centralizado de residuos, ATC), donde los pueblos pequeños se pelean por la inmundicia nuclear de toda España, como solución a su posible desaparición por despoblamiento, los políticos que ayer dijeron que sí a la construcción de ese almacén de residuos nucleares hoy dicen que «no en mi patio», por el motivo que sea, que se construyan, sí, pero lejos de sus intereses electorales.
El nuevo presidente de NNGG en Salamanca entre líneas
Salamanca es una ciudad curiosa, donde su realidad demográfica no se corresponde , para nada, con el censo electoral, es lo que tiene vivir diez meses al año llena de una juventud empadronada en las respectivas casas de sus padres, a unos cuantos kilómetros, sino miles, de la capital charra. Puede ser una de las ciudades de España que en proporción tienen más población «de fuera», joven y no empadronada, no solo por la cantidad absoluta (seguramente menor que Madrid o Barcelona), sino por ser una ciudad pequeña (tan solo 155.740 habitantes según el padrón).
El PP y el recorte de gasto
Es muy difícil, casi imposible, hacer una oposición real con el tema de los presupuestos, no me refiero a una oposición sobre el gasto a mayores (esto es fácil y concreto), sino sobre los recortes en gastos, te encuentras con una serie de partidas casi imposible de tocar y sobre todo, en las que puedes tocar, los números no cuadrarán, y no lo harán porque, por más extensa que sea la documentación de los presupuestos (megas y megas de texto con cuadros, explicaciones, partidas desgranadas y demás) no se conocen, desde fuera, las necesidades reales de la administración ni la eficacia de la gestión, con lo cual la pregunta del millón es si tal partida de gastos corrientes es o no abultada, y en el caso de serlo, cómo reducirla.
Va de cínicos
En Radio Nacional de España hoy entrevistaron a Cristóbal Ricardo Montoro Romero, portavoz del Partido Popular (PP) en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados (a donde volvió en el 2008 tras su paso por el Parlamento Europeo, elegido por Madrid). Montoro tiene la difícil misión de echar para atrás los Presupuestos Generales del Estado presentados por el Gobierno de España hace nada, el PP presentó una enmienda a la totalidad y ahora una cincuentena (al menos) de enmiendas.
Sobre el sistema electoral español
«Si la “representación proporcional” que prescribe la constitución es entendida como principio político que apunta a definir un determinado tipo de de democracia representativa, habría que convenir en la existencia de una discordancia entre tal prescripción y el plano de la práctica y la legalidad electoral, dando alguna base para exigir el respeto a la previsión constitucional y corregir el rumbo desviado que fomentan las normas de desarrollo de la misma»*
Rodríguez Zapatero tiene, en parte, razón, cuando afirma que «a priori» la ley electoral vigente (Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, LOREG) no beneficia a nadie. Y digo en parte porque tendríamos que ir a supuestos muy abstractos y de una real fragmentación de partidos (digamos, que en cada circunscripción electoral, la provincia, se presentaran partidos diferentes que en el resto de circunscripciones) para encontrar un supuesto en que la ley electoral que rige en España, que se basa en las disposiciones constitucionales sobre la demarcación territorial, no beneficiaria a ninguna formación. Pero la realidad es otra, la realidad es que la ley electoral penaliza al tercer y cuarto partido de todas las circunscripciones pequeñas y deja poco margen para los mismos en las circunscripciones grandes.
Tres en uno
Detesto el doble discurso, y cada vez le cojo más alergia, si es que se puede, al que encima va acompañado de populismo y demagogia a partes iguales. Ayer el Congreso convalidó el decreto de los 420 euros para los parados que han agotado la prestación de desempleo, ayer también el Congreso dio luz verde a que se siga tramitando una reforma que endurece más la Ley de Extranjería, ayer los responsables del PSOE se colgaban la medalla de ayudar a los grupos marginados, mientras dificultaban el acceso a servicios más básicos a uno de los grupos sociales más marginados, maltratados y explotados: Los inmigrantes ilegales.
De tránsfugas y dobles raseros
Se ha iniciado la Segunda Guerra Civil en España por una moción de Censura presentada en una ciudad turística española con apoyo de un tránsfuga (que, por lo visto, llevaba tiempo fuera del partido por el que fue elegido concejal), o algo así. Pareciera, si uno escucha las declaraciones de importantes miembros del gobierno de Valencia (PP) pareciera que es la primera vez en España, desde que se firmara el nefasto pacto antitransfuguismos (PDF), o de la historia de España, que un gobierno local cambia de color político gracias a un díscolo tránsfuga. Nada más lejos de la realidad.