Inmigrantes y burbuja inmobiliaria

Grandes afirmaciones requieren de grandes pruebas. Entiendo que, en un programa de radio durante una tertulia, sea difícil siquiera citar las pruebas que se tienen para realizar una de esas sentencias que llenarían titulares si un líder político las propinara. En «Días como Hoy», programa matinal de Radio Nacional de España, una de las tertulianas (que suele ir una vez a la semana, que está adscrita a la FAES), cuyo nombre no recuerdo, en medio intercambio de «y tú más» con un socialdemócrata sobre cuándo se originó la burbuja inmobiliaria en España soltó la perla doble (no es totalmente literal, no tengo tanta memoria): «el bum inmobiliario se dio por los pensionistas europeos que compraron pisos en España y por la política de Zapatero de «papeles para todos»». Toma ya.

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Pactismo y sindicatos, una historia antigua

Un momento de incertidumbre atenazaba los corazones españoles, Franco llevaba años muerto y los distintos grupos intentaban que sus tesis vencieran, desde las más conservadoras (una continuación «suave» de la dictadura) hasta las más progresistas (república popular) jugaban sus cartas sobre el tablero político, con mucha prudencia por parte de todos, por su lado, el recién nacido (como entidad separada del Sindicato Vertical, al que minó por dentro) CC.OO. junto con la re-legalizada UGT se juntaban con la patronal para sentar las bases del sistema socio-laboral, tesis antagónicas con el Estado aun franquista de mediador, crisis fuerte y destrucción de empleo a la vista, acá todos ceden, se dijo, unos aminoran la lucha por mejoras salariales y extrasalariales (para mejorar la «competitividad» de las empresas españolas, ¿les suena?) y garantizan cierta paz social, y los otros se comprometen a repartir menos beneficios y reinvertir más en sus empresas (reservas) para que o la destrucción de empleo no fuera tan fuerte o al menos el tejido empresarial no se cayera con empresas descapitalizadas, así como aceptan sin rechistar el naciente estado social (con los derechos hacia los trabajadores, sanidad, seguridad, etc.). Los primeros, los sindicatos, cumplieron a rajatabla (no les quedaba otra), los segundos no. Y así han sido todos los grandes pactos desde entonces, documentos llenos de buena voluntad, negociados, con derechos y deberes para los tres agentes sentados, pero donde solo a los trabajadores se nos supervisa y exige el cumplimiento de lo pactado. Mientras tanto, paz social. ¿Volverá a pasar?

¿Abaratar el despido sirve de algo?

Mariano Rajoy ha hablado, otra vez, para señalar el mercado laboral como el problema de la economía española. No, no busquen en el PSOE una respuesta contundente, desde hace unas semanas el gobierno mira dicho mercado con las gafas de la CEOE y está de acuerdo, faltan perfilar detalles, por eso CiU está más próximo al gobierno, CiU y su propuesta de indemnización de 20 días por año para los despidos improcedentes (la misma que para los procedentes no disciplinarios).

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¿Pacto? ¿Con qué propuestas?

Ayer fue un gran día para las redacciones, el «debate» (llamémoslo así) en el Congreso de los Diputados «enfrentó» al líder del principal partido de la oposición (no es «el líder de la oposición») y a quien ostenta el cargo de Presidente del Gobierno español, se supone que veríamos, por un lado, a un gobierno a la defensiva vendiéndonos la moto de los cambios o proyectos que ha puesto en marcha o piensa poner, mientras que el principal partido de la oposición, primero en la intención de voto actual, sacaría todas sus armas dialécticas para, por un lado, desmontar las tesis del gobierno, y por otro, proponer «sus» soluciones.

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Sin responsabilidad del Estado en caso Afinsa y Fórum

«El timo de la estampilla», se bautizó así, con un juego fácil de palabras, a una gran estafa mediante el esquema Ponzi realizada por Afinsa y Fórum Filatélico contra casi quinientas mil personas. En el 2006 la justicia española intervino ambas sociedades, acusando a sus responsables de varios delitos como estafa, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Los afectados demandaron a la Administración (a varios ministerios, y a la CNMV y la AT) por «dejar que pasara» al descuidar sus labores de inspección y control sobre el sector financiero, el Estado, por su parte, se defendía diciendo que la actividad no era financiera, sino puramente mercantil, la Audiencia Nacional ha dado la razón al Estado (pueden leer la sentencia en PDF acá).

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Modernizar el lenguaje jurídico

Dicen que, cuando no quieres que algo se haga (o mejor dicho, su actividad dure hasta el infinito sin llegar a puerto alguno), lo que haces es nombrar una comisión. Pues bien, el pasado 2 de febrero se publicó en el BOE la: «Resolución de 21 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2009, para constituir la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico». El fin es «la elaboración de un informe que analice la situación actual del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho y que contenga recomendaciones. Asimismo, la Comisión impulsará las acciones que considere pertinentes para que el lenguaje jurídico sea más comprensible para la ciudadanía» y tienen 12 meses (desde su primera reunión) para presentar un informe… La Comisión está integrada por gente de peso, de mucho peso… ¡Suerte! La van a necesitar.

«¡En mi patio no!»

Triste espectáculo entorno al proyecto de construcción de un cementerio nuclear (llamado Almacén Temporal Centralizado de residuos, ATC), donde los pueblos pequeños se pelean por la inmundicia nuclear de toda España, como solución a su posible desaparición por despoblamiento, los políticos que ayer dijeron que sí a la construcción de ese almacén de residuos nucleares hoy dicen que «no en mi patio», por el motivo que sea, que se construyan, sí, pero lejos de sus intereses electorales.

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En España, xenofobia y mentiras repetidas

Estos días muchos partidos muestran su cara más racista, menos solidaria, y muchos de esos partidos se dicen de izquierda (PSC y ERC, sin ir más lejos), hasta han comprado el discurso de la derecha sin sonrojarse ni un poquito (bueno, a veces rectifican, al ver las que les cae), y eso que la derecha nacional no se termina de aclarar (aunque lleva tiempo pidiendo que se endurezca la ya dura ley de extranjería, y mintiendo descaradamente sobre los efectos de la misma en extremos como la reagrupación familiar -que finalmente se ha limitado, por enésima vez-, así como azuzando la xenofobia), va, eso sí, dejando de lado el doble discurso para centrarse en lo importante para ellos: «No cabemos». La extrema derecha lleva años apostando por ese lema, deben estar aplaudiendo hasta con las orejas.

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TC: Estatuto catalán y matrimonio homosexual

Será que no vivo en Cataluña, y por eso la demora en la sentencia no me importa demasiado. Demora debería entrecomillarlo, como ya he dicho en alguna ocasión, esa lentitud más que excepcional es la norma, y ello es en sí mismo más triste que la falta de dicha sentencia. El Estatuto de Autonomía de Cataluña es una norma indudablemente importante, dentro del llamado «bloque constitucional», es, por así decirlo, la Constitución de Cataluña dentro de (desarrollando) la Constitución de España, y sin dudas es importante y afecta de forma más o menos directa (o indirecta) la vida de los ciudadanos de esa parte de España, pero no hay más.

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La familia excluyente de la «Iglesia Oficial»

Si uno coge partes del discurso de Rouco Varela, presidente de la Conferencia Episcopal Española y arzobispo de Madrid, el otro día, el dicho durante la macro misa en Madrid (lo que hace tener apoyos en determinadas instancias políticas y administrativas), y no puede estar más de acuerdo, la importancia del amor en la creación de la familia y demás, pero luego él, Varela, llega a conclusiones imposibles e insostenibles. ¿Por qué determinada legislación «ataca» la «familia»? Incluso el concepto de familia que él tiene (o ellos, como prefieran) no puede ser único y exclusivo, porque dejaría de lado situaciones que se dan de forma totalmente natural (y el matrimonio no es, para nada, natural, sea dicho).

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Hernández, Barcala y los derechos de autor

No sé si se han enterado del caso de Miguel Hernández y el poemario para «homenajearle» en Orihuela (Alicante, Comunidad Valenciana), que tiene su aquel en un punto que no ha sido tratado en los medios. Se los resumo: El ayuntamiento de la localidad alicantina está preparando los homenajes para celebrar los cien años del nacimiento de Miguel Hernández, poeta que fallece en 1942 en una cárcel franquista, por rojo. Bien, dentro de los actos hay uno curioso, se presenta un poemario de Miguel Barcala Candel, «El Superior», que, usando la obra de Hernández, tira flores a la alcaldesa, a Esperanza Aguirre, y ataca a Rodríguez Zapatero, a Carrillo, y al comunismo (defendido por Hernández, gran homenaje, no cabe duda).

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Debate sobre los derechos de autor y la reforma

Interesante el debate dado en TVE en el programa de 59 Segundos el día 17 de diciembre de 2009 (por cierto, la web de RTVE tiene un interesante especial sobre Derechos de Autor). Estaban sentados en la mesa Ignacio Escolar (presentado como blogger y periodista), David Bravo (abogado especialista en todos estos temas), Enrique Urbizu (director de cine y presidente de la gestora de derechos DAMA), José Miguel Fernández Sastrón (consejero de la gestora de derechos SGAE), Lorenzo Silva Amador (conocido por su labor como escritor, y como tal fue al programa, es, además, licencia en Derecho) y Jesús Banegas (presidente de la patronal de empresas de telecomunicaciones, AETIC). Sigo pensando que el debate sobre la superficie (si sí o si no a una reforma concreta) sin entrar a dilucidar las bases (que se dejaron ver las diferencias) no tiene del todo sentido.

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Peces-Barba y una media verdad

«En el 31º aniversario del referéndum que el 6 de diciembre aprobó con gran mayoría de votos favorables, en todas las provincias, sin excepción, la vigente Constitución refrendada en acto solemne».

Gregorio Peces-Barba en ElPaís.com

Gregorio Peces-Barba celebró el día de su «hija» defendiéndola en El País, en un artículo titulado «La supremacía de la Constitución», publicado el pasado seis de diciembre, el día en que se celebró, en España, el 31er aniversario del referendo en el que el pueblo español aprobó la actual constitución, con la que se salió de una larga dictadura de 40 años llamada franquismo.

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