«El timo de la estampilla», se bautizó así, con un juego fácil de palabras, a una gran estafa mediante el esquema Ponzi realizada por Afinsa y Fórum Filatélico contra casi quinientas mil personas. En el 2006 la justicia española intervino ambas sociedades, acusando a sus responsables de varios delitos como estafa, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Los afectados demandaron a la Administración (a varios ministerios, y a la CNMV y la AT) por «dejar que pasara» al descuidar sus labores de inspección y control sobre el sector financiero, el Estado, por su parte, se defendía diciendo que la actividad no era financiera, sino puramente mercantil, la Audiencia Nacional ha dado la razón al Estado (pueden leer la sentencia en PDF acá).
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Aprovechando los atentados de ETA
ETA ha puesto un coche bomba frente a una casa-cuartel de la Guardia Civil en una zona residencial de Burgos, la explosión, como otras tantas veces, ha causado muchos desperfectos materiales pero ninguna víctima mortal, sí muchos heridos leves sobre todo por cortes con los cristales rotos por la onda expansiva de la detonación. Pues bien, según los comentaristas y los oyentes de la Cope (al menos a los que pusieron su llamada en las ondas), la culpa, además de ETA, es del gobierno por negociar con la banda y del juez del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, por permitir homenajes a etarras. Y un poco de Garzón, por, en su momento, no buscar por todos los medios la ilegalización total de ANV que finalmente entró en varios ayuntamientos en las últimas elecciones locales.
Era para un Jurado, no para la audiencia
Hace un tiempo, hablando con un amigo lego en Derecho, salió el tema del Tribunal del Jurado y cómo está en España. Le comenté, si mal no recuerdo, la resistencia existente en España para llevar los casos a dicho tribunal, y siempre que se pudiese, de la forma que sea, se intentaba por parte de muchos de los operadores llevar la competencia a otros juzgados o tribunales. El Tribunal Supremo ha dicho basta a esta práctica (no sé qué tan extendida está, yo no trabajo en ese ámbito, y las noticias que me llegan del mismo vienen desde subjetividades concretas) en una sentencia de anulación de la cárcel determinada para un criminal de esos que llenan las páginas de sucesos (en su momento fue un caso con harta atención mediática). El TS ha dicho que ese caso era competencia del Tribunal del Jurado y, por ello, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial.