Rajoy y el respeto por las reglas

Una de las cosas curiosas de la TDT es que te retransmiten en vivo y en directo algunos discursos enteros de políticos, que de otra forma solo verías en un resumen de 10 segundos en algún noticiario (es lo que tienen las horas muertas que con algo hay que llenar). Rajoy se puso a hablar de la legitimidad del TC para decidir sobre las leyes (algo que comparto), del necesario respeto a las reglas del juego (algo que es de suyo) para luego saltar que no se pueden cambiar ahora a los miembros del TC porque sería cambiar las reglas del juego. ¡No señor! Sería cumplir las reglas del juego, que el PP ha decidido bloquear (y está en su derecho, nadie le puede obligar a llegar a acuerdos), que no vengan a mentir y manipular diciendo que el cambio de los magistrados (la renovación del TC) sería deslegitimador y contrario a esas reglas, porque las reglas, desde la propia Constitución (art. 159.3), dicen que los miembros del tribunal tienen el cargo por nueve años (y ya los hay con 12), que no pueden repetir en el cargo de forma consecutiva (art. 16.4 de la LOTC), viven en funciones incumpliéndose una de las causas de cese (art. 23.1 Segundo de la LOTC) y hace tiempo que se debió producir una renovación (según el art. 17 de la LOTC) que no se ha producido. ¡Esas son las reglas! La renovación es necesaria, según las reglas. Hace más de 3 años que las mayorías en el TC tendrían que ser distintas, pero al PP no le da la gana de que se renueve el alto tribunal, porque perderían una mayoría heredada de cuando su poder era absoluto. Que haya un proceso en curso no es causa de no renovación, sino jamás se renovaría.

Por la tercera

No son pocas las veces que en esta bitácora recuerdo la experiencia republicana española, ya sea abordando las culturas que acompañaron a la brevísima primera república o la historia más que trágica y convulsa de la segunda, y también, por supuesto, me he plantado contra la monarquía española y solicitado, por qué no, la tercera república. Es14 de abril, ya entienden… En De Igual a Igual hemos publicado una serie de artículos sobre la II República, uno de ellos se titula «La Mujer en España. De la igualdad republicana a la sumisión franquista», y está hecho por tres amigas y compañeras (Marta Casado, Alexandra Nieto y Raquel Torres) y yo (para una asignatura de clase, y aprovechamos hoy para publicarlo). Es un poco, como dice el título, las condiciones de la mujer española en dos regímenes políticos totalmente antagónicos, máxime en el tema de género.

Mercado dual y contrato único

Tengo un serio problema con los modelos que usan los economistas para entender la realidad, y sé que cualquiera de ellos puede venir y darme una colleja por parecerme que simplifican todo de forma innecesaria y abrupta y justificarme, «científicamente» la bondad del modelo, el porqué se usan y cómo es casi imposible acercarnos a la realidad sin antes definir correctamente el mismo y usarlo junto con muchos otros. Todo eso lo entiendo, pero, a la hora de sacar conclusiones para el mundo real, el modelo siempre hará aguas desde su formulación. Algo así me pasa con el interesante artículo publicado por el Banco de España publicado en marzo dentro de su boletín económico, «Fluctuaciones del empleo en un mercado de trabajo con contratación dual» (archivo PDF, 109 KB) de James Costain, Juan F. Jimeno y Carlos Thomas.

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Cuando nos roban a todos

Absurdo el ponernos a hablar sobre determinadas expresiones usadas en el auto que ordena la prisión preventiva para el ex presidente de la Comunidad Autónoma Islas Baleares, supongo que producidas simplemente por el hartazgo de la tomadura de pelo ante determinadas evidencias documentales, cuando el caso no solo es grave, sino que es un perfecto compendio de malas prácticas administrativas (desde la clásica división, contra legen, de una obra en tres o cuatro para que su importe sea «menor» y no tener que pasar por concurso hasta los típicos pagos mediante peticiones de estudios a personas que NO pueden hacerlos y que, claro, no los hacen pero sí cobran, hasta las peores prácticas en la adjudicación y realización de obras), sumado todo con financiación ilegal de un partido político (y este calla y mantiene en puestos a imputados, el colmo de la sinvergüencería), o, por lo menos, con pruebas de malas prácticas electorales reconocidas (pagar en negro determinados servicios para no pasarse el límite máximo que imponen las subvenciones a gastos electorales -si no quieres tener límites, no aceptes subvenciones-), imperdonable que se pague con dinero público actos puramente partidistas (durante las elecciones)… En fin, me sumo a la recomendación: Lean el auto de medidas cautelares de naturaleza penal dadas en Mallorca a 30/03/2010 por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma de Mallorca en las Diligencias Previas Nº 2677/08, PDF.

Bipartidismo y LOREG

«En lo que afecta a intereses económicos o de poder y al reparto de la influencia electoral o mediática, su política [del PSOE-PP] es compartida.»
Gaspar Llamazares, diputado de IU

Dos años y poco de una comisión para revisar la legislación electoral, Izquierda Unida (IU) y Unión, Progreso y Democracia (UPyD) ponen toda la carne en el asador, esos dos partidos son los más perjudicados por la legislación vigente, los que peor relación de votos – escaños tienen en todo el hemiciclo, es lógico, son el tercer o cuarto partido en (casi) todos lados y las pequeñas circunscripciones (la mayoría), unidas al sistema de reparto (con menos efectos de los normalmente atribuidos) hacen que, a la postre, sean los que menos curules ocupen.

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Sindicatos de oficio y sindicatos de clase: De Perú a España y viceversa

El estallido de los conflictos laborales en las ONG peruanas ha puesto sobre la mesa, una vez más, la necesidad de que los trabajadores de dichas entidades se organicen y defiendan sus derechos laborales (que hay que empezar por casa, señores de oenegés), no es una necesidad nueva, claro, ya se ha intentado antes y se sigue intentando (pueden verlo en la bitácora del «Sindicato Nacional de Trabajadores en ONGs y afines»), solo que ahora (tal vez y por lo que veo y leo) existe más consciencia de su necesidad por parte de los trabajadores (hay cierta idea de «sacrificio» entre los trabajadores en favor de la causa de la ONG que, sin dudas, es encomiable, pero no debe mezclarse con el «que se salten la legislación laboral conmigo», que termina siendo lo que pasa).

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¡Cuánta mentira junta! El PP y el Derecho Penal

«La civilización no suprime la barbarie; la perfecciona.»
François Marie Arouet (Voltaire).

El fin constitucional de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad es la reinserción social y la reeducación del condenado (art. 25 de la carta magna), comencemos por ahí. Trillo, del Partido Popular (PP, ese partido que arropa y aúpa a presuntos corruptos), se desmelena y dice que el «buenismo correccionista» de la izquierda es una idea «decimonónica» hace que el Código Penal sea demasiado suave y no cumpla con el fin de disuadir a los delincuentes, por lo que está aumentando la delincuencia en España.

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Inmigrantes y burbuja inmobiliaria

Grandes afirmaciones requieren de grandes pruebas. Entiendo que, en un programa de radio durante una tertulia, sea difícil siquiera citar las pruebas que se tienen para realizar una de esas sentencias que llenarían titulares si un líder político las propinara. En «Días como Hoy», programa matinal de Radio Nacional de España, una de las tertulianas (que suele ir una vez a la semana, que está adscrita a la FAES), cuyo nombre no recuerdo, en medio intercambio de «y tú más» con un socialdemócrata sobre cuándo se originó la burbuja inmobiliaria en España soltó la perla doble (no es totalmente literal, no tengo tanta memoria): «el bum inmobiliario se dio por los pensionistas europeos que compraron pisos en España y por la política de Zapatero de «papeles para todos»». Toma ya.

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Pactismo y sindicatos, una historia antigua

Un momento de incertidumbre atenazaba los corazones españoles, Franco llevaba años muerto y los distintos grupos intentaban que sus tesis vencieran, desde las más conservadoras (una continuación «suave» de la dictadura) hasta las más progresistas (república popular) jugaban sus cartas sobre el tablero político, con mucha prudencia por parte de todos, por su lado, el recién nacido (como entidad separada del Sindicato Vertical, al que minó por dentro) CC.OO. junto con la re-legalizada UGT se juntaban con la patronal para sentar las bases del sistema socio-laboral, tesis antagónicas con el Estado aun franquista de mediador, crisis fuerte y destrucción de empleo a la vista, acá todos ceden, se dijo, unos aminoran la lucha por mejoras salariales y extrasalariales (para mejorar la «competitividad» de las empresas españolas, ¿les suena?) y garantizan cierta paz social, y los otros se comprometen a repartir menos beneficios y reinvertir más en sus empresas (reservas) para que o la destrucción de empleo no fuera tan fuerte o al menos el tejido empresarial no se cayera con empresas descapitalizadas, así como aceptan sin rechistar el naciente estado social (con los derechos hacia los trabajadores, sanidad, seguridad, etc.). Los primeros, los sindicatos, cumplieron a rajatabla (no les quedaba otra), los segundos no. Y así han sido todos los grandes pactos desde entonces, documentos llenos de buena voluntad, negociados, con derechos y deberes para los tres agentes sentados, pero donde solo a los trabajadores se nos supervisa y exige el cumplimiento de lo pactado. Mientras tanto, paz social. ¿Volverá a pasar?

¿Abaratar el despido sirve de algo?

Mariano Rajoy ha hablado, otra vez, para señalar el mercado laboral como el problema de la economía española. No, no busquen en el PSOE una respuesta contundente, desde hace unas semanas el gobierno mira dicho mercado con las gafas de la CEOE y está de acuerdo, faltan perfilar detalles, por eso CiU está más próximo al gobierno, CiU y su propuesta de indemnización de 20 días por año para los despidos improcedentes (la misma que para los procedentes no disciplinarios).

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¿Pacto? ¿Con qué propuestas?

Ayer fue un gran día para las redacciones, el «debate» (llamémoslo así) en el Congreso de los Diputados «enfrentó» al líder del principal partido de la oposición (no es «el líder de la oposición») y a quien ostenta el cargo de Presidente del Gobierno español, se supone que veríamos, por un lado, a un gobierno a la defensiva vendiéndonos la moto de los cambios o proyectos que ha puesto en marcha o piensa poner, mientras que el principal partido de la oposición, primero en la intención de voto actual, sacaría todas sus armas dialécticas para, por un lado, desmontar las tesis del gobierno, y por otro, proponer «sus» soluciones.

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Sin responsabilidad del Estado en caso Afinsa y Fórum

«El timo de la estampilla», se bautizó así, con un juego fácil de palabras, a una gran estafa mediante el esquema Ponzi realizada por Afinsa y Fórum Filatélico contra casi quinientas mil personas. En el 2006 la justicia española intervino ambas sociedades, acusando a sus responsables de varios delitos como estafa, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Los afectados demandaron a la Administración (a varios ministerios, y a la CNMV y la AT) por «dejar que pasara» al descuidar sus labores de inspección y control sobre el sector financiero, el Estado, por su parte, se defendía diciendo que la actividad no era financiera, sino puramente mercantil, la Audiencia Nacional ha dado la razón al Estado (pueden leer la sentencia en PDF acá).

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Modernizar el lenguaje jurídico

Dicen que, cuando no quieres que algo se haga (o mejor dicho, su actividad dure hasta el infinito sin llegar a puerto alguno), lo que haces es nombrar una comisión. Pues bien, el pasado 2 de febrero se publicó en el BOE la: «Resolución de 21 de enero de 2010, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 30 de diciembre de 2009, para constituir la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico». El fin es «la elaboración de un informe que analice la situación actual del lenguaje empleado por los profesionales del Derecho y que contenga recomendaciones. Asimismo, la Comisión impulsará las acciones que considere pertinentes para que el lenguaje jurídico sea más comprensible para la ciudadanía» y tienen 12 meses (desde su primera reunión) para presentar un informe… La Comisión está integrada por gente de peso, de mucho peso… ¡Suerte! La van a necesitar.

«¡En mi patio no!»

Triste espectáculo entorno al proyecto de construcción de un cementerio nuclear (llamado Almacén Temporal Centralizado de residuos, ATC), donde los pueblos pequeños se pelean por la inmundicia nuclear de toda España, como solución a su posible desaparición por despoblamiento, los políticos que ayer dijeron que sí a la construcción de ese almacén de residuos nucleares hoy dicen que «no en mi patio», por el motivo que sea, que se construyan, sí, pero lejos de sus intereses electorales.

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