Que no nos engañen, la ley que propone el ejecutivo busca, descaradamente, la impunidad de los efectivos de las fuerzas armadas y de la policía, lo que es peor, busca una impunidad «a dedo», que se someta a la pura discrecionalidad del gobierno. Peor imposible. Que sí, que el proyecto habla de que dicho informe, el que deben pedir los fiscales al gobierno antes de abrir un proceso, no es vinculante, pero es preceptivo, con ello ya se comienzan a poner trabas y alargar los plazos para que actúe la «justicia».
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Eliminados los beneficios penitenciarios para condenados por terrorismo
Cosas veredes… El poder ejecutivo, de la mano del inefable presidente del Consejo de Ministros, Velásquez Quesquén, presentó un proyecto de ley que pretende derogar el Decreto Legislativo Nº 927, que Regula la Ejecución Penal en Materia de Delitos de Terrorismo, dado el 19 de febrero del 2003, además de modificar la Ley Nº 28760, ley que modificó los artículos 147, 152 y 200 del Código Penal y el artículo 136 del Código de Procedimientos penales y pretenden, además, regular los beneficios penitenciarios en casos de sentenciados por delitos de secuestro y extorsión.
Sobre la Sentencia del TC sobre el uso de las FF.AA.
Muchas veces me pregunto si los responsables políticos han leído los documentos jurídicos de los que hablan o simplemente buscan ruido y enfrentar «poderes» del Estado (u órganos de control con los de decisión o ejecución) para hacer que la postura propia gane peso sin que tenga siquiera la razón. Esto lo digo por la reciente sentencia del pleno del Tribunal Constitucional (sobre el expediente Nº 00002-2008-PI/TC) que declara inconstitucional en una minúscula parte la ley Nº 29166, Ley que establece Reglas de Empleo de la Fuerza por parte del Personal de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, aprobada en diciembre del 2007 (PDF).
Irretroactividad de la ley penal no favorable
Lo mismo de siempre, causa un revuelo absoluto la salida de un terrorista y se promete inmediatamente poner remedio a la situación normalmente «garantizando» el cumplimiento íntegro de la pena y excluyendo de beneficios penitenciarios a todo condenado (sin atender al resto de circunstancias personales, por ejemplo, el arrepentimiento, o que ya haya pagado las reparaciones, etcétera). Es una historia vieja y con la que nos engañan (¡siempre!).
Las comunidades y el gobierno
Casi tres meses después de los enfrentamientos y la durísima represión en Bagua no se ha avanzado casi nada (al menos tras las derogatorias de algunos decretos legislativos), y dirigentes de la zona están más bien cansados de la inacción del gobierno (por no hablar de la negación de los sucesos) y ya avisan que el gobierno se puede enfrentar a nuevas movilizaciones. William Baldera, presidente de la Coordinadora Político Social de la provincia de Utcubamba (CPSU), declaró: «Indiferencia del Gobierno dará pie a nuevas protestas en la Amazonía».
Cambios ministeriales
¿Se acuerdan de Javier Velásquez Quesquén? Claro que sí, el inefable presidente del Congreso de la República. Pues bien, será él quien asuma la presidencia del Consejo de Ministros (esto es, será el nuevo Primer Ministro) en reemplazo de Yehude Simon (que tuvo a bien dimitar del cargo tras dejar «bombas de tiempo» regadas por toda la geografía nacional). Al menos esta designación es a dedo, porque la última, cuando Javier Velásquez Quesquén asumió la presidencia del Congreso hace un año, apestó por los pactos realizados para ganar una difícil votación, donde los arreglos fueron la forma preferida de politiqueo barato, favor por favor.