Que no nos engañen, la ley que propone el ejecutivo busca, descaradamente, la impunidad de los efectivos de las fuerzas armadas y de la policía, lo que es peor, busca una impunidad «a dedo», que se someta a la pura discrecionalidad del gobierno. Peor imposible. Que sí, que el proyecto habla de que dicho informe, el que deben pedir los fiscales al gobierno antes de abrir un proceso, no es vinculante, pero es preceptivo, con ello ya se comienzan a poner trabas y alargar los plazos para que actúe la «justicia».
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Eliminados los beneficios penitenciarios para condenados por terrorismo
Cosas veredes… El poder ejecutivo, de la mano del inefable presidente del Consejo de Ministros, Velásquez Quesquén, presentó un proyecto de ley que pretende derogar el Decreto Legislativo Nº 927, que Regula la Ejecución Penal en Materia de Delitos de Terrorismo, dado el 19 de febrero del 2003, además de modificar la Ley Nº 28760, ley que modificó los artículos 147, 152 y 200 del Código Penal y el artículo 136 del Código de Procedimientos penales y pretenden, además, regular los beneficios penitenciarios en casos de sentenciados por delitos de secuestro y extorsión.
Sobre la Sentencia del TC sobre el uso de las FF.AA.
Muchas veces me pregunto si los responsables políticos han leído los documentos jurídicos de los que hablan o simplemente buscan ruido y enfrentar «poderes» del Estado (u órganos de control con los de decisión o ejecución) para hacer que la postura propia gane peso sin que tenga siquiera la razón. Esto lo digo por la reciente sentencia del pleno del Tribunal Constitucional (sobre el expediente Nº 00002-2008-PI/TC) que declara inconstitucional en una minúscula parte la ley Nº 29166, Ley que establece Reglas de Empleo de la Fuerza por parte del Personal de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, aprobada en diciembre del 2007 (PDF).
Irretroactividad de la ley penal no favorable
Lo mismo de siempre, causa un revuelo absoluto la salida de un terrorista y se promete inmediatamente poner remedio a la situación normalmente «garantizando» el cumplimiento íntegro de la pena y excluyendo de beneficios penitenciarios a todo condenado (sin atender al resto de circunstancias personales, por ejemplo, el arrepentimiento, o que ya haya pagado las reparaciones, etcétera). Es una historia vieja y con la que nos engañan (¡siempre!).
Comentarios a la entrevista a Velásquez Quesquén
Hoy toca sacar todo mi antiaprismo a la palestra (no lo duden, lo soy) y es que acabo de terminar de leer una entrevista a Javier Velásquez Quesquén (por parte de Mariella Balbi), aquél que preside nuestro congreso y no debería, que el paso al lado debió darlo cuando juntó a dos tránsfugas para que arreglen sus problemas, que eran denuncias mutuas la mar de graves que no tenían que ser «arregladas» si no resueltas, y que se ha aupado a la presidencia de la mesa directiva por un pago tal vez demasiado alto (sentar a su derecha al médico de Fujimori y dar la comisión de acusaciones constitucionales a un fujimoristas, entre otros pagos en los que mejor no indagamos acá, que nos harían llorar y no es ni el sitio ni el lugar para ello).
La nueva directiva del Congreso
28 de Julio, día de la declaración de Independencia. Un buen momento, como cualquier otro, para revivir el último gran escándalo del Congreso: La elección de la lista oficialista «gracias» al pacto (ahora expreso, no cabe dudas) entre el APRA y Fujimori (con visitas ministeriales al reo para que los súbditos del mismo voten por la estrella) y la desmembración de lo que quedaba de la oposición. Como dice Ernestos Cárdenas, ciertos pactos apestan, y sin dudas, este ha sido uno de esos.