Cuando el TC vulnera derechos

El pasado 21 de agosto se publicó la Sentencia del Tribunal Constitucional nº 177/2015, de 22 de julio de 2015 (PDF y otros formatos). Una sentencia del pleno del intérprete de la Constitución que atendía a una reclamación por parte de dos condenados por quemar una fotografía del rey (injurias a la Corona) durante una manifestación antimonárquica e independentistas en 2007. Los manifestantes y condenados (a 15 meses de prisión sustituida por una multa de 30 meses a razón de tres euros el día) consideraron vulnerados dos derechos fundamentales: libertad ideológica (art. 16.1 de la Constitución) y la libertad de expresión (art. 20.1.a de la carta magna).

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¿Sin culturas democráticas?

«Pero desde su propia génesis resulta ilegítimo democráticamente hablando. No nos sirve.»
Víctor Alonso Rocafort en El Diario.

Les recomiendo la lectura del artículo de Rocafort, «Expertos, objetividad y odio a la democracia», publicado ayer. Sin querer descontextualizar la frase citada, creo que se equivoca en plantear esas «comisiones» como parte del problema. En realidad la cuestión no está tanto en quién o cómo se hace un borrador, sino en lo que se hace luego con él. Bien señala Rocafort a lo largo del texto enlazado varias de las cuestiones, el discurso que envuelve dichos proyectos, la falta de debate posterior (ahí hay que incidir) y, por supuesto, ese «odio a la democracia» que se ve en la propia estructura de toma de decisiones y en cómo las mismas se venden. El problema, en el fondo y como ya señala el autor, es que vivimos en una democracia formal donde el acto de votar agota la vida pública… acto que luego no sirve para nada (como vieron los griegos o italianos recientemente).

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Y así acabó la gran transformación

La gran transformación terminó, no la del país, sino la de Ollanta Humala. Al igual que el cambio responsable fue el sufrido por Alan García, siempre desde el punto de vista de la oligarquía económica peruana, la transformación de Humala fue pasar de criticar con dureza los escritos de García sobre «el perro del Hortelano» a abrazar todas sus coletillas, puntos y comas. Su transformación fue relativamente rápida, no requirió gran esfuerzo para desembarazarse de los elementos «críticos», al menos de aislarlos, y cuando los aisló a estos elementos no quedó otras que tomar la puerta…

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Hojas de vida, afiliación y otros en Perú

No saben cómo solucionar un problema estructural en nuestra política y se dedican a poner parches que, además, considero entre contraproducentes y directamente inconstitucionales. Hace ya tiempo hablé sobre el registro del padrón de afiliados de los partidos, que mantengo la duda sobre la constitucionalidad de dicha medida, mejor dicho, la consideré «inconstitucional». La noticia que inicia toda esta introducción: «Los candidatos ahora están obligados a informar sobre sentencias y militancia». Ojo, no «militancia» actual (muchos insignes apristas que copan puestos públicos no han militado oficialmente en el partido de la estrella), sino toda la militancia presente y pasada, y todas las sentencias condenatorias dolosas. Además, de paso, se dificulta la inscripción de partidos.

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De política y Política

No hay que «hacer política con este tema». Cámbiese «este tema» por cualquiera de especial magnitud, ya sea verdadera o falsa dicha «magnitud», pero que tenga un fuerte impacto en la «opinión pública». Hay que realizar «grandes pactos de Estado» en que termine primando «los intereses de los ciudadanos» sin que lleguemos a «politizar el asunto». Pactos, grandes, aunar fuerzas, todos remando hacia la misma dirección… Ejem, ¿qué dirección? ¿Cómo hemos llegado a definir esos «intereses de los ciudadanos»? ¿Por qué dicen «hacer política» cuando quieren decir «demagogia» o «politiqueo barato»?

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