No saben cómo solucionar un problema estructural en nuestra política y se dedican a poner parches que, además, considero entre contraproducentes y directamente inconstitucionales. Hace ya tiempo hablé sobre el registro del padrón de afiliados de los partidos, que mantengo la duda sobre la constitucionalidad de dicha medida, mejor dicho, la consideré «inconstitucional». La noticia que inicia toda esta introducción: «Los candidatos ahora están obligados a informar sobre sentencias y militancia». Ojo, no «militancia» actual (muchos insignes apristas que copan puestos públicos no han militado oficialmente en el partido de la estrella), sino toda la militancia presente y pasada, y todas las sentencias condenatorias dolosas. Además, de paso, se dificulta la inscripción de partidos.
Y dale con los partidos. Siguen buscando la forma de limitar las formaciones políticas, lo que por pura definición dificulta la participación de la ciudadanía en los partidos políticos y vuelve más endeble el sistema en general, haciéndolo dependiente de las estructuras ya creadas que están muy lejos de ser óptimas o siquiera predemocráticas, con lo que no tenemos más que basura para elegir. Se pasa del 1% de firmas sobre el padrón electoral al 3%, lo cual es, para cualquier organización naciente, totalmente inviable.
Si la norma que pedía el 1% no funciona para evitar impresentables en el Congreso (que los hay en TODOS los partidos políticos, incluso en algunos tan asentados en el Perú como el PPC y el APRA), ¿por qué dificultar la aparición de nuevas formaciones? Los partidos actuales están barriendo con competencia futura, lo cual va en detrimento de nuestros derechos políticos. (Claro que la norma entra en vigor tras las próximas elecciones, pero sigue siendo lo mismo.)
La otra reforma tiene que ver con los derechos fundamentales de las personas, no entiendo que se requiera como requisito legal el decir públicamente todas las militancias que la persona ha tenido, vulnera de lejos la necesidad (y obligación) de dar información sobre la afiliación política, máxime si se trata sobre afiliaciones pasadas. No tiene ningún sentido, no busca transparencia real, no ayuda en nada a nuestro sistema electoral, y no es bueno en un país macarthista como Perú.
El argumento, en general, es el mismo que para el registro del padrón de afiliados (así que léanse ese artículo), sumando a que toda persona tiene derecho a cambiar de ideología (siempre es bueno que expliquen el porqué de dicho cambio pero eso queda entre el candidato y sus seguidores), partido y demás, sin que se vea obligado a revelar esos cambios.
Sobre las sentencias dolosas, pues si hablamos de expedientes no cancelados, puede ser, finalmente son públicas, es algo que podría hacer directamente la ONPE o el JNE, sin ninguna necesidad de declaraciones juradas, si ya son antecedentes cancelados no se deberían hacer públicos (no tiene, otra vez, sentido, es alargar la pena impuesta).
Seguimos dando palos de ciego.
Concuerdo con todo lo que dices, especialmente con aquello de las sentencias por lo que pasó hace unos meses con la parlamentaria andina Elsa Malpartida. No sé si pasará en otros lados, pero en este país todo lo que sea chisme, raje y enlodamiento de un tercero es la comidilla del ciudadano de a pie. Aqui nos encanta fijarnos en los defectos de los demás y quejarnos hasta el hartazgo. Es tan sinvergüenza esa actitud que llega hasta la evidente contradicción, cuando la gente se queja un día de los policías coimeros, y al siguiente, está viendo de bajarle 10 lucas al tombo que lo pilló pasándose la luz roja.
P.S. ¿Cómo se mejora la calidad de gente que postula a cargos públicos, como al congreso?
Salud
Gracias por el comentario, Luciano. Y la pregunta del «PD» es la del millón, la respuesta rápida es «educación», pero sería incompleta sin lugar a dudas (solo con pensar en Suiza, su gobierno y los resultados de sus referendos uno se da cuenta que la «educación» no basta)…
Hasta luego ;)