El Partido Popular ha sido considerado responsable civil en un caso de corrupción local (bueno, en muchísimos casos, agrupados). Sus líderes salen en tromba para decir cosas tipo: son hechos del pasado (evidentemente), con Rajoy todo se paró (matizable, pero luego ya entro), estamos muy afectados por esto, algo que el partido no conocía (no es lo que pone la sentencia, pero como parte, recurrirán), son casos aislados, aunque sean muchos, son aislados (afecta a la propia estructura del partido), queda claro que el Partido como tal no participó, sino hubiese sido imputado (esto es falso, ya veremos por qué), la dirección nacional desconocía todo (lo que choca con la frase de «Rajoy acabó con todo cuando llegó a la dirección») y frases del estilo. Sí, «acatan» la sentencia, la cual recurrirán, y a la cual critican duramente porque les ha dado un palo.
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Doctrina Parot y desinformación
Hace unos meses, antes de la sentencia del TEDH, comenté que esperaba un fallo contra la doctrina Parot. Finalmente fue así, el gobierno lo recurrió y hace nada el TEDH ratificó su sentencia previa: adiós doctrina Parot. Sobre lo que es la interpretación jurisprudencial sobre el cálculo de la redención de pena que permitía aplicar las dificultades actuales a condenas pasadas -la llamada doctrina Parot- ya dije lo que tenía que decir en el artículo anterior (enlazado), sobre los efectos concretos de esta sentencia les recomiendo: «¿Quo vadis, Doctrina Parot?». Quiero fijarme en el amarillismo y alarmismo por algunos usado, y en la clara desinformación.
Espero que el TEDH falle contra la doctrina Parot
Inés del Río Prada apeló la aplicación de la doctrina Parot en todos los estamentos nacionales y, cuando sus intentos fracasaron, fue al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo (que no guarda relación alguna con la UE). Como siempre, cuando ETA o sus miembros o ex miembros están en la picota, los argumentos parecen irreconciliables. Como otras veces, los tertulianos hablan sin tener demasiada idea. En la tertulia matinal de Radio Nacional andaban defendiendo que el Tribunal Supremo hace una interpretación jurídica (dejando caer que Tribunal Constitucional y el TEDH no lo hacen) y, sobre todo, que no estamos ante la interpretación de una ley, sino de un beneficio penitenciario… Esto… ¿de dónde creen que salen las regulaciones penitenciarias? ¿El tema de los beneficios? Hay que tener en cuenta que todos los tribunales, aunque no sean parte del Poder Judicial como tal, realizan una interpretación legal. Y que si existe tanto el Constitucional como el TEDH es, entre otras cosas, porque tribunales como el Supremo también meten la pata.
Proyecto de modificación del Código Penal «La Parada»
La cosa se fue de madre y en La Parada un grupo de personas arremetieron contra la policía que intentaba desalojar el lugar,dejando una buena cantidad de heridos (y no solo entre los partícipes directos de la batalla campal), y muriendo dos personas (en contra de lo indicado inicialmente, los dos muertos corresponden a civiles), y estando en estado grave unos cuantos policías. Existe, claro, una «mafia» en La Parada, un ánimo de imponer una ley propia mediante la violencia, y existe, claro, una responsabilidad política, tras un día de «nadie sabe dónde está» finalmente Susana Villarán, la alcaldesa de Lima, dio un paso al frente para asumir el coste político de la operación fallida para «recuperar» La Parada del crimen que ahí campa a sus anchas.
¡Cuánta mentira junta! El PP y el Derecho Penal
«La civilización no suprime la barbarie; la perfecciona.»
François Marie Arouet (Voltaire).
El fin constitucional de las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad es la reinserción social y la reeducación del condenado (art. 25 de la carta magna), comencemos por ahí. Trillo, del Partido Popular (PP, ese partido que arropa y aúpa a presuntos corruptos), se desmelena y dice que el «buenismo correccionista» de la izquierda es una idea «decimonónica» hace que el Código Penal sea demasiado suave y no cumpla con el fin de disuadir a los delincuentes, por lo que está aumentando la delincuencia en España.
Italia, Berlusconi, impunidad y ley
Es interesante que una derecha que vive del discurso de endurecer las penas permita que tanta gente quede impune tan solo para poder blindar a su santo líder de casos de corrupción (y otros varios), es interesante, repito, que mientras criminalizan meras situaciones de irregularidad administrativa y a quienes les apoyan (como a los inmigrantes «sin papeles» y a quienes les asistan de buena fe) se haga lo imposible para que las autoridades actuales no paguen por sus crímenes. Es interesante, es de locos. Me gusta el titular de Público a una noticia repetida en todos los medios: «El ardid judicial de Berlusconi liberará a miles de imputados».
Era para un Jurado, no para la audiencia
Hace un tiempo, hablando con un amigo lego en Derecho, salió el tema del Tribunal del Jurado y cómo está en España. Le comenté, si mal no recuerdo, la resistencia existente en España para llevar los casos a dicho tribunal, y siempre que se pudiese, de la forma que sea, se intentaba por parte de muchos de los operadores llevar la competencia a otros juzgados o tribunales. El Tribunal Supremo ha dicho basta a esta práctica (no sé qué tan extendida está, yo no trabajo en ese ámbito, y las noticias que me llegan del mismo vienen desde subjetividades concretas) en una sentencia de anulación de la cárcel determinada para un criminal de esos que llenan las páginas de sucesos (en su momento fue un caso con harta atención mediática). El TS ha dicho que ese caso era competencia del Tribunal del Jurado y, por ello, anuló la sentencia de la Audiencia Provincial.
Castro Castro, una masacre que no debe olvidarse
[Publicado originalmente en De Igual a Igual]
Se vuelve hablar de este caso tras el fallo de interpretación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que aclara ciertos puntos de una sentencia bastante controvertida en que obliga al Estado a realizar un reconocimiento público de las víctimas de los ajusticiamientos y pagar indemnizaciones a las víctimas o sus familiares. En el imaginario de muchos peruanos los presos “se lo merecían”, en dicho imaginario, el Estado tiene la potestad de tratar como cosas a todos los reos por delitos especialmente graves, como son los de terrorismo. No importa, en dicho imaginario, que las personas ya estén siendo castigadas, y contra muchas de ellas no pesara condena firme, pues socialmente estaban más que condenadas, y políticamente claramente perseguidas tras el golpe de Estado que Fujimori propinó a la democracia para arrogarse el poder absoluto en el país. Así que viene bien recordar qué pasó en el Penal y cómo no fue la primera masacre en una de nuestras cárceles (así que ya existía un mal precedente de malos tratos a presos, asesinatos e impunidad de las autoridades que ordenaron dichas masacres).
Eso se hizo hace años
Es increíble el ruido mediático que se genera con algunos temas, desde hace ya bastante se vuelve a hablar del caso de De Juana Chaos, de si vivirá en la misma calle donde residen familiares de algunas de sus víctimas, de si se está dejando a un terrorista peligrosísimo suelto y hasta (en menos medios que la otra vez) de la responsabilidad del gobierno en todo este asunto y el necesario cambio legal. Cansino, es lo mismo que hace dos años, con el agravante, esta vez, de que De Juana sale de prisión tras cumplir su condena completa por amenazas ordinarias. Hace ya mucho que cumplió la de los asesinatos .
Agresiones sexuales a menores: Responder desde la razón
publicado originalmente en De Igual a Igual
Otra vez estamos frente al típico seudodebate en que se pide cadenas perpetuas, endurecimiento de las penas brutales, y otro tipo de medidas que salen más del corazón que de la cabeza, es entendible que nos pongamos en lugar de la víctimas, y que pidamos, realmente, venganza (ni justicia ni, por supuesto, un Derecho penal que se adapte correctamente al Estado Social y democrático de Derecho). En Perú vivimos este debate hace un tiempo (aún no cerrado, de vez en cuando Alan García decide retomarlo), siempre desde la perspectiva del horror que causan ciertos delitos. Así pues, en España se escucha «cadena perpetua para violadores y terroristas» (sí, se incluye como siempre el terror a una organización para avivar los términos de la petición).
Sale limpio
publicado originalmente en De Igual a Igual
Alejandro Toledo no será acusado constitucionalmente por haber aprobado el allanamiento del Estado a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la matanza del penal Castro Castro, allá en 1992. El ex ministro del gobierno toledista, Juan Sheput, aseguró que la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hace lo que debe hacer al no recomendar la acusación del ex presidente perúposibilista, en tanto que él sólo «cumplió la ley» al aprobar el allanamiento del Estado. Recordemos que el ex presidente, junto con dos de sus ministros (Marciano Rengifo y Alejandro Tudela), fueron denunciados por Javier Velásquez Quesquén (congresista aprista) que considera que no defendieron los intereses del Estado en este caso.