Sale limpio

publicado originalmente en De Igual a Igual

Alejandro Toledo no será acusado constitucionalmente por haber aprobado el allanamiento del Estado a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso de la matanza del penal Castro Castro, allá en 1992. El ex ministro del gobierno toledista, Juan Sheput, aseguró que la decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hace lo que debe hacer al no recomendar la acusación del ex presidente perúposibilista, en tanto que él sólo «cumplió la ley» al aprobar el allanamiento del Estado. Recordemos que el ex presidente, junto con dos de sus ministros (Marciano Rengifo y Alejandro Tudela), fueron denunciados por Javier Velásquez Quesquén (congresista aprista) que considera que no defendieron los intereses del Estado en este caso.

El ex Ministro de Trabajo declaró a El Comercio: «Desde un principio se supo que esa medida no solo era anticonstitucional, y no tenía sustento jurídico, en función de los compromisos internacionales que había firmado el Perú, y en función de lo que significa tener respeta a una tendencia como es el respeto a los derechos humanos».

Recordemos lo que fue la matanza en el penal Miguel Castro-Castro, donde, resumiendo, 42 internos «fueron ejecutados extrajudicialmente por agentes del Estado, durante una operación militarizada de traslado de internos realizada durante entre el 6 y el 9 de mayo de 1992. En la referida operación también resultaron heridos centenares de reclusos» (sumilla del punto 2.68 del capítulo 2 del Tomo VII del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación –pdf-). En el 2001 la Corte Interamericana de Derechos Humanos aceptó la denuncia por parte de Sabina Astete y la corte condenó al Perú. El Estado peruano se allanó al pago de las indemnizaciones fijadas por la corte durante el gobierno de Toledo. Por las obligaciones internacionales del Perú en relación a los derechos humanos y por la necesaria reparación a las víctimas de una de las tantas matanzas producidas dentro del fujimorismo (esta tras sólo un mes desde el golpe de Estado perpetrado por el ex presidente Fujimori donde desaparecieron todas las garantías de Derecho). El Estado Peruano tiene que comenzar a pagar sus deudas, a la par que debe continuar juzgando a los responsables de las violaciones de derechos humanos.

Últimamente se está intentando dar la idea de que el narcoterrorismo actual se debe a la «mano blanda» del gobierno de Toledo y las tesis de la necesidad de aplicación extrema de la fuerza y medidas contrarias a los derechos y libertades de las personas (como la de la lista de Alan) son necesarias para mantener la seguridad de los peruanos. Así mismo, hay que recordar la cantidad de debes que tiene el actual gobierno tiene sobre el compromiso con los Derechos Humanos, no sólo por su actuación presente, en la que apoyan incluso la pena de muerte, sino también por el gobierno de 1985 a 1990 en que se realizaron matanzas en penales, como la acaecida en El Frontón. El Estado debe ser el principal cumplidor de los derechos humanos y hacer lo posible para que el resto de agentes sociales no los violen.

En Perú se da la particularidad que es el Estado quien quiere un retroceso en los derechos humanos y que son los congresistas del oficialismo los que hacen todo lo posible por vulnerar las decisiones de las cortes internacionales en estas materias, a la par que se justifica la violación sistemática o casual de estos derechos en pro de mantener el statu quo, y se acusa y persigue a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) que busquen el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales en cuanto a los derechos tachándolas de ser responsables del atraso del Perú. En Perú se educa en contra de los derechos humanos.

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