Termina siendo más difícil pagar una multa que pasar una coima. Es el colmo, ni aunque les digas «ponme la papeleta» lo hacen, ellos no quieren cumplir con su deber (máxime cuando te detienen sin siquiera haber cometido falta alguna, pero bueno), quieren el sobresueldo llamado soborno, y encima no les podemos culpar. En Perú muchas veces es más difícil cumplir la ley que pagar para saltársela.
Categoría: Derecho
¿Colegios «diferencados» con concierto? A discreción de la Comunidad Autónoma
Existe un tira y afloja entre los centros educativos privados que tienen concierto con la administración y esta, en tanto que la primera se arroga todos los derechos (salvo, al menos en teoría, cobrar a los menores por su educación) y la segunda quiere «meter mano» en lo que la primera considera sus asuntos propios, pero, como dice el refrán, quien paga manda, y acá quien paga es la administración.
Una Unión decimonónica
Sesenta horas. Sesenta y cinco en casos particulares. La Unión Europea se ha vuelto decimonónica, y no me refiero a que la estructura que encarna sea anticuada ni mucho menos, lo digo en el sentido de que ha descubierto la máquina del tiempo y el Consejo ha decidido mandarnos al pasado a todos. Negociación directa Empresario – trabajador para ver si el último trabaja 60 horas a la semana. Sí, 60 a la semana.
Archivado proyecto en favor del voto voluntario
El proyecto para instaurar en Perú por fin el Voto Voluntario (o voto libre o voto facultativo) ha sido archivado con la mayoría de votos en la comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República con argumentos tan absurdos como que el voto voluntario «pondría en juego la legitimidad del sistema» o que la ciudadanía no está preparada para decidir si va a votar o no. ¿Cómo es posible que no estemos preparados para tomar la primera decisión en todo proceso electoral pero sí para elegir al que mandará?
De utilidades mineras y proyectos apristas
Juan Carlos Eguren Neuenschwander, de Unidad Nacional, adelantó a CNR Noticias que el proyecto de ley (01686/2007-CR) presentado por el grupo parlamentario aprista y apoyado por el gobierno de la nación pretende modificar el Decreto Legislativo Nº 892 (pdf), afectaría negativamente a los ingresos en inversiones viales en favor de las regiones. Eguren pone como ejemplo a Arequipa, que recibe 35 millones por «canon minero» mientras que por remanentes de utilidades recibe unos 135 millones. Quienes salen favorecidos por esta medida (de forma dispar), son los trabajadores del sector minero.
Con la Iglesia nos hemos topado
Es incorrecto decir que el Perú es un estado laico, puesto que encaja mejor con un Estado Confesional Cultural o Histórico, esto es, donde una confesión religiosa está reconocida, desde la propia constitución, como importante en la formación de la moral, historia y cultura patria, estando esta confesión por encima del resto (en este sentido entiendo el artículo 50 de la Constitución Política peruana de 1993, cuya redacción es calcada al artículo 86 de la ya extinta Constitución de 1979), incluso se habla del respeto del Estado por las «otras confesiones», lo cual las deja subordinadas a la Iglesia Católica y su relación especial con el Estado. Aunque la interpretación «oficial», cabe recordar, de ese precepto es la separación Iglesia – Estado. Una separación, matizo, bastante especial, donde la colaboración es una suerte de matrimonio indisoluble
Telma Ortiz abre el debate: Información y privacidad
Desde que existe la prensa rosa (o las secciones rosas) se da una fuerte coalición (y constante) entre la intimidad y el derecho de información (que no de libertad de expresión, son derechos distintos). Obvio que este enfrentamiento entre derechos siempre ha existido, cuando lo público y lo privado se mezclan en los medios de comunicación, pero digamos que la prensa rosa ha exagerado la confrontación entre los derechos, sobre todo porque ha elevado a la categoría de «información» lo que todos llamaríamos únicamente «acoso».
El [nuevo] abogado del diablo
Javier Maximiliano Alfredo Hipólito Valle Riestra Gonzáles Olaechea* es un personaje inefable de nuestra necia política. Y es aún más inexplicable, desde el discurso de su partido, que él sea miembro del Partido Aprista Peruano, y Congresista por dicha formación política. ¿Qué hace un fujimorista en el APRA? ¿Cómo volvió, por enésima vez, a ocupar un cargo público a sabiendas de lo que él significó en la etapa final del fujimorato más que corrupto? ¡Cuando él planeaba cómo saltarse la ley! Y ahora vemos cómo Valle Riestra se vuelve a poner la camiseta del ex presidente procesado por asesinatos y desapariciones forzosas, entre otros delitos, para ser el nuevo y reluciente abogado del destructor del Perú de los noventa.
Derecho al honor de las personas jurídicas, una aproximación
Sigo pensando que no es una cuestión pacífica, aunque bueno, los más entendidos en el tema han llegado a un punto bastante claro en favor al derecho al honor a las personas jurídicas (sólo hay que ver la jurisprudencia constitucional al respecto), al igual que se avanza en la penalización de la propia persona jurídica (mientras que muchos los penalistas ponen el grito en el cielo)… En muchos medios, cuando se habla de la vulneración del derecho al honor de tal o cual organismo u organización (típicos casos en que está metida la Corona o la SGAE) siempre alguien argumenta que las personas jurídicas no tienen derecho al honor, otros preguntan si eso es cierto. Hace ya mucho dejé un comentario en Barrapunto sobre el tema, que siendo una simple explicación (y siempre como aproximación) del tema puede resultar esclarecedor para algunos, así que paso a reproducirlo (no en su totalidad):
Perú y España en la lista negra de Estados Unidos
Si al final eso de entrar en listas negras no es tan malo, según qué cosas sean incluidas en la lista y el porqué. «Un informe gubernamental realizado por Estados Unidos afirma que no se protegen los derechos de propiedad intelectual» subtitulan en Público un interesante artículo firmado por Blanca Salvatierra sobre la recientemente actualizada lista de la Office of the United States Trade Representative (USTR por sus siglas en inglés, una agencia gubernamental que asesora a la presidencia del país sobre materias de comercio internacional) en que se incluye a España en la lista de «estados en vigilancia» (pdf) por su comportamiento al respecto de los derechos de autor (según la agencia, España no «lucha adecuadamente» contra el intercambio de obras protegidas mediante las redes P2P). Perú también está en la lista, aunque tiene un trato especial por el reciente tratado de libre comercio entre nuestro país y Estados Unidos.
Despedida por homosexual y nacionalista
publicado originalmente en De Igual a Igual
Porque estas cosas no pasan sólo en Perú, a veces creemos que nosotros somos los retrasados e intolerantes, pero no vemos que el retraso es, realmente, más general de lo que parece. Y es triste ver noticias como la presente, en que la cadena Cope despide a una trabajadora por segunda vez (sí, el primer despido fue declarado nulo) a una periodista por ser nacionalista y lesbiana (ambas cosas grandes pecados para la cadena de los obispos).
Modchips y la no-penalidad de su instalación
La palabra mágica es «en exclusiva». Ya desde hace un buen tiempo se sostiene que si un «modchip» permite «algo más» que el vulnerar la protección anticopia de los juegos originales ya no podemos considerarlo dentro del tipo penal del Artículo 270.3 del Código Penal (y el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Aranjuez se ha subido al carro de esta interpretación, de lo cual me alegro). Así pues, mientras el chip para la videoconsola también permita la ejecución de juegos originales de otras zonas (como pasa con los vídeos, sea dicho, un problema que íbamos a dejar de tener con el HD-DVD y que gracias a la victoria del Blu-Ray seguiremos teniendo) su instalación no puede ser considerada, por sí misma, como delictiva (habría que aportar «más» para cubrir una conducta tipificada, como que el propio taller de instalación de modchip venda juegos piratas que funcionen gracias a ese modchip).
Falsos voluntarios y datos personales
¿Qué pasa si un partido político incluye habitantes de una zona como candidatos a elecciones en otra circunscripción sin su consentimiento? Por lo pronto, sabemos que la Agencia Española de Protección de Datos (APD) puede iniciar un expediente sancionador contra dicho partido. ¿Por qué un partido haría esto? Se me ocurren muchas explicaciones, todas tienen que ver con la situación de un partido en una zona determinada, pero ninguna de ellas es causa suficiente para considerar excusable su conducta (a fin de cuentas, están pasando por encima de sus propios afiliados).
Agresiones sexuales a menores: Responder desde la razón
publicado originalmente en De Igual a Igual
Otra vez estamos frente al típico seudodebate en que se pide cadenas perpetuas, endurecimiento de las penas brutales, y otro tipo de medidas que salen más del corazón que de la cabeza, es entendible que nos pongamos en lugar de la víctimas, y que pidamos, realmente, venganza (ni justicia ni, por supuesto, un Derecho penal que se adapte correctamente al Estado Social y democrático de Derecho). En Perú vivimos este debate hace un tiempo (aún no cerrado, de vez en cuando Alan García decide retomarlo), siempre desde la perspectiva del horror que causan ciertos delitos. Así pues, en España se escucha «cadena perpetua para violadores y terroristas» (sí, se incluye como siempre el terror a una organización para avivar los términos de la petición).
Eutanasia, solución final
publicado originalmente en De Igual a Igual
La eutanasia es, básicamente, que una persona, por acción u omisión, acabe con la vida (o acelere su final) de un enfermo que está en las últimas para evitar su sufrimiento. Visto así, me resulta imposible posicionarme en contra de la eutanasia como concepto. La eutanasia, como saben, puede ser pasiva o activa. La pasiva no trae demasiados problemas y es comúnmente aceptada, es la activa la que trae, verdaderamente, problemas. Hasta ahora, casi todos los casos populares o que se estudian en la carrera responden a supuestos en que el paciente no puede, por su propia mano, suicidarse, así pues, el problema está en qué condiciones se deben dar para no considerar la actividad de matar como penalmente punible atendiendo a las circunstancias personales de quien desea morir y no puede, por sí mismo, acabar con su vida.