El estado trampea para no cumplir norma recién aprobada por él mismo

¿Qué es peor que un gobierno que contínuamente incumple lo que promete? Pues que cuando «lo cumple», mal, tarde y a rastras, evita cumplir con la normativa que acaba de aprobar. El 28 de Junio apareció en El Peruano el Decreto Legislativo 1057 el que Regula el régimen especial de contratación administrativa de Servicios, con el que en teoría se debía dar respuesta al fraude de ley que desarrollan las administraciones para no contratar personal laboral o aumentar los funcionarios.

Así pues, las personas contratadas bajo la modalidad de «locación de servicios no personales» (muchos técnicos cualificados y gran parte del personal de la administración viven bajo este régimen, siempre rozando la norma para que el pago del servicio prestado esté en el límite legal permitido para no sacar a concurso la locación de servicios, en tanto que ocultan servicios personales laborales) pasarían a esta modalidad de «contratos administrativos de servicio» (según la primera disposición complementaria final) que da ciertos derechos laborales (pago de ESSALUD, AFP, vacaciones -en muchos ministerios te puedes encontrar con gente que lleva años sin un día libre, y cuando les dan vacaciones, no son remuneradas en tanto que son periodos entre contrato y contrato, siempre con duraciones muy cortas y firmados con el tiempo vencido-, entre otros, como un límite máximo semanal acorde con la legislación laboral de 48 horas a la semana).

El Decreto Legislativo entró en vigor el 29 de Junio, a partir de ahí todos los contratos de la administración bajo la modalidad antigua debían pasar a ser contratos administrativos de servicio por ley sacada por el ejecutivo (esto es, es el ejecutivo quien se lo guisa y quien debe comerlo). Pero sabemos que en Perú, en cuanto se puede, la ley es vulnerada.

En De Igual a Igual se publica un artículo – denuncia de Francisco J. Rodríguez, bajo el título de «Hecha la ley, hecha la trampa» en que se narra cómo desde las instancias altas de la administración se ordenó que los contratos de «locación de servicios no personales» (normalmente renovados por un mes, dos, o como mucho tres) fueran renovados por seis meses y que la fecha de la firma de los mismos, en vez de ponerse a último día de Junio se consignaran como firmados el 27 de Junio, aunque se firmaran realmente luego (como suele pasar con los contratos con la administración, aparecen con fecha de hasta un mes atrás).

La administración que ha aprobado esta norma evita cumplirla durante, como poco, seis meses, en un claro fraude de ley (las cosas por su nombre). Lo triste es que no es una situación actual, se viene sufriendo desde hace tres lustros como mínimo (por tanto, con tres gobiernos distintos), el Estado contrata saltándose o trucando su propia legislación, hace imposible que las instituciones del Perú se profesionalicen de verdad, que se quieran quedar los más válidos, puesto que trabajar para el Estado es sufrir el abuso constante por parte del mismo.

Sin más, les recomiendo el artículo de Francisco en De Igual a Igual.

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