En los últimos años en España (como en otras partes del mundo) se han ido endureciendo las normas para prevenir, perseguir y castigar el blanqueo de capitales. A la par varios de estos países han decidido, en distintos momentos, realizar amnistías fiscales (con todo lo que ello supone) con el fin de «sacar a relucir» dinero «oculto» y cobrar por el mismo un mínimo (y con la esperanza de que el sujeto se mantenga pagando sus impuestos en situación regular a partir de ahí). Esta contradicción (quiero luchar contra el fraude, incentivo el fraude) llega a su punto más alto cuando se le suma la política de «no preguntar» el origen del dinero a regularizar cuando viene en metálico, y valdrá con una declaración jurada para indicar la fecha en que se ha obtenido la cuantía (con lo que tiene, en realidad, menos trabas que el dinero depositado en una cuenta en un paraíso fiscal). Se abre las puertas para el blanqueo de capitales en sentido estricto. Lógicamente los «grandes» no se sumarán, pero varios chicos/medianos le puede venir bien para regularizar cantidades nada despreciables (si se espera ingresar más de dos mil millones, es que estiman que aflorará más de veinte mil millones). A todo esto, ¿es competencia desleal del gobierno contra los muleros y expertos en blanqueo de capitales? Porque un 10% es una cuantía irrisoria al lado de lo que cuesta el lavado de plata, ¡están tirando los precios del mercado (negro)! (Espero e imagino que los de la «Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias» estén al menos tan indignados y molestos como los inspectores de Hacienda.)
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¡Claro que buscan impunidad!
Que no nos engañen, la ley que propone el ejecutivo busca, descaradamente, la impunidad de los efectivos de las fuerzas armadas y de la policía, lo que es peor, busca una impunidad «a dedo», que se someta a la pura discrecionalidad del gobierno. Peor imposible. Que sí, que el proyecto habla de que dicho informe, el que deben pedir los fiscales al gobierno antes de abrir un proceso, no es vinculante, pero es preceptivo, con ello ya se comienzan a poner trabas y alargar los plazos para que actúe la «justicia».
De impuestos y burradas
¿¡Qué demonios piensa hacer este gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el tema fiscal!? ¿¡Por qué los anuncios los hace, a veces a título personal, a veces como ministro, el titular de Fomento y no la de Economía y Hacienda!? ¿Nos lanzan globos sondas para ver cómo reacciona la ciudadanía? ¿Saben de qué va el tema? ¿Saben que se supone que son socialdemócratas y aplicar una política fiscal liberal no les deja bien parados ni siquiera dentro de la Tercera Vía? ¿Saben que están haciendo mucho más daño con esas declaraciones de ida y vuelta y esa indecisión al elegir a los socios parlamentarios que si cogieran al toro por los cuernos, ya sea para subir, bajar o mantener los impuestos tal como están?
Amnistía fiscal en Italia
«En Italia, tras su aprobación, un periodista preguntó en rueda de prensa al ministro de Economía si la amnistía a los delincuentes fiscales era coherente con las promesas de capitalismo ético. El ministro, creyendo cerrado el micrófono, le llamó “gilipollas”. Y es que hay que ser gilipollas, eh.» (Isaac Rosa resumiendo la situación.)
¿Cómo luchar contra el altísimo fraude fiscal mediante la fuga de capitales hacia paraísos fiscales? ¡Perdonando el fraude a Hacienda! ¿Que puede ser delito? Pelillos a la mar, una pequeña multa y un tipo fiscal privilegiado. Esto es: Que vuelva la plata, que la trataremos como en un paraíso fiscal.
Con la Iglesia nos hemos topado
Es incorrecto decir que el Perú es un estado laico, puesto que encaja mejor con un Estado Confesional Cultural o Histórico, esto es, donde una confesión religiosa está reconocida, desde la propia constitución, como importante en la formación de la moral, historia y cultura patria, estando esta confesión por encima del resto (en este sentido entiendo el artículo 50 de la Constitución Política peruana de 1993, cuya redacción es calcada al artículo 86 de la ya extinta Constitución de 1979), incluso se habla del respeto del Estado por las «otras confesiones», lo cual las deja subordinadas a la Iglesia Católica y su relación especial con el Estado. Aunque la interpretación «oficial», cabe recordar, de ese precepto es la separación Iglesia – Estado. Una separación, matizo, bastante especial, donde la colaboración es una suerte de matrimonio indisoluble