Mi estimado congresista adoptado, Jorge Alfonso Alejandro Del Castillo Gálvez, cada vez se mete más en el fregado de los Petroaudios, a la par que el partido de la estrella, también conocido como APRA, se divide entre sus defensores y detractores (que le atacan incluso con más ahínco que la inexistente, a ratos, oposición), y que humalistas hayan olido sangre y decidan lanzarse contra la presa (y esta vez, con toda la razón del mundo y un poco más).
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Crisis ministerial
[[Publicado originalmente en De Igual a Igual]]
El gabinete en pleno presentó su renuncia ante la avalancha de acusaciones y la inminente censura por parte de la práctica totalidad de las bancadas del legislativo, dispuestas a votar en común para echar a Jorge del Castillo por sus posibles implicaciones en el macro caso de corrupción relacionado con unas concesiones petroleras donde militantes del APRA en distintos puestos gubernamentales están fuertemente implicados e implicaban a unos cuantos ministros, entre ellos al propio Primer Ministro. Alan García ha aceptado la renuncia en pleno del gabinete, aunque no reemplazará a todos los ministros.
Adopta un Congresista: La respuesta y contrarrespuestas
No son pocos los que han recibido ya respuesta escrita del Congreso (rubricada por el Director General de Administración del Congreso, Víctor Guerrero de los Ríos)*, y aunque la misma sea negativa (y más adelante analizaré) creo que sí es sano que el Congreso se digne a contestar a los ciudadanos que hacen valer sus derechos (luego vuelvo sobre esta cuestión), cierto es que en gran medida se debe a la presencia mediática de la campaña y que al parecer, salvo honrosas excepciones, el ánimo pasa más por «ocultar» que por «dar».
Carta de adopción y duda legal
Continuo con el tema de la entrada anterior: La adopción de Congresistas con el fin ciudadano de fiscalizar sus gastos operativos. Campaña impulsada y «ordenada» por El Paki. Esto, que nadie se asuste, no es una campaña ni de acoso al Congreso o congresistas determinados ni una caza de brujas general (aunque todos tenemos nuestras filias y fobias, esto es, una razón para adoptar a un congresista determinado) y espero que todos los papeles estén «limpios» (sumaría puntos de credibilidad a la institución en la que hay más representación de los peruanos en términos, al menos, teóricos). Más bien, primero espero que contesten.
Del Castillo dice que nanay de publicar derogatoria
Del Castillo ya avisa: La derogatoria de los decretos legislativos no será promulgada. El ejecutivo usará su prerrogativa magna de vetar leyes y devolverá lo aprobado al Congreso. Esta es una de las cosas que no me gustan del sistema presidencialista, darle el poder de contradecir de frontalmente al Congreso. Ahora bien, si ninguno de los congresistas es comprado lo lógico es que el Congreso levante el veto presidencial y mande la promulgación en El Peruano de la derogatoria de los Decretos Legislativos 1015 y 1073.
¿APRA contra fujimorismo o Del Castillo contra todos?
«¿Se han distanciado realmente fujimoristas y apristas o estamos solo ante un problema particular con Del Castillo?» pregunta Carlos Basombrío en su columna de hoy en Perú21. Se habla de divorcio de las dos bancadas (que se supone no andaban juntas, pero parece que la noche les confunde y ya se sabe, en tiempos de guerra…) tras la bronca del pasado día entre Jorge del Castillo y la bancada fujimorista a raíz de las preguntas al Primer Ministro por la «vladipublicidad» contratada por el APRA con, posiblemente, fondos públicos (aunque Del Castillo había ido a la comisión para hablar sobre el tema de Moquegua, pero los fujimoristas sacaron lo de la publicidad y el pago extraño).
De Interpelaciones y apristas
Publicado originalmente en De Igual a Igual
La interpelación es el llamado por parte de nuestros congresistas a miembros del gobierno para discutir sobre una materia dada, no necesariamente es para «pedir explicaciones», pero su uso normal se ciñe a esa función. Es una de las herramientas de control político que tiene el parlamento sobre el gobierno, y es útil, entre otras cosas, porque obliga al miembro del gobierno interpelado a acudir al Congreso (artículo 131 de la Constitución Política de Perú, en relación con los artículos 64.b y 83 del Texto Único Ordenado del Reglamento del Congreso).