La ultraderecha entrará en el gobierno de Castilla y León

Sangre verde sobre la bandera de Castilla y León

Cuando se supo los resultados electorales, parecía claro que ocurriría lo que finalmente ha pasado: el Partido Popular ha pactado con Vox un gobierno bipartidista. Además, la cámara autonómica estará controlado por el partido de extrema derecha. Mañueco volverá a ser presidente de Castilla y León, otra vez con vicepresidente de otro partido pero la novedad es la entrada de la ultraderecha en un gobierno autonómico. La fuerza de Vox se la han dado las urnas, eso no lo niego, pero tampoco significa tener que aceptar pulpo como animal de compañía.

El Partido Popular insiste en que esto dotará de estabilidad a la comunidad. De hecho, pusieron como «inicio» de la inestabilidad una moción de censura por el entonces partido más votado (PSOE) que no salió adelante… pero la inestabilidad no la trajo el PSOE (principal partido de la oposición) ni tampoco Ciudadanos (partido que es responsable de otros males, pero no de este), sino el propio Partido Popular en su OPA a Ciudadanos (lo de Madrid como mejor ejemplo) que, además, fue el partido que decidió adelantar las elecciones. Las adelantó con la intención de conseguir una mayoría absoluta o, al menos, una mayoría más que suficiente (como Madrid) y lo que obtuvieron fue una victoria pírrica (ojo: sí han pasado de segundo a primer partido y sí han aumentado en escaños, pero lo han hecho perdiendo votos, las dos cosas «positivas» las tiene por la caída del PSOE, no por sus propios méritos) y la dependencia total de otra formación, igual que en las elecciones pasadas.

Se quejan de que el PSOE «impedía que gobernara la lista más votada» (qué sinvergüenzas apelar a algo que durante tres años ellos no permitieron) y que había sido imposible negociar nada con el partido que gobierna en España. La verdad es que esa «gran coalición» se veía difícil, no solo porque el PP es el principal partido de la oposición en las Cortes estatales, sino porque cualquier pacto del PSOE con el PP pasaban por una «limpieza» en un PP acusado de financiación ilegal. Acá es importante recordar cómo Fernández Mañueco está donde está*. El Partido Popular de la región está incurso en otro problemas con la justicia, que resultan difíciles como para mirar para otro lado (de hecho, algunos de estos problemas ya se encontraban cuando Ciudadanos firmó con el PP y había ciertos compromisos de investigación y transparencia que no se han cumplido).

En fin, el PP dice que el PSOE bloqueó toda posibilidad de debate, pero también manifestaron que se levantaron de la mesa en cuanto el PSOE quiso tocar el tema de la corrupción (de forma airosa e indignada, claro). Tal vez, y solo tal vez, era un bloqueo desde el PP, que al PSOE le iba a cobrar más caro su apoyo (sí, en vez de ser al revés). Las miradas del PP ya estaban en Vox (partido de derechas con el que ya sumarían la mayoría absoluta; partido que, aunque les toca un poco la moral, consiguen mantenerse en gobiernos acá y allá y con el que están cómodos pactando).

En todo caso, las condiciones de los filofascistas de Vox eran claras: querían al menos lo mismo que tuvo Ciudadanos: gobernar Las Cortes autonómicas, la viceprensidencia de la Junta y unas cuantas carteras. Además de que algunos elementos de su programa se incorporaran al gobierno de Mañueco, claro. Pero en esos elementos estaba lo que se negociaría, lo otro era firme. Y así fue, finalmente, sobre la bocina (como se hacen estos pactos), el PP apoyó al candidato de Vox para presidir las Cortes de Castilla y León a la par que anunciaba el acuerdo alcanzado (vicepresidencia y tres consejerías, sin definir en ese momento, además de ciertos puntos programáticos de importancia).

El Partido Popular, que tan defensor se quiere hacer pasar en determinadas causas, les ha dado la espalda para pactar con Vox medidas que son justamente lo contrario a lo que en teoría defendían, medidas que atentan, en algunos casos, contra los derechos humanos. Parece que esos ámbitos en realidad no importaban, si se prioriza que Fernández Mañueco siga en la presidencia a la defensa de esas causas o cuestiones.

Algunas de las cuestiones de este pacto son mera propaganda, en tanto que las competencias son del Estado y el gobierno autonómico solo se compromete a «exigírselo». El PP las firma, además de porque están al menos tangencialmente de acuerdo, porque saben que no tendrá trascendencia en el propio gobierno autonómico. Pero la propaganda importa, los discursos de odio calan y generan actitudes de odio, máxime cuando son promovidos desde los ámbitos de poder.

Vox es un partido machista, clasista, racista, xenófobo, homófobo e islamófobo, que por fuera de las instituciones ya está causando daño, dentro de las mismas será peor.

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*El PP está incurso en un procedimiento por posible financiación ilegal del partido en Salamanca (la cuna y el principal apoyo de Fernández Mañueco) dentro de las primarias del partido. Primarias que Fernández Mañueco ganó con bastante diferencia. Aún así, no parecieron unas primaras limpias y se dio en Salamanca el extraño caso de cuotas abonadas por otras personas; personas que, además, no saben a quién le pagaron la cuota. Desde el PP esto se ha intentado «vender» como una forma en que la militancia del partido permitió que más gente tuviera derecho a voto, pero esta idea suena, cuanto menos, extraña y parece una forma poco transparente de financiar el partido (cuotas y donaciones no son lo mismo; las donaciones finalistas en los partidos, además, están prohibidas). En Salamanca, Fernández Mañueco (en ese momento, alcalde de la ciudad) obtuvo el 98,1 % de los votos. Además, en esa provincia votó más gente que en otras (con mucha diferencia, y tuvo un número similar a Valladolid, teniendo sensiblemente menos población). ¿Por qué? Porque en Salamanca se pagaron una gran cantidad de cuotas atrasadas con lo que mucha gente recuperó su puesto en el censo electoral. El proceso de estos pagos se produjo desde el propio entorno de Fernández Mañueco (hasta él mismo aparece como aportante), dinero pagado en general en metálico directamente al partido, sin que conste que quien aportaba supiera la cuota de quién estaba cubriendo (esto último es importante; el PP insiste en que esto no es delito en tanto que es «gestión de negocio ajeno», pero para gestionar algo de otra persona, debes conocer qué persona es), más bien, en la mayoría de casos son cantidades «redondas» que parecen más donaciones al partido. Parece poco transparente cómo la regularización del censo electoral en el territorio de una de las personas candidatas supuso un aumento considerable de los votos y que, además, se intuye que la gran mayoría de las personas beneficiadas por estos pagos de sus deudas votaran por FM (lo dicen los números, el 98 % de quienes votaron en Salamanca lo hicieron por FM). (Esas primarias también demostraron lo infladas que suelen estar las listas de afiliación de los partidos; si tienes más de 55 mil inscritos pero solo tienen derecho a voto algo menos de 7 mil -entre otras cosas, porque se exigía un acto concreto de registro pero también el estar al corriente de las cuotas-, el resto es número por el número).

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