Han pasado muchos años (tal vez demasiados) y el Estado sigue jugando a tapar toda su porquería y usar, para ello, la demagogia, la represión y, por supuesto, la victimización. La operación «Chavín de Huántar» fue un éxito y quien cuestione alguna coma de la realidad oficial es un proterruco. Esa es y ha sido la postura del Estado peruano en todo este tiempo y de cuándo en cuándo sale la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordando que con los Derechos Humanos no se juega y que, por más terroristas despreciables que sean quienes tomaron la casa del embajador japonés y a todos esos rehenes, las ejecuciones extrajudiciales se deben investigar.
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A vueltas con el caso de Chavín de Huántar
La Comisión de la Verdad y Reconciliación considera que la Operación de Rescate de los rehenes de la embajada japonesa, capturada por un comando del MRTA durante más de cuatro meses (desde el 17 de diciembre de 1996 hasta el 22 de abril de 1997), fue una acción valerosa de las Fuerzas Armadas cuyos integrantes arriesgaron sus vidas y cumplieron con su deber al enfrentar exitosamente una situación compleja para el país. Además de este reconocimiento explícito a las Fuerzas Armadas, la CVR admite también que existen suficientes elementos para presumir razonablemente que durante el operativo de rescate se habrían incurrido en actos en hechos violatorios a los derechos humanos. Por eso resulta imprescindible una investigación, con imparcialidad e independencia, a fin de determinar las responsabilidades del caso. [Tomo VII, capítulo 2, punto 66, «Las ejecuciones extrajudiciales en la residencia del embajador de Japón (1997)» del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, PDF, ZIP]
El caso de las ejecuciones extrajudiciales tras la liberación de la residencia del embajador de Japón mediante la operación «Chavín de Huántar» sigue coleando. La historia más o menos todos la conocen, y sino mejor lean el punto enlazado del IFCVR, y también, en esta bitácora, las siguientes entradas: «Operación Chavín de Huántar: comandos responsables» y «Fujimori mandó matar a los emerretistas». El tema vuelve a estar de moda por dos informes periciales encargados por el Ministerio de Defensa que servirán en un proceso contra una serie de personas, entre ellas Montesinos, y para la defensa judicial del Estado ante la CIDH.
Y los echaron…
«Ejecutivo retira a 64 ONG del Consejo Nacional de DD.HH.» titula El Comercio una inquietante nota en que se cubre el Decreto Supremo 008-2008-JUS, publicado en El Peruano el 27 de Abril, por el cual el ejecutivo nacional realiza la táctica de la «patada en el trasero» a quien se le ponga en frente, y expulsa del Consejo Nacional de Derechos Humanos a 64 organizaciones, entre las que se encuentra APRODEH, muy cuestionada mediáticamente por el tema del MRTA y el Parlamento Europeo. Esta expulsión de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos se realiza mediante una triquiñuela legal al considerar, el ejecutivo, que la misma no cumplía con la legalidad del tratamiento de información sobre la cual la Coordinadora no se obligaba a guardar secreto cuando sí debía hacerlo (según los considerandos del DS 008-2008-JUS según legislación de hace cinco años, que recién ahora ejecutan).
Fujimori mandó matar a los emerretistas
El día en que se inició el jucio al ex mandatario peruano Alberto Fujimori se destapa un documento de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés), con fecha del 10 de Junio de 1997, en que se afirma que «el presidente Fujimori ordenó que no se tomaran prisioneros (…) por esta razón, aun los miembros del MRTA que fueron capturados vivos no sobrevivieron a la operación de rescate» (el subrayado y el enlace son míos). Ni más ni menos, una orden de la vieja escuela, «no quiero supervivientes», y eso se realiza con una ejecución extrajudicial, llámese como se llame.
Grupo Colina: Terrorismo de Estado
Siempre se habla de «Grupo Colina», hay quienes los mencionan como paramilitares y otras personas defienden lo realizado por este grupo porque, a fin de cuentas, nos dicen, buscaban el orden en una época de caos (un «el fin justifica los medios y lo que yo digo que es correcto lo es y punto»), pero: ¿Qué fue el Grupo Colina? Por un lado, podemos decir que no eran paramilitares, en tanto que estaban dentro del sistema de Inteligencia Militar del Estado, por otro, sabemos que eran los ejecutores (uno de los grupos de este cariz) de la guerra sucia planteada por el Estado a los movimientos subversivos del país.