Es difícil que, en una encuesta, ante una pregunta tipo «[e]l gobierno ha aprobado un DL donde se permite a la policía acceder a la geolocalización de teléfonos celulares o dispositivos móviles de personas para fines de lucha contra la delincuencia. […] ¿esta ley es necesaria para reducir o no es necesaria para reducir los delitos de extorsión?» la gente conteste «no», salvo que la información que tenga sobre la ley sea amplia y valore la norma como negativa. ¿Quién se puede negar a una ley que puede ayudar a la policía? Dicho así, sin más, es digno de apoyar. Falta matizar mucho la pregunta para concretar mejor la respuesta. Ah, mencionan el «DL» que aprobó el gobierno, que, como todo mundo sabe, hemos leído todos. Es que, amigo, en el contenido de una pregunta se halla, en gran medida, la respuesta puede variar. ¿Si la misma pregunta incluyera la expresión «sin orden judicial» modificaría la respuesta? ¿Y si se pusiera como alternativa a la medida del gobierno el que para acceder a esa información se tenga que pedir una orden judicial -lo que, por otro lado, ya existe- la misma cantidad de gente -79%- apoyaría la actual reforma? ¿Por qué la pregunta se enfoca en un tipo de delito?
Etiqueta: decreto legislativo
A vueltas con el Régimen de Servicio Civil
Cuando se declaró transitorio el CAS hace algo más de un año (Ley Nº 29849, que establece la eliminación progresiva del Régimen Especial del Decreto Legislativo 1057 y otorga derechos laborales, PDF; por acá hablé de ella) quedó pendiente la creación del «Servicio Civil» en la administración. Pasó el tiempo, la eliminación progresiva del CAS comenzó el primer día del 2013 y no había aún un proyecto sobre la mesa. Deprisa y corriendo el gobierno terminó planteando uno a los pocos días de empezar el año (Proyecto de Ley 01846/2012-PE, del Servicio Civil, expediente), se mandó el texto a las comisiones pertinentes…
PNP: Reglamento homófobo
Hace unos días en Perú estalló la polémica tras la aprobación por el ejecutivo de Ollanta Humala el Decreto Legislativo nº 1150, que regula el régimen disciplinario de la Policía Nacional del Perú (PDF del cuadernillo de normas legales de El Peruano, corrección de errores publicada el 14 de diciembre). ¿Por qué la polémica? Porque contiene normas homófobas. Con la máxima sanción posible (pase al retiro del policía) se sancionan las «relaciones entre personas del mismo género» cuando causen «escándalo o menoscaben la imagen institucional» (está el tipo entre las infracciones muy graves contra la institución), al mismo nivel que pertenecer a . Ojo con la conjunción «o», porque en este caso parece disyuntiva (se podrá sancionar tanto por un escándalo, aunque no «menoscaben la imagen» como por menoscabar la imagen -a entender del que aplica la sanción- sin que medie escándalo). Pero no solo es una norma contraria a la libertad e identidad sexual de los homosexuales, sino fuertemente conservadora en general, y reaccionaria en particular, por ejemplo sanciona las relaciones extramatrimoniales entre los agentes de la PNP («que causen escándalo o menoscaben…»), teniendo mayor castigo que maltratar a la pareja o padre o hijo. La norma, además, coarta la libertad de expresión de los miembros del PNP (se prohíbe «difundir ideas» que vayan contra la «cohesión institucional», siendo muy grave). Y se repiten los vicios del reglamento de 2009 que este presidente prometió corregir.
El camino del fin de los CAS
El régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios (CAS), aprobado por Decreto Legislativo 1057 en el 2008, va rumbo a ser extirpado de nuestro sistema jurídico tras la aprobación por el pleno del texto trabajado en el Congreso (noticia en El Comercio, expediente del Congreso), pero aun no cantemos victoria. Lo positivo es: Se declara que el régimen laboral especial del DLeg nº 1057 es transitorio y se dan determinados derechos laborales (se intenta igualar a los CAS al resto de personal laboral), lo cual ya es todo un avance.
Derogados los Decretos Legislativos números 1090 y 1064
Tras los hechos en Bagua, el gobierno acepta la derogatoria de los decretos legislativos números 1090 y 1064, el Congreso hoy ha dado visto bueno a las mismas y ha aprobado por mayoría bastante abultada la dichosa derogatoria que para conseguirla se ha vertido demasiada sangre. Cinco propuestas de derogatoria se presentaron desde la aprobación de los mismos (PNP y AP los presentaron), así como politiqueos del grupo aprista aplaudidos por UN y fujimorismo para que no se aprobaran las derogatorias. Finalmente el ejecutivo presentó una propuesta de derogatoria tras el acuerdo con los protestantes amazónicos… Demasiada sangre llegó al río por algo que bien hecho no debió ni pasar.
El Presidente miente
Ha explotado el conflicto de la forma más amarga posible: Enfrentamientos directos entre los manifestantes y la policía que se salda con, al menos, treinta muertos, unos veinte por parte de los manifestantes y unos diez por parte de la policía. Sobre estos hechos pueden leer: «Explotó: Enfrentamientos en Bagua entre nativos y policía» (en De Igual a Igual, compendio de noticias aparecidas en CNR), «Tensión en Bagua» (Desde el Tercer Piso), «Reventó la selva» (Útero de Marita) y el Álbum de fotos de los enfrentamientos de Enlace Nacional. No me voy a ocupar, al menos de momento, del conflicto directo, ya que es mejor que sea abordado por los cronistas allá apostados, voy a comentar brevemente una gran mentira del presidente Alan García.
APRA consigue retrasar la derogatoria del DLeg Nº 1090
La bancada aprista consiguió que el pleno del Congreso de la República del Perú aprobara una cuestión previa que ha suspendido la sesión derogatoria del Decreto Legislativo Nº 1090, que aprobó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que ha ocasionado una larguísima protesta en la selva del país. Tanto la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reivindican, entre otras cuestiones, la inmediata derogatoria puesto que dicho DLeg no fue sometido a consulta (preceptiva pero no vinculante) y les afecta, consideran, muy negativamente.
Simon, decretos legislativos y afectados
Yehude Simon, primer ministro del Perú, se luce de gloria en cada nueva declaración, y a la vez que se ofrece para emprender el diálogo con las comunidades amazónicas (¿por qué recién ahora?) saca de la chistera ese paternalismo de superioridad cultural que tan vertical vuelve las relaciones entre los distintos grupos componentes del Estado, y así tenemos al presidente del Consejo de Ministros declarando: «nosotros amamos a los nativos pero no queremos que se aprovechen de ellos». Se coronó.
Velásquez Quesquén manda a publicar la ley derogatoria
Que sí, que no… Y así todo el rato, hasta que al final fue el propio congreso, bajo la batuta del cuestionado Javier Velásquez Quesquén, el que tuvo que ordenar la publicación de la Ley Nº 29261 por la que se derogaron los Decretos Legislativos Nº 1015 y Nº 1073, conocidos como Ley de la Selva. Así pues, los Decretos Legislativos pierden vigencia y la situación vuelve a la anterior existente, que exige mayorías cualificadas para enajenar tierras comunitarias a comunidades campesinas y amazónicas.
Derogan Decretos Legislativos de la discordia
Una pequeña batalla ganada por las comunidades nativas de la Selva peruana de forma institucional: El Congreso de la república derogó los dos decretos legislativos de la discordia, el Nº 1015 y el Nº 1073. 66 a favor, 29 en contra y ninguna abstención fue el resultado final de una votación a la que el gobierno hizo lo posible para que no saliera adelante, y que ha tildado «casi» de traición y disparate el que se propusiera siquiera la derogatoria de los decretos legislativos publicados en virtud a los poderes concedidos por el Congreso al ejecutivo para que legisle en multitud de materias.
El estado trampea para no cumplir norma recién aprobada por él mismo
¿Qué es peor que un gobierno que contínuamente incumple lo que promete? Pues que cuando «lo cumple», mal, tarde y a rastras, evita cumplir con la normativa que acaba de aprobar. El 28 de Junio apareció en El Peruano el Decreto Legislativo 1057 el que Regula el régimen especial de contratación administrativa de Servicios, con el que en teoría se debía dar respuesta al fraude de ley que desarrollan las administraciones para no contratar personal laboral o aumentar los funcionarios.
De utilidades mineras y proyectos apristas
Juan Carlos Eguren Neuenschwander, de Unidad Nacional, adelantó a CNR Noticias que el proyecto de ley (01686/2007-CR) presentado por el grupo parlamentario aprista y apoyado por el gobierno de la nación pretende modificar el Decreto Legislativo Nº 892 (pdf), afectaría negativamente a los ingresos en inversiones viales en favor de las regiones. Eguren pone como ejemplo a Arequipa, que recibe 35 millones por «canon minero» mientras que por remanentes de utilidades recibe unos 135 millones. Quienes salen favorecidos por esta medida (de forma dispar), son los trabajadores del sector minero.