Simon, decretos legislativos y afectados

Yehude Simon, primer ministro del Perú, se luce de gloria en cada nueva declaración, y a la vez que se ofrece para emprender el diálogo con las comunidades amazónicas (¿por qué recién ahora?) saca de la chistera ese paternalismo de superioridad cultural que tan vertical vuelve las relaciones entre los distintos grupos componentes del Estado, y así tenemos al presidente del Consejo de Ministros declarando: «nosotros amamos a los nativos pero no queremos que se aprovechen de ellos». Se coronó.

Los integrantes de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP) y de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) tampoco quieren que se aprovechen de ellos, y los primeros en intentarlo son, sin dudas, los gobernantes nacionales que firmaron los distintos decretos legislativos de la discordia, entre ellos el DLeg Nº 1090.

No es nuevo. Este conflicto es recurrente en la administración García, ya pasó con los decretos legislativos Nº 1015 y el Nº 1073, que finalmente el Congreso tumbó y el ejecutivo hizo lo posible para que no fuera publicado en El Peruano, usando su poder de veto. Doblemente triste porque hablamos de decretos legislativos, donde la capacidad de legislar está delegada en el gobierno, y es el mismo el que se niega a que el Congreso cumpla su función ante el mal uso de la facultad delegada. ¿Otra vez recorremos el mismo camino? La Comisión de Constitución del Congreso de Perú declaró el 19 de mayo que el DLeg Nº 1090, que aprobó la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, que sería inconstitucional, esto es realmente un paso hacia su derogatoria. La bancada aprista hará lo posible, anuncian, para «salvar» el DLeg.

Consulta previa a los posibles afectados. En normas como los Decretos Legislativos que afectan a Comunidades Campesinas y Nativas, donde los afectados ya están determinados o son determinables, el gobierno (en este caso, puesto que hablamos de un decreto legislativo) está en la obligación de actuar de una determinada forma hasta llegar a la norma reguladora de algún aspecto de estas comunidades campesinas y nativas.

Y esta comunicación con los principales afectados (de forma pasiva además) no solo se debe hacer por bien de la concordia, de un planteamiento en plan Habermas de producción normativa, sino además porque convenios Internacionales ratificados por Perú como el Convenio OIT nº 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (de 1989, entró en vigor en el 91 y Perú lo ratificó en el 94), de completa aplicación en el presente caso (véase en artículo 1.1.a y el .2 de ese mismo artículo) establece, por ejemplo, que las medidas especiales para salvaguardar los bienes de un grupo tribal deben hacerse en consonancia con los deseos de los pueblos interesados (artículo 4), así como se establece la obligación de consulta a los pueblos por cada medida legislativa o administrativa que afecte a dichos pueblos (artículo 6.1.a) y así podemos seguir.

Y ahora que el gobierno ha decidido que el discurso es Si se deroga el decreto legislativo se pone en peligro el TLC (¡asu!), como manifestó, entre otros, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, cabe la recordatoria que realizó Silvio Rendón el otro día en Gran Combo Club (en «El TLC no exigía “el perro del hortelano”»), el TLC «exige» (redunda en la exigencia antes señalada) que las comunidades nativas y campesinas sean consultadas sobre las normas que les afectarán (tan solo consultadas, tan fácil como consultarlas). ¿El cargarnos una norma que no cumple con el TLC con Estados Unidos pone en peligro el TLC con Estados Unidos? No deja de ser curiosa esa lógica.

No todo el DLeg Nº 1090 afecta a estas comunidades, pero todos los extremos que sí lo hacen (que tampoco son pocos) deben pasar, como poco, por la consulta previa a las comunidades que afectan. ¿Tan difícil es abrir los procesos de consulta? ¿Tan difícil es preguntar antes de disparar?

En realidad la táctica retórica del gobierno está clara, se intenta deslegitimar las protestas de las comunidades nativas y campesinas, se pretende que el resto de la ciudadanía vea dicha postura como contraria al desarrollo, a los intereses económicos de todo el país (¿eso existe?), se quiere, en otras palabras, asustar al resto de peruanos para que dejemos de apoyar a los protestantes, para que dejemos de vernos reflejados en ellos y que los veamos como enemigos del progreso. Enemigo de cualquier progreso es un gobierno que miente como fundamento político, que tergiversa como táctica dialéctica, y que oculta faenones como estrategia de defensa.

Excurso: Las palabras que Simon me recordaron dos interesantes entradas, una de Jorobado de Notre Dame, «¿Quiénes son los que discriminan?», y la otra de Daniel Salas, «Dos caricaturas». Esas declaraciones denotan la verticalidad de la que habla Jorobado, y la visión de los nativos reflejada en la caricatura de Alfredo, y es justamente en esa contraposición dialéctica donde la estrategia comunicativa del gobierno incide al anunciar lo negativo de la postura de las comunidades contra el DLeg Nº 1090, y por ello los avisos de «va contra el TLC».

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