Una pequeña batalla ganada por las comunidades nativas de la Selva peruana de forma institucional: El Congreso de la república derogó los dos decretos legislativos de la discordia, el Nº 1015 y el Nº 1073. 66 a favor, 29 en contra y ninguna abstención fue el resultado final de una votación a la que el gobierno hizo lo posible para que no saliera adelante, y que ha tildado «casi» de traición y disparate el que se propusiera siquiera la derogatoria de los decretos legislativos publicados en virtud a los poderes concedidos por el Congreso al ejecutivo para que legisle en multitud de materias.
Esta derogatoria de la nueva normativa (y aprobación de un «volver atrás») fue calificado, previamente, por el Presidente Alan García como «error histórico» y que «sumiría en la pobreza un siglo más» a los nativos de las zonas afectadas, hay que tener en cuenta que la norma ahora derogada permitía simplemente una relajación de la forma en que las comunidades nativas y andinas pueden enajenar sus tierras (principalmente a favor de petroleras y mineras).
Jorge del Castillo, Presidente del Consejo de Ministros, consideró que la derogatoria afecta negativamente a las comunidades campesinas que no se han manifestado en contra de la norma y había propuesto una medida intermedia y concertada. Se olvida Del Castillo que parte de la culpa de esta férrea oposición a la norma es del ejecutivo que la aprobó, que no contó con el visto bueno amplio de las comunidades afectadas ni realizó la normativa separada según el tipo de comunidades afectadas, lo que hubiese permitido esa solución «concertada».
Esto es, en gran medida el problema deriva de la necesidad que tiene el ejecutivo de aprobar normas por el simple hecho de sacar un proyecto adelante que no cuenta con los suficientes apoyos, es un gobierno incapaz de dialogar hasta que el conflicto no le estalla en las narices. Si las cosas fueran de otra manera, el gobierno hubiese legislado con la audiencia y entendimiento de las distintas comunidades, pero el sí o sí que suele llevar acabo el gobierno esta vez le ha perjudicado, a ellos y a las comunidades que podían estar a favor de la nueva normativa ahora derogada.
Por otro lado, la postura más conciliadora en este momento la protagoniza Antonio Brack Egg, que porta la cartera del recientemente creado Ministerio de Medio Ambiente. Pero llega tarde y mal, y por parte de un ministro que está puesto más de cara a la galería que por su poder interno, donde tiene poco o casi nada que decir, ante un gabinete que simplemente «pasa de él». Pero, al menos, es un paso dentro del ejecutivo para abrir vías constantes de diálogo.
Por último, queda patente que quien no llora no mama, y que este gobierno (y el Congreso) sólo entienden de medidas de fuerza para que las cosas cambien, así pues, sólo a punta de «líos y quilombos» los distintos pueblos son escuchados. Realmente esto es perjudicial, puesto que ha creado la total sensación de que las vías institucionales no sirven (lo que es real, no funcionan).
Resulta necesario replantear la comunicación entre el ejecutivo y la cámara de representantes y los distintos actores sociales, que han sido totalmente ninguneados en los últimos decenios, y especialmente por este gobierno que ha acudido con demasiada facilidad a la vía del decretazo y de las alianzas contranatura y sin discusiones de fondo para llevar adelante proyectos que no cuentan con el apoyo real de nadie.
El gobierno necesariamente debe olvidarse de criminalizar la protesta social y de amenazarla con el uso del ejército si es que realmente pretende generar proyectos en que quepan todos.
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