Todos son «outsiders»

«[U]n outsider es alguien nuevo en política. Pero no todos los nuevos en política son outsiders. Para serlo su capital electoral tiene que provenir desde afuera del sistema político.»
Carlos Meléndez (alias El Jorobado)

En Perú tendemos a usar un término más o menos de moda independientemente de su significado, y lo usamos en algo que «se parece», y si es un barbarismo mejor, lo usaremos hasta en lo imposible. Pasa con los «outsiders», los cuales se buscan desesperadamente, pero no solo los «de verdad», sino que hasta un ex ministro puede ser considerado «outsider», demostrando que el idioma se puede usar como nos dé la santísima gana. Y así llegamos a El Comercio, medio que se le supone serio, para encontrar un artículo titulado «¿Quiénes serían los ‘outsiders’ favoritos para las elecciones presidenciales del 2011?» donde nos presentan estos posibles nombres: Susana Villarán, Álex Kouri, Jaime Bayly, Pedro Pablo Kuczynski y César Acuña.

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La insuficiente derogación del DLeg Nº 1097

Finalmente se derogó. Primero se publicó en El Peruano una fe de erratas que rehacía parte del Decreto Legislativo Nº 1097 para, luego, ser votada la derogación en el Congreso de la República propuesta por el propio gobierno. Se aprobó con 90 votos a favor y uno en contra. Ese único y solitario voto contra la derogación del cuestionado y cuestionable decreto legislativo (que básicamente producía una «amnistía» para militares y policías procesados por delitos contra la humanidad) vino de la mano del congresista aprista y vicepresidente de la República, el vicealmirante en situación de retiro Luis Giampietri.

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García: haciendo lo que no debe

La legislación electoral es clara: «A partir de la convocatoria de las elecciones, al Estado le está prohibido, a través de publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta, públicos o privados, efectuar propaganda política en favor o difusión de información en contra de cualquier partido, agrupación independiente o alianza.» (artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859, aplicable según la DCyT Primera de la Ley Nº 26864 de Elecciones Municipales). El Estado no puede posicionarse en contra de una opción política, el Presidente, como jefe del Estado, es el representante del Estado, ¿qué rayos hace García diciendo cosas como esta: «No entreguemos la Educación a intereses sindicalistas»? Y seguimos con el «y vienen los rojos».

¿Cuando la presión internacional y mediática funciona?

Me alegra ver que el gobierno puede que recule con el tema del Decreto Legislativo Nº 1097, pero me sorprende cómo se han desarrollado los hechos. Esto es, hablamos de un Decreto Legislativo dentro de un paquete publicado el 3 de septiembre, y en unas semanas el gobierno ha pasado de una defensa numantina del ignominioso texto a plantear la derogación del mismo. El medio es distinto, un proyecto al congreso para que este derogue el Decreto legislativo.

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Decreto Legislativo 1097: Una ley contra la que hay que luchar

El pasado miércoles 1 de Septiembre se publicó el Decreto Legislativo Nº 1097, de aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos, que gracias a la delegación de facultades legislativas por parte de la Ley Nº 29548, el gobierno ha dado una legislación especial para los procesos y condenas contra personal militar y policial implicados en violaciones de derechos humanos (y solo para ellos). En la misma se declara que simplemente se pretende adelantar la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957) pero se incluye una serie de previsiones propias que no existen en dicho código y un reemplazo de medidas preventivas o preliminares que favorecen al procesado militar o policial frente a los civiles.

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¡Que vienen los rojos!

«¡Tengan miedo ciudadanos de Lima, viene la amenaza roja!» bramó el liberal congresista Luis Galarreta (no es literal, pero casi, realmente dijo: «no hay una ola verde sino una amenaza roja (…) agrupa a comunistas, gente de izquierda, miembros del Sutep y Patria Roja»). No es raro, él mismo, dentro de las líneas de acción descritas en su flash-web, nos señala que la Libertad Económica (con mayúsculas) es la solución de todos los males. Incluso la pobreza que hay en Perú (recoge en un documento colgado en su web) se debe a la falta de libertad económica y política (porque, como sabemos, en los países con más «libertad económica» no existe la pobreza, guiño guiño).

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Copiando definiciones en gerundio

Iba a escribir unas cuantas líneas sobre el texto del congresista de UN Luis Galarreta colgado en su página web sobre la Libertad Económica (véase acá el PDF), en especial sobre la siguiente parte: «La no intervención del Estado asegura la igualdad de condiciones de todos los individuos, lo que permite que se establezca un marco de competencia perfecta, sin restricciones ni manipulaciones de diversos tipos» y todo lo que le continúa y, oh sorpresa, es un corta y pega de la Wikipedia (o de cualquier otra fuente, vaya). El segundo párrafo del documento enlazado del congresista es prácticamente igual que la parte sobre liberalismo económico de la entrada «Liberalismo» de la Wikipedia en castellano (enlace permanente), que definitivamente será un corta y pega de otro lado, pero dudo (mucho) que la fuente original sea nuestro congresista. Hay que perder miedo a usar las comillas (y si son las latinas, mejor), referenciar la fuente y todo eso, que sino queda mal el «cortaypega» tan burdo. Con esto no quiero decir que el artículo del congresista sea un corta y pega, en su gran mayoría no lo es, pero si va a copiar definiciones (como lo hace en su segundo párrafo) el uso de las comillas es más que recomendable, es obligatorio.

Manipulando los símbolos

El «puño en alto» no es patrimonio exclusivo de Abimael Guzmán, no lo inventó él, ni fue el primero en usarlo, ni siquiera el que lo popularizó… ¿Por qué digo esto? Por este titular (y la «noticia» que le acompaña) de La Razón: «Susana Villarán imita gesto de genocida». La «noticia» (de verdad el entrecomillado tiene sentido) se centra en los primeros párrafos en recordar cómo Abimael Guzmán usaba este símbolo (el puño en alto es una constante entre partidos socialistas -ahora socialdemócratas- y comunistas -incluso usado por anarquistas, aunque en estos es más propio las dos manos entrelazadas-) para, de una forma que debiera abochornar a cualquier periodista serio, rebotar partes de un artículo de ficción (no parece algo serio la verdad) de Guillermo Quevedo Tamayo en que se acusa a la candidata Susana Villarán, de Fuerza Social, de «resentida» hacia los militares y de planear su venganza (inserte risas malévolas acá) contra los mismos desde la alcaldía, se afirma también que su hermana era dirigente de Sendero. Luego ya se salta a la parte de echar porquería (o eso creen ellos) sobre la participación de gente que ha pasado (o está) en el Movimiento Nueva Izquierda o en Patria Roja.

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La importancia del lenguaje (enésima parte)

En un periódico boliviano, rebotado por medios como La Razón, se da cuenta de que «las FARC adoctrinan a miembros de Sendero». Adoctrinar es transmitir ideas o creencias, y difícilmente eso se da en una relación mercantil en que unos enseñan a usar armas a otros «a cambio de dinero proveniente del narcotráfico» (como señala la propia noticia). Se pueden usar muchos verbos para describir el que una guerrilla enseña a unos aspirantes de narcoterroristas a matar, pero el «adoctrinamiento» nada tienen que ver acá, máxime cuando unos (se supone) son maoístas y los otros no. ¿Por qué se usa este verbo? Por el contenido ideológico del mismo, así se malinforma de lo que ahí «puede» que pasara. Además, en las noticias se usa el tiempo presente cuando la información es de hace dos años (con lo que el tiempo pasado sería más propio) y se da por buena una fuente cuyo origen (y uso) es bastante dudoso (la información a cuentagotas salida de una computadora incautada tras un bombardeo cuestionable es más bien una utilización estratégica de, posiblemente, la mentira incomprobable).

Referendo sobre el Fonavi y la Ministra de Economía

La ministra de Economía, Mercedes Aráoz, saltó contra la pregunta del referendo a celebrarse a la par que las elecciones locales y regionales este 3 de octubre. También aprovechó para atacar al Tribunal Constitucional (TC) y al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y, de paso, mintió e indicó que el Estado no devolvería el dinero. Si alguien pensaba que este gobierno sería públicamente neutral al menos para esta consulta popular, se equivocó completamente.

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Kouri fuera de la carrera por Lima

«El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha ratificado la tacha contra Alex Kouri, hasta el momento el candidato de Cambio Radical para la alcaldía de Lima (vea la resolución Nº 1531-2010-JNE en PDF acá). Alex Kouri, ex alcalde del Callo y ex presidente regional del Callao, iba segundo en las encuestas para las próximas elecciones y fue, desde el principio, polémica su candidatura por usar un partido considerado «vientre de alquiler», al que él no pertenecía. El argumento básico…» continúe leyendo en De Igual a igual.

Sobre las propuestas de reforma penal y penitenciaria

«Fortalecer la seguridad ciudadana» es el eufemismo que se usa para «endurecer la legislación penal y penitenciaria aunque de nada sirva para que parezca que pasa algo» y agosto parece el mes en que todos los grupos parlamentarios, junto con el gobierno y los medios de comunicación, ponen de moda el tema y bombardean el hemiciclo con proyectos y propuestas de ley que buscan endurecer hasta la violación de derechos humanos la legislación existente. Así se propone retomar la pena de muerte y ampliarla, se reducen los beneficios penitenciarios (algo que no es nuevo, ya se hizo con los «condenados por terrorismo» hace casi un año) y se amplía el tiempo de arresto antes de poner al apresado en disposición judicial. La principal preocupación del gobierno y los grupos parlamentarios está en los delitos comunes y la reincidencia, así como en los beneficios penitenciarios, ninguna palabra para atajar el problema en su raíz

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Gobierno propone prohibir ideologías

El APRA en el Perú ha sufrido diversas prohibiciones y persecusiones, el argumento más básico contra ese partido político siempre fue que «atentaba» contra el Estado según estaba constituido en el momento en que se prohibía a la formación de nombre panamericano y revolucionario realizar sus actividades «transformadoras». Con esta historia, y tal vez por la misma y por la revisión que se ha hecho dentro del partido de su propia ideología (mediante un revisionismo histórico y negación de la propia ideología como si nunca hubiese variado), el gobierno presentó a finales de junio al Congreso un proyecto de ley con número 4148 para modificar el artículo 5º de la Ley de Partidos Políticos (Nº 28094) para poder prohibir la inscripción de «organizaciones políticas que constituyan amenaza al sistema democrático de Derecho». Hoy ese proyecto está en la Comisión de Constitución y Reglamento.

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¿Ampliar la pena de muerte para ladrones y violadores?

Nuestro Congreso es circular, tanto para lo bueno como para lo malo. Uno de los temas «recurrentes» es la pena de muerte. El presidente es favorable a la misma, así como varios grupos parlamentarios, y, por qué no aceptarlo, lamentablemente muchos de los peruanos están por la labor de «recuperar» la pena capital. En esta bitácora he hablado varias veces de este tema*, sobre todo cuando a Alan García se le dio por el mismo, ahora toca volver sobre los pasos al ver que el 12 de agosto entraron al Congreso dos proyectos de ley sobre el tema: Proyecto de Ley 4200 presentado por el Grupo Parlamentario Fujimorista y el Proyecto de Ley 4205 presentado por Isaac Mekler Neiman de Alianza Nacional (con las firmas de Menchola Vásquez, Waisman Rjavinsthi, Saldaña Tovar, León Zapata y Luna Gálvez).

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Para el JEELC Kouri no tiene domicilio en Lima

Siguiendo con el tema del «domicilio» de Kouri: el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEELC) ha aceptado la tacha contra Kouri por el tema del domicilio (véase PDF de la resolución), por supuesto, Cambio Radical anuncia que apelarán la decisión (y ya le tocaría resolver al JNE) y sino, avisan, van con el Plan B, que responde al nombre de Ivonne Frayssinet. ¿La razón para aceptar la tacha? Lo resume bien el último párrafo de los fundamentos de la resolución:

«En consecuencia, si bien resulta un hecho indiscutible que el 5 de noviembre de 1998 el candidato fijó su domicilio fiscal en la Provincia de Lima, no existen suficientes medios probatorios concurrentes, que permitan apreciar que Alexander Martin Kouri Bumachar haya mantenido la continuidad al domiciliar en la Provincia de Lima, por más de dos años continuos hasta antes del 5 de julio de 2010.»

En otras palabras dicen: Bueno, sí, en el 98 puso esa dirección como domicilio, pero no prueba que haya residido por dos años consecutivos de forma continua. Un tanto restrictiva la interpretación.