¿Cuando la presión internacional y mediática funciona?

Me alegra ver que el gobierno puede que recule con el tema del Decreto Legislativo Nº 1097, pero me sorprende cómo se han desarrollado los hechos. Esto es, hablamos de un Decreto Legislativo dentro de un paquete publicado el 3 de septiembre, y en unas semanas el gobierno ha pasado de una defensa numantina del ignominioso texto a plantear la derogación del mismo. El medio es distinto, un proyecto al congreso para que este derogue el Decreto legislativo.

Esta vez con este Decreto Legislativo que desarmaba los juicios contra militares que hubiesen cometido delitos contra la humanidad antes del 2003 no solo los «caviares» han (o hemos) levantado la voz, hasta el relator de la ONU ha puesto su grano de arena contra el texto legal que favorecería la impunidad de los procesados (véase la nota de prensa en la propia web de la ONU para Perú, por más que la oficialista Andina decidiera dar una versión completamente tergiversada de las palabras del relator) y, por supuesto, también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se mostró «preocupada» por el Decreto Legislativo.

No me creo que el gobierno pensara que estos «problemas» no surgirían, parece que el tema para que pasara este texto dentro de todo el paquete (y una política que claramente busca la impunidad, nada raro viniendo de alguien que comanda el país tras conseguir que no se le procese por innumerables crímenes), más aún, teniendo en cuenta qué lobos están detrás del texto, diría que sabían perfectamente lo que hacían, pero no se imaginaban la reacción general contra el texto (general entre los que pueden presionar, no veo que sea un texto que se gane las antipatías en las encuestas, y claro, siempre hay quien lo aplaude hasta con las orejas, mintiendo como bellaco si cabe y errando hasta en el texto que se adelanta su vigencia)…

En fin, ahora lo que me parece patético es cómo se está «resolviendo» este caso, García Toma, titular de Justicia, lo plantea como Rafael Rey, Ministro de Defensa, contra todo el gabinete, pero ahí hay que considerar tres cuestiones: El texto se aprobó y publicó (no es un problema de un anteproyecto presentado por un ministerio que actualmente esté en discusión, sino un texto ya aprobado en Consejo de Ministros); en un primer momento el gobierno en su conjunto defendió el texto; y si querían evitar todos los problemas de impunidad no debieron aprobar ese texto, ahora es tarde.

Y esto último es lo más preocupante, si la norma se deroga, habría que entrar a considerar caso por caso si se puede aplicar (durante un proceso, se aplica la norma más favorable para el reo, aunque ya esté derogada), habría que pasar por el TC para que este interprete qué partes se deben interpretar cómo para que estén de acuerdo con el Derecho Internacional, esto es, se van a alargar aun más los procesos, todo se ha complicado otra vez gracias a un gobierno capaz de decretar la impunidad para correr nuevamente a pedir su derogación y usar a Rafael Rey, el Bufón de Defensa, como cabeza de Turco (como si él fuera un problema del gobierno y no un miembro del mismo, que está ahí por designación del propio presidente del Perú).

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