Uno de los pedidos más repetidos en las manifestaciones de este mes y pico es la convocatoria de una Asamblea Constituyente que redacte una nueva carta maga; esto no nos debería extrañar, en el discurso político peruano es un lugar común la necesidad de refundar nuestro sistema político; se debe a dos cuestiones, la actual Constitución Política del Perú viene de una asamblea constituyente que nació tras un autogolpe de Estado de Fujimori y con un proceso cuestionable; y, por otro lado, existe una permanente crisis de legitimidad en el ejecutivo y legislativo que lo desconectan por completo de la gente que deben representar. Esta falta de legitimidad se entiende dentro de un marco político agotado, con lo que una «refundación de la democracia», la lucha contra la corrupción y atender a lo que cada agente considera que son las necesidades de la población pasa, casi necesariamente, por escribir un nuevo texto supremo en el país.
Las reformas a la constitución política del Perú son continuas, no tenemos un sistema cerrado; hace nada hemos tenido, incluso, un referendo con algunas modificaciones; pero eso, para la mayoría, cada vez es menos útil frente al acto constituyente o la promesa de una reforma integral o extremadamente amplia de la Constitución.
Y sí, hablo de mayorías, solo hay que sumar los votos que recibieron los partidos que proponían una constituyente (esto con pinzas, porque tampoco podemos olvidar que no todo el mundo que vota por un partido está al 100 %):
Sin contar al FREPAP, que no lo tengo analizado por no haberse presentado a la presidencia, tenemos que: el 61,11 % de los partidos quieren un cambio profundo, que representan en votos al Congreso un 54,07 % de los que fueron para partidos que quieren una nueva constitución o una reforma extremadamente profunda (con o sin Asamblea Constituyente); para la presidencia el dato cambia un poco y sería solo el 49,54 % pero recordemos que en segunda vuelta ganó el candidato (Pedro Castillo) que abogaba por la reforma plena tras una Asamblea Constituyente (por un estrechísimo margen y mucho voto contra el fujimorismo más que a favor de las ideas de Perú Libre).
Es cierto que otra buena parte del país (que son quienes votaron por las tres principales fuerzas de derecha: Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País) no quiere una reforma íntegra o mayoritaria del texto, pero sí que hay un choque claro entre quienes desean una reforma profunda y quienes no.
Existe, sin dudas, una demanda popular bastante extensa en favor de una constituyente, pero ¿después qué? Quiero decir, una asamblea convencional tiene como fin la redacción de un nuevo texto y el contenido del mismo es lo que debe suscitar esa transformación profunda en el país; toda vez que un legislativo cuyo fin es la reforma institucional no consigue ese fin, encontramos con que el viaje solo genera la frustración de quienes la impulsaron, quedando todas las demandas de mejoras en agua de borrajas; y ese es el problema principal, son muchas fuerzas las que abogan por una constituyente, pero tienen poco en común entre sí.
Por ejemplo, Acción Popular es un partido nacionalista de democracia liberal cuyo planteamiento, en general, se parece a nuestra constitución actual; su lucha por un nuevo texto pasa más por «mejorar» lo actual y quitarle esa capa de «ilegitimidad» (por venir tras un golpe) que por cambiar radicalmente la forma del Estado o las instituciones; en línea parecida a estos, los de Somos Perú. En otro lado, tenemos un partido como Perú Libre (quien, no lo olvidemos, mantiene la presidencia, aunque de facto la haya perdido, Boluarte fue elegida vicepresidenta en la fórmula de PL) se declara marxista, desea un Estado Socialista federal para Perú, aunque con una economía que dista mucho del socialismo (proteccionismo nacionalista a los empresarios locales frente al capital extranjero y algo más de regulación, pero está lejos de ser una economía socialista), es extremadamente conservador en lo social. En las izquierdas, hay otras posturas, como la de Juntos por el Perú, muy timoratos en las definiciones de lo que quieren, pero bastante progresistas en lo social, con lo que su postura en la Constituyente chocaría frontalmente con la de PL en temas claves como los derechos de las mujeres (PL es antifeminista y JPP se declara feminista) y los derechos LGBT, por ejemplo.
Las visiones mágicas de lo que supone una nueva constitución como solución de problemas lo tenemos claro al ver cómo hablan los partidos de este tema, para ejemplo lo de Unión por el Perú, partido que coquetea con el filofascismo pero propone una nueva constitución que mantiene todos los pilares de la actual sin tocar y, de alguna forma, nos pondría en lo más alto del «Ranking Mundial de Competitividad». ¿Cómo? ¡Eso no se dice ni se pregunta!
Todo esto lo vemos en las protestas que hay ahora, mucha gente pidiendo una constituyente (que puede que sea la salida política a corto y medio plazo) pero las agendas son muy dispares, ¿cuál sería el objetivo final? ¿Que deje de haber corrupción? Eso no depende del texto constitucional. ¿Que los partidos se preocupen, desde su propia visión ideológica, de atender a la población y no tanto de las prebendas personales de quienes integran las formaciones? Nuevamente, no es algo que dependa de la carta magna. ¿Que se atiendan determinadas necesidades y reclamos? Para eso no se necesita una nueva norma suprema.
Los países no mejoran «simplemente» por tener una nueva constitución; esta sí puede surgir de un cambio político importante y mayoritario (pasó en Ecuador y Bolivia no hace tanto tiempo; y hace algo más en Venezuela), aunque tampoco es garantía de un cambio profundo político y social; aunque sí puede permitir ciertos cambios en la cultura política, también puede salir muy mal y seguir generando problemas en los propios agentes que generaron ese texto (Venezuela y Bolivia como ejemplos). Ahora bien, una Asamblea Constituyente sí puede servir como un punto de partida en plantearnos tanto el «qué somos» como el «qué queremos ser» de una forma integral; esto sería posible si las fuerzas políticas se toman en serio ese papel, algo difícil de pensar viendo cómo está el patio en casi todos los partidos políticos con representación en la actualidad (solo hay que ver el debate que tuvieron en la sesión del 27 de enero o, si quieren, ver lo que pasó con la repetición de elecciones durante el mandato de Vizcarra).
Cuando hablo de fracasos de constituyentes se me vienen a la cabeza dos bastante recientes: en Venezuela se utilizó la fórmula de la Asamblea Constituyente en 2017 para quitar el poder a los rivales políticos del gobierno electo, esto es, un poco parecido a lo que en realidad quería hacer Pedro Castillo, esa Asamblea no consiguió redactar un nuevo texto constitucional, y eso que la práctica totalidad de las personas integrantes eran del oficialismo (esto es, podían aprobar cualquier cosa), ni siquiera reformas profundas del ya existente. A finales de 2020 se disolvió esta asamblea. Sí sirvió para eliminar a la oposición, pero ese fin no es el de una constituyente. De hecho, seguramente no sacaron texto alguno porque en un referendo hubiesen perdido y eso sería un duro golpe político para un gobierno que, con una mayoría más que absoluta (básicamente todo el hemiciclo era suyo) no era capaz de encontrar un rumbo político claro.
Y ahí viene el otro caso, que lo tenemos de «ayer», como quien dice. En Chile se vivió un estallido social en favor de determinados cambios, también se señalaba el texto surgido de la dictadura de Pinochet como una constitución manchada desde el inicio. El proceso constituyente chileno, por otro lado, fue ejemplar, aunque acabara en fracaso (en cuanto a la aprobación de un texto). Así pues, las izquierdas abanderaron un cambio institucional profundo siguiendo el juego de la democracia representativa dentro del marco institucional de la Constitución a cambiar. En 2019, tras las masivas protestas, se aprobó una reforma constitucional que abría la puerta a un proceso constituyente, el cual comenzó con un plebiscito para ver cómo hacer dicho proceso (no solo se preguntó si se debería abrir una constituyente, sino la forma de la misma); tras eso, se procedió a elegir una Convención Constitucional que, en un año, aprobó un borrador de norma que se sometió a referendo para ver si el pueblo chileno la aceptaba. Y salió «rechazo». Por supuesto, esto generó enfados y frustración, pero no impidió entender en la limpieza institucional que dio la victoria a la opción de rechazar, tampoco se ha desconocido a la cantidad de gente que quiere y desea un cambio profundo en las reglas del juego y las instituciones, así que los partidos, aún con sus tiranteces y politiqueos, llegaron al «acuerdo por Chile» que propone otra vía para llegar a un texto de consenso amplio. El camino continúa, aunque indudablemente la Convención Constitucional fracasó.
Por cierto, un problema en Chile es la escasa participación en las elecciones y similares; por ejemplo, el referendo de 2020 contó con la participación del 50,95 % de las personas llamadas a votar y se consideró un éxito de participación (desde la instauración del voto voluntario, no se había llegado al 50 % nunca); las elecciones de convencionales constituyentes del año siguiente solo contaron con una participación del 43.41 %… en cambio, el plebiscito constitucional de Chile de 2022 tuvo un voto masivo, algo novedoso en el vecino del sur, con un 85,86 % de la ciudadanía acudiendo a las urnas.
Volviendo al Perú, ¿una Constituyente solucionaría algo? Personalmente lo dudo mucho, sobre todo porque no existen casi puntos en común para construir algo coherente, ni tampoco hay ánimos para llegar a acuerdos, la mayoría de partidos no tienen clara la hoja de ruta que quieren seguir o sueñan con que las reformas constitucionales, por sí mismas, generen políticas distintas, obviando que son las personas las que impulsan y mantienen esas políticas, aunque sin minimizar la importancia para de que una norma diga algo (vamos, que porque una ley ponga «no matarás» o «no robarás», no se ha dejado de matar y robar; pero tener un texto que prohíbe matar o robar genera instituciones que favorecen que eso no ocurra, también significa que socialmente se considera un desvalor el matar o robar…).
Como digo, no sé si una constituyente solucionaría algo, tengo serias dudas sobre eso (entre otras cosas, porque la constituyente se plantea siempre como fin en vez de como medio); lo que sí tengo claro es que mantenernos en lo que hay, sin hacer nada, empeora la situación; no es que nos valga (como valió entre el 2001 y el 2016, por pura inercia), así que a falta de mejores ideas, como mínimo hay que sentarnos a debatir las que se ponen sobre la mesa.
No, no vale la excusa de «son personas violentas que quieren doblegar el Estado del Derecho» o cualquier pavada de ese estilo, existe una necesidad social y política en realizar unas reformas institucionales que no están llegando de manera convencional u ordinaria, con lo que buena parte de la población ve la constituyente como la única vía clara para cambiar, de raíz, todo lo que ven mal en el país; y muchos de estos males también son detectados por formaciones que quieren mantener el actual texto constitucional (desde el fujimorismo hasta otros partidos de distintos colores), que también hablan en sus programas sobre estos puntos (no todos, claro, hay cuestiones en que algunos partidos están muy cómodos, pero también hay o puede haber un espacio del diálogo y el acuerdo).