Ante los pedidos de transparencia con la campaña “Adopta a un Congresista” los congresistas respondieron con su peor cara, se cargaron la directiva de la mesa que pedía una justificación del 90% para aplicar los mínimos normativos del artículo 22.f.1 del Reglamento de la cámara, esto es, que solo tuvieran que justificar el 30% de los gastos, valiendo para el resto (70%) una declaración jurada. Ante el grito en el cielo por la falta de transparencia que eso significaba, varios grupos parlamentarios salieron al paso para pedir o proponer “alternativas”, cada cual más improvisada y descabellada que la anterior. Al final se presentó, por varios partidos, la propuesta 02739/2008-CR, entre los que encontramos al propio presidente de la cámara, esta propuesta cambia el sistema actual por uno de asignación fija al congresista, que además está sujeto al pago del impuesto de la renta…
Este cambio legislativo es, básicamente, una subida de sueldo “caleta”, aunque la norma diga que no tiene carácter remunerativo, al aplicarse el impuesto de la renta y considerarse una asignación por función del congresista (por su propio desempeño) se transforma en algo muy cercano a un “pago extra” por sus “servicios” en vez de ser, como debiera (y según marca el propio artículo 22.f en su primer párrafo) una forma de cubrir los gastos ocasionados en el ejercicio de su labor legislativa (para temas logísticos, personales o lo que toque, y sí, también para comer si es necesario).
Si presumimos buena fe en la norma (y evitamos ver “subidas de sueldo” o “hacer más difícil el control de los gastos”) tenemos una iniciativa en cuya exposición de motivos se recoge: “El literal f) del artículo 22º del Reglamento del Congreso, regula el concepto de gastos operativos, cuya aplicación ha sido distorsionada, siendo necesaria, en el marco de una política de transparencia, eliminarla y a su vez sustituirla por una asignación por función congresal [...]“. En otras palabras se dice: La institución de los gastos operativos está siendo malusada, y “por transparencia”, la vamos a cambiar por una de pago directo a los congresistas y que hagan lo que quieran…
Y ahí es cuando el diagnóstico no casa con la cura. Si hay un problema en el reembolso de los gastos operativos (o el pago directo cuando los haya) y se está usando ilegítimamente ese dinero (como una “paga extra”) lo que no se puede hacer es cambiar el sistema para que, básicamente, lo irregular sea regular, pero que se pague impuestos sobre dicha cantidad (algo que personalmente tampoco entiendo, si la cantidad se debe destinar a cubrir ciertas actividades ¿Por qué va a pagar el impuesto sobre la renta? ¿¡Es renta del congresista o un instrumento para que el legislador pueda actuar con más apoyos y ayudas!?), así pues, los gastos operativos dejan tener la función que tenía, más aun, técnicamente desaparecen, y ya queda como parte de la renta del congresista sin que tenga que rendir cuentas a nadie.
Encima se sale con que esto mejorará la transparencia. ¿Cómo? Mejora la transparencia cuando las cosas funcionan para el fin que tienen y que además existen instancias de fiscalización que permitan comprobar que, efectivamente, las cosas se usan como se deben usar, en cambio, con la propuesta actual, lo que tenemos es un aumento de hecho de cinco mil soles (más o menos) sin que los mismos se sometan a control alguno para ver cómo cumplen con el fin declarado de esos fondos (ese apartado no se cambiaría). En otras palabras, si transparencia es justificar los pagos, la no transparencia es no justificarlos, este cambio hace innecesaria justificación alguna… ¿Eso es transparencia? Por favor.
OcraM se cuestiona sobre si esta “subida” es la “solución”, mientras que Martín Tanaka niega que lo sea y propone más y mejor control (que sería lo suyo). ¿Otras reacciones? Congresistas que dicen patín, patán y todo eso, alguno que dice que realmente es aumento de sueldo, otros que no ya que no se cuenta en la CTS ni nada de eso (¿y?). Lo esperable.
Por mi parte, los gastos operativos tienen una utilidad instrumental para el congresista que desee hacer uso de ellos (y siempre que tengan vínculo con su labor legislativa, sea dicho), y por ello les pedimos que rindan cuentas sobre el uso que dan a dicho dinero (no es renta para los congresistas, si no a su disposición, que no es lo mismo) y si se quiere cambiar esto por un “cheque en blanco” que servirá para lo que el congresista quiera que sirva y en la forma que quiera (además, para todos, incluso para los que hoy por hoy no utilizan los gastos operativos). No señores, no, por ahí no debemos pasar.
Por cierto, el proyecto parece improvisado de cabeza a los pies sin lugar a dudas. Así no se hacen las cosas.
Actualizo: José Alejandro Godoy recoge de forma resumida los contras de la medida propuesta.
Me parece que se comienza con la cola del problema, no por la cabeza. ¿Alguien conoce la estructura de costos de la labor congresal? Lo digo por el alto grado de informalidad de nuestra economía que dificulta una rendición de cuentas satisfactoria (por decir lo menos).
Transparencia sí, pero para conocer y evaluar el trabajo, y cotejarlo con las cuentas al final. No al revés.
Saludos
Salud
El problema del “bono” en vez de los gastos operativos es que, justamente, impediría en la práctica la transparencia sobre los propios gastos (se está considerando eso como “renta” del congresista).
Sobre el alto grado de informalidad, indudablemente existe (es curioso que a Anaya se le pillara, en parte, porque el sitio de las facturas del pollo asegura que no hace recibos con tres cifras, lo cual demuestra una falta por parte de dicha empresa y la enésima muestra de irregularidad en actividades aparentemente bien regulares), pero una cosa no quita la otra.
Se me ocurren bastantes “pagos” (casi siempre pequeños) cuya justificación documental es casi imposible (el pago de los taxis, sin ir muy lejos), pero, al exigir al congresista que intente siempre tener recibos y facturas lo deberían llevar a buscar proveedores regulares para los servicios que necesita. No podemos esperar a acabar con nuestra informalidad para comenzar a pedir cuentas (exagero, y sé que no es el fondo de lo que dice). Ambas cosas (ir acabando con la informalidad y exigir formalidad en los contratos que sean pagados con fondos de gastos operativos a los congresistas) pueden y deben ir en paralelo.
Sobre las cuentas finales sobre el “detalle” de los gastos operativos, estoy bastante de acuerdo (sigo dudando que, por la naturaleza de la entrega de los gastos, estos sean susceptibles de ser pedidos hasta que sean procesados por el órgano pertinente), pero con esto se saca el tema de la transparencia a la agenda, lo cual está bien.
Hasta luego y gracias por el comentario ;)
Sobre la informalidad… una vez se me ocurrió pedir boleta de venta en una pollería en el mercado, y fue muy gracioso que lo que me diera fuera una “nota de venta”, ya que se ve que boletas no maneja, y para colmo fuera la “001″, jajaja, o sea, nunca había dado una, en un puesto que lleva ahí toda la vida!
[...] no, pues depende de la cantidad (siempre hay un margen para “no justificable”)… Ya expliqué por qué estoy en contra del cambio, así que no me quiero repetir en esos [...]