Sobre el aumento de la RMV

La Remuneración Mínima Vital (RMV) en Perú es realmente baja, muy por debajo de lo que se paga (en promedio) en el sector privado e incluso si lo comparamos con el salario base medio del sector público (que en realidad es bastante paupérrimo), además, la RMV sube y se «mantiene» a capricho del gobierno, cuando le conviene hacer un movimiento efectista lo sube, cuando no, lo mantiene. Ahora García anuncia una subida nominal del 9,09%, de 550 Nuevos Soles a 600, lo que sin dudas es una mejora (veremos si se concreta, porque por ahora es pura palabra nomás, y no es que García la cumpla una vez dada), pero hay que ponerla en perspectiva.

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¿Despolitizar la educación?

Hace unos días Alejandro Toledo, ex presidente del Perú, se reunió con la virtualmente electa como alcaldesa de Lima, Susana Villarán, de Fuerza Social (FS), tras la reunión el ex presidente destacó las «coincidencias» con FS y sacó el tema de la educación (durante la campaña básicamente se «acusó» a Villarán de querer «entregar» la educación al SUTEP, que son los «malos malísimos» en la prensa nacional), y ahí el ex presidente se llenó la boca con «despolitizar la educación», de que se ha hablado mucho de política pero no contenido y demás…

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Godoy condenado… ¡Fuerza Godoy!

El año pasado Jorge Mufarech Nemy, ex congresista y ex ministro, se querelló contra José Alejandro Godoy (por un artículo que este escribió en su bitácora Desde el Tercer Piso), la querella se basaba en que Godoy afirmaba determinadas cosas que, decía el ex ministro fujimorista, ya habían quedado rebatidas en su momento. En realidad José Alejandro Godoy solo enlazó contenido de otras páginas webs (contenido que no se ha retirado ni solicitado su retirada), para el ex-ministro la diferencia entre uno y otro se encuentra en que unos comentarios estaban en condicional (los de los medios informativos que contenían la acusación) y otros en afirmativo. Este matiz, solo visto por el ex ministro y ex congresista, lo ha considerado como penalmente relevante la jueza del caso (Flor de María La Rosa La Rosa), del Juzgado Penal 33º de Lima (que, según nos informa SpacioLibre, es aprista, ya saben, todo queda entre amigos), que ha declarado culpable a Godoy y le ha condenado a tres años de prisión suspendida, 350 mil soles de multa y 120 días de trabajo social por difamación. Por supuesto que Godoy recurrirá. La nota que enlazo de La Mula contextualiza el caso e incluye un reportaje de El Útero de Marita sobre el tema.

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Et tv, Villarán, et tv

Por lo visto el APRA es el único partido que se opone al voto electrónico, coherente (¿¡coherente!? ¡Eso sí es noticia) con la postura mantenida en el pasado, dado que el propio García observó el anterior intento de aplicar el voto electrónico. La virtualmente electa para la alcaldía provincial de Lima por Fuerza Social, Susana Villarán, declaró:

«Todas las bancadas están de acuerdo con el voto electrónico, salvo la del partido de gobierno; ellos deben reflexionar, todo el país quiere estar a la altura del primer mundo, no dicen eso que el Perú está desarrollado, entonces por qué siguen con un sistema de votación del siglo pasado»

Que se lo pregunte a los holandeses, que han vuelto a esos «antiguos» métodos del papelito impreso. Que se lo pregunte también a todos los que han sufrido el sistema electrónico, su inseguridad inherente (y mayor que la del sistema convencional), la pérdida del secreto del voto y la falta de fiscalización real, a diferencia del método clásico.

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¿Libertad de prensa? Siempre que no toques al gobierno…

En Panamericana TV no se toca al presidente, no se toca al gobierno, no se tocan temas sensibles, no se hace periodismo, se hace prensa oficialista o, en su caso, negocios. Nada más ni nada menos. Y bien hacen César Pereira y buena parte del (ex) equipo de «Enemigos Públicos» en renunciar, en tanto que no se les deja ejercer el periodismo, esto es, se les censura. En fin, les recomiendo que lean: «Censura confirmada en Enemigos Públicos: habla el ex reportero» Y vean la entrevista al periodista Pereira. (¿Y no se montan marchas por la libertad de información ante estos hechos? ¿qué es peor, tener canales públicamente intervenidos por el gobierno -y que todos lo sepamos- o que el gobierno los controle a punta de chantaje? Pregunto nomás.)

Limitan la «confesión sincera»

Y nos han colado un endurecimiento de las normas penales. Así, mientras Lima veía el final de la larga carrera electoral (vean un conteo no oficial que procesa las actas observadas también acá), los congresistas continuaron su trabajo y, en el pleno, dieron luz verde a una reforma penal. Se limitan los beneficios por confesión sincera, además de para el secuestro y la extorsión, a partir de la entrada en vigor de la reforma, para los delitos de parricidio, asesinato (pero no otras formas de homicidio, ni para los casos de violencia de género), instigación o participación en «pandillaje pernicioso», violación sexual de menores, hurto y robo agravado, narcotráfico, genocidio, desaparición forzada, tortura y terrorismo, ni a los reincidentes o delincuentes habituales. (¿Y los corruptos? Bien gracias.)

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Contando todas las actas de la ONPE (no oficial)

Gran trabajo de FJ haciendo un «scrape» a las bases de datos publicadas de la ONPE para poder contabilizar todas las actas allá colgadas, y así clasificar las errores y colocar los resultados transparentando la información de las actas «observadas», pueden ver los resultados en De Igual a Igual: «Contabilizando actas de Lima – Elecciones Municipales 2010». Con los datos de todas esas actas, incluso en la peor de las situaciones para FS, seguiría ganando la elección aunque por un margen estrecho.

¿Voto electrónico? No gracias

Dentro de todos los medios y suspicacias que está levantando la larguísima demora de la ONPE para proclamar los resultados (máxime teniendo en cuenta la cantidad de actas observadas o, lo que es mucho peor, perdidas y reencontradas), del trabajo sucio que se ha hecho en campaña (los trabajadores de la municipalidad de Lima, regida por Castañeda, colgando carteles anti-FS en las madrugadas) y en el día de las elecciones contra Susana Villarán (Fuerza Social), contando la detención del jefe del Área de Gestión Patrimonial de la alcaldía provincial (por tener folletos contra Susana para repartir el día de las elecciones), hacen que estas elecciones cada vez huelan peor (y no es que el hedor inicial fuera bueno precisamente), a mí me da miedo, de paso, que todo esto se use para justificar la aprobación del voto electrónico, ¡como pide la jefa de la ONPE!

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Distritales y provinciales

Realmente votamos por las personas, y somos capaces, sin mucha dificultad, de votar por un candidato de una ideología para un puesto (digamos la alcaldía provincial) y de la contraria para otro (como la alcaldía distrital) en las mismas elecciones sin demasiados problemas. Además, se está tendiendo (frente a la alta dispersión en que votamos en algunos ámbitos) a concentrar los votos para los cargos ejecutivos en pocos candidatos (en el caso limeño, básicamente en dos candidatos, al punto que en los 43 distritos ganó o una o la otra, pero no un tercer candidato). En cinco distritos, que no son pocos (de 42 que eligen alcalde distrital), Villarán ha vencido en la fórmula provincial y el Partido Popular Cristiano se ha llevado la alcaldía distrital, si bien es cierto que Lourdes Flores (del PPC) sacó un número similar de votos que su par distrital (no el mismo), sí habría que preguntarnos cómo y por qué los ciudadanos que apoyaban al partido de Susana Villarán (FS) no dieron su confianza al candidato distrital por esta formación (sin contar Carabayllo, donde FS directamente no presentó candidato distrital), en algunos casos la diferencia es abismal (30 puntos entre Villarán y su candidato distrital en San Juan de Lurigancho).

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Partidos nacionales y elecciones regionales

Si algo llama la atención en estos comicios es la poca presencia en los medios se supone que nacionales de las regionales, y este poco apego de los medios tiene un rebote en la presencia de partidos nacionales en las regiones. El Partido Aprista Peruano es la fuerza que a más presidencias regionales se presenta (22 de 25, claro que para algo metieron el tema de la segunda vuelta, a sabiendas que les podía favorecer), mientras que otros como el Partido Popular Cristiano (que se disputa la alcaldía  de Lima) casi son inexistentes en el interior del país (y son la tercera fuerza del Perú, se supone).

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Todos son «outsiders»

«[U]n outsider es alguien nuevo en política. Pero no todos los nuevos en política son outsiders. Para serlo su capital electoral tiene que provenir desde afuera del sistema político.»
Carlos Meléndez (alias El Jorobado)

En Perú tendemos a usar un término más o menos de moda independientemente de su significado, y lo usamos en algo que «se parece», y si es un barbarismo mejor, lo usaremos hasta en lo imposible. Pasa con los «outsiders», los cuales se buscan desesperadamente, pero no solo los «de verdad», sino que hasta un ex ministro puede ser considerado «outsider», demostrando que el idioma se puede usar como nos dé la santísima gana. Y así llegamos a El Comercio, medio que se le supone serio, para encontrar un artículo titulado «¿Quiénes serían los ‘outsiders’ favoritos para las elecciones presidenciales del 2011?» donde nos presentan estos posibles nombres: Susana Villarán, Álex Kouri, Jaime Bayly, Pedro Pablo Kuczynski y César Acuña.

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La insuficiente derogación del DLeg Nº 1097

Finalmente se derogó. Primero se publicó en El Peruano una fe de erratas que rehacía parte del Decreto Legislativo Nº 1097 para, luego, ser votada la derogación en el Congreso de la República propuesta por el propio gobierno. Se aprobó con 90 votos a favor y uno en contra. Ese único y solitario voto contra la derogación del cuestionado y cuestionable decreto legislativo (que básicamente producía una «amnistía» para militares y policías procesados por delitos contra la humanidad) vino de la mano del congresista aprista y vicepresidente de la República, el vicealmirante en situación de retiro Luis Giampietri.

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García: haciendo lo que no debe

La legislación electoral es clara: «A partir de la convocatoria de las elecciones, al Estado le está prohibido, a través de publicaciones oficiales o estaciones de televisión o imprenta, públicos o privados, efectuar propaganda política en favor o difusión de información en contra de cualquier partido, agrupación independiente o alianza.» (artículo 192 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley Nº 26859, aplicable según la DCyT Primera de la Ley Nº 26864 de Elecciones Municipales). El Estado no puede posicionarse en contra de una opción política, el Presidente, como jefe del Estado, es el representante del Estado, ¿qué rayos hace García diciendo cosas como esta: «No entreguemos la Educación a intereses sindicalistas»? Y seguimos con el «y vienen los rojos».

¿Cuando la presión internacional y mediática funciona?

Me alegra ver que el gobierno puede que recule con el tema del Decreto Legislativo Nº 1097, pero me sorprende cómo se han desarrollado los hechos. Esto es, hablamos de un Decreto Legislativo dentro de un paquete publicado el 3 de septiembre, y en unas semanas el gobierno ha pasado de una defensa numantina del ignominioso texto a plantear la derogación del mismo. El medio es distinto, un proyecto al congreso para que este derogue el Decreto legislativo.

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Decreto Legislativo 1097: Una ley contra la que hay que luchar

El pasado miércoles 1 de Septiembre se publicó el Decreto Legislativo Nº 1097, de aplicación de normas procesales por delitos que implican violación de derechos humanos, que gracias a la delegación de facultades legislativas por parte de la Ley Nº 29548, el gobierno ha dado una legislación especial para los procesos y condenas contra personal militar y policial implicados en violaciones de derechos humanos (y solo para ellos). En la misma se declara que simplemente se pretende adelantar la vigencia del Nuevo Código Procesal Penal (Decreto Legislativo Nº 957) pero se incluye una serie de previsiones propias que no existen en dicho código y un reemplazo de medidas preventivas o preliminares que favorecen al procesado militar o policial frente a los civiles.

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