Autor: Jomra

Una clara manifestación de la inestabilidad política del país es el baile de partidos. No es que una persona cambie de bancada, no no. La cosa es que se cambian los partidos enteros, no existen de verdad ideologías detrás de los mismos, sólo personalismos que cubren con un manto llamado "partido" al líder de turno para ensalzarlo. Caudillos incapaces de adaptarse a una construcción social ya existente y cambiarla en lo que sea necesario, esto es, incapaces de jugar democráticamente en un partido y que prefieren construir un ente para sí mismos.

Está claro que en parte es por el funcionamiento de los partidos, donde la democracia interna (salvo honrosas excepciones, aquí y allá), donde las asambleas y la participación de los militantes son nulas, donde los puestos en la lista electoral que toque se compran, no se eligen de forma transparente, donde el dinero es lo único que importa y donde, a fin de cuentas, son esos personalismos los que atraen a un montón de chupaculos dispuestos a vivir a la sombra de un señorito con tal de pillar cacho. La torta es grande y quieren su pedazo.

Ulises Humala, uno de los candidatos presidenciales en este 2006 por "Avanza País" (con un resultado más bien malo), quien es uno de los dirigentes de los etnocaceristas peruanos está en proceso de creación de un nuevo partido. A su vez, recuerda cómo el Partido Nacionalista Peruano (dirigido por Ollanta Humala, su hermano).

Así pues, Ulises va en la línea de otros líderes peruanos (o que se creen líderes), contando por supuesto a Ollanta (que sin problemas hace alianzas con partidos que nada tienen que ver con el suyo, como puede ser UPP), a Fujimori y similares. Están los que hacen alianzas entre minúsculos partidos con más o menos tradición y otros de "líderes" para formar macropartidos donde nadie sabe para quién trabaja, y donde está poco claro a quién apoyarán como "gran líder", por una vez y sólo por esa vez.

Es triste pero cierto. Incluso los partidos más "tradicionales" (no me refiero por postulados, sino por tiempo de existencia, experiencia como partido) han caído en la dinámica del caudillismo, incapaces de mantener un electorado por las ideas que se supone propugnan, entre otras cosas porque nadie las conoce. Y ellos no tienen ganas de crear respuestas estructurales basadas en un punto de vista concreto y fundamentado ¿Para qué si pueden realizar arengas populistas?

En fin, esa es la dinámica de nuestro Perú político (y no me refiero a la buena página "Perú Político", por supuesto), y es un problema más entre todos los que ya tenemos, que sirve para aumentar la dificultad de un buen funcionamiento de nuestra sociedad y que, por supuesto, el común de nuestros políticos no está dispuesto a "solucionar". No les conviene.

Pero no importa, que pongan cortinas de humo por favor. Pero al menos, si nos da circo (que ya lo tenemos) que nos den pan.

De una forma u otra Abimael Guzmán iba a pasar toda su vida en la cárcel. El filósofo autoproclamado la cuarta espada del marxismo (¡¡vaya cara!!) no tenía opción alguna de salir de prisión, ya sea por sus múltiples y eternos procesos, ya por sentencias largas (o eternas) o porque está ya viejo (pronto cumplirá 72 años), poco le queda para fallecer (¿un decenio? no mucho más).

Recordemos que el Tribunal Constitucional declaró nula (en el 2003) la sentencia de cadena perpetua impuesta por un "poco legal" tribunal militar (de esos que se liaron a condenar a gente que luego, en juicios frente a la Justicia ordinaria, se vieron absueltos), así pues, Abimael Guzmán tenía que ser juzgado por los tribunales ordinarios del orden penal y ayer, viernes 13 de Octubre, se dictó sentencia para el líder de la banda terrorista con más muertos a sus espaldas durante la Guerra total contra el Estado.

Guzmán ha sido juzgado junto con otros dirigentes de Sendero Luminoso, el cargo es de "Terrorismo en Agravio del Estado" (demonios, qué poco me gustan esos cargos "contra el Estado" que se vuelven de más peso que los directamente relacionados con la vida, pero así está el mundo, donde el fuerte decide cómo protegerse mejor), se acusó a Abimael de ser el autor mediato de todos los delitos de Sendero Luminoso, no sólo era la cabeza visible del movimiento maoísta, sino que también era el ideólogo y líder de la organización que, luchando por los derechos de los campesinos y demás, se dedicó a matar a quienes decía proteger. A fin de cuentas, el caso "principal" en las acusaciones fue el de Lucanamarca (vea el informe de la CVR o un buen resumen hecho en Desde el Tercer Piso), no sólo por lo salvaje de la acción terrorista, sino por la "autoconfesión" de la participación directa del propio Abimael.

La Sentencia.

La lista de delitos era larga, para él y los suyos, estaba cantado que las penas serían más bien largas, eternas casi. Unas ocho horas de lectura de sentencia, nada más ni nada menos. Las sentencias fueron dispares, el cabecilla de la banda junto con Elena Iparraguirre (camarada Miriam) recibieron la "máxima", cadena perpetua por su pertenencia y dirección de banda terrorista, y todo eso de lo que se les acusaba.

El resto de penas son de 35 años a 25, salvo la de "Feliciano" (cuyo verdadero nombre es Óscar Ramírez Durand), que es de "tan sólo" 24 años de prisión. El "trato a favor" que recibe el cabecilla Feliciano se debe a que es el único que se confesó culpable (el resto niega el terrorismo y apuesta por una guerra popular), y que ayudó mucho a los tribunales comentando con lujo de detalles todo lo relacionado con la organización terrorista así como los modos de actuar y tal. A Yenny Rodríguez Neyra le cayeron 33 años mientras que al senderista Pedro Quinteros 30 años.

Para no demorarme en redactar el resto de condenas, cita textual al canto: «Las dirigentes Laura Zambrano, y María Pantoja, fueron sentenciadas a 35 años, mientras que Angélica Salas, Margie Clavo, Martha Huatay, Víctor Zavala, Margot Liendo, Osmán Morote, y Victoria Trujillo, a 25 años de cárcel.» (según Terra España).

Las penas, cabe recordar, se computan desde la entrada en prisión para ser juzgados (como no puede ser de otra forma), así que muchos de los dirigentes, apresados a finales de los ochenta, estarían próximos a salir de prisión (se espera que los primeros liberados pisen la calle en el 2013).

El fiscal no está muy contento con la sentencia, puesto que pidió cadena perpetua para toda la cúpula. Pero al menos este proceso (por más que la defensa diga que no contó con todas las garantías, hasta Amnistía Internacional estaba por la labor de apoyar la perpetua y sí ve todas las garantías en el proceso) no será declarado inconstitucional como el nada bien realizado juicio militar.


No hay nada terminado.

Hay algo que me parece pura demagogia en todo este proceso, acá no se cierra un pimiento de la historia del Perú, las heridas siguen abiertas y aún hay responsables de matanzas en las calles, y están siendo protegidos por el Estado y el Parlamento. Quiero ver a todos los responsables siendo juzgados por sus actos, no sólo a los de un bando, sino a los dos, quiero ver a todos esos militares que realizaron ejecuciones, prendieron fuego a pueblos, mataron a campesinos, cumpliendo la ley, entre rejas, al igual que los otros violadores de derechos humanos.

No hay justicia mientras que ésta sea a medias. No podemos hablar de un portazo final a un conflicto mientras que los grandes dirigentes de la nación nieguen y renieguen de los hechos, mientras las noticias le cuelguen los setenta mil muertos a los terroristas y no digan ni pío del reparto de muertes, que no todas las cometió Sendero (aunque sí es quien inició el conflicto). ¡Qué fácil es negar la realidad cuando les conviene! En otros momentos, la aplauden y ratifican.

La verdad es que me parece increíble que nadie haya recordado la cantidad de gente impune, que sigue al mando de nuestros ejércitos, que se presenta a elecciones, que continúa trabajando y que no ha pasado ni un día en prisión, o esa otra cantidad que está en procesos que el Gobierno casi tacha de antipatriotas, que las fuerzas militaristas repiten y repiten que todo es una persecución.

Cerremos la guerra interna de una vez, juzgando a todos quienes cometieron violaciones de derechos humanos, no dejemos que esto sea una excusa más para los terroristas, un "El Estado aplasta a Sendero y se lava las manos de sus responsabilidades".

Noticias:

• Hoy dictan sentencia contra Abimael Guzmán y cúpula en El Comercio.
• Sentenciarán a Abimael Guzmán y a secuaces en El Comercio.
• Tribunal le impuso 24 años de prisión a "Feliciano" tras confesar crímenes con SL en El Comercio.
• Cadena perpetua para Abimael Guzmán en La Razón (Bolivia).
• Greta Minaya advierte doble posición en sentencias para Abimael Guzmán y Víctor Polay en CPN Radio.
• El gran genocida Abimael Guzmán morirá en prisión en La Primera.
• Opinan por pena severa para Abimael Guzmán en La Primera.
• Cúpula senderista pasará el resto de su vida en prisión en Terra.
• Cúpula de Sendero Luminoso escucha histórica sentencia en Perú en Terra.
• Más información en Google News.

Otros bitacoreros hablan de esto:

• Buena la crónica en el Útero de Marita bajo el título de "Las sentencias contra Sendero Luminoso".
• Todo lo que quiso saber de "Lucanamarca" en Desde el Tercer Piso.

Una cita obligatoria para todos aquellos que puedan y estén contra la pena de muerte, es hora de hacernos oír a la antigua usansa, recuperemos la calle. Amnistía Internacional, ferviente activista para conseguir la abolición de la Pena de Muerte, junto con una serie de organizaciones de Derechos Humanos y similares convocan, para el 10 de Octubre (martes) a las 6 pm frente al Palacio de Justicia un plantón. Recordemos que el tema de la pena de muerte no es simple retórica de sus defensores, sino que ya hay tres proyectos de ley presentados para ampliar la pena de muerte a los violadores de menores.

De los tres proyectos de ley, dos pertenecen al APRA (uno presentado por el grupo parlamentario Aprista y el otro por el ejecutivo) y otro ha sido presentado por Unidad Nacional, que, cabe destacar, es el que más amplía el supuesto en que se aplicaría la pena de muerte, siendo también la más explicada.

Las dos del APRA estiman que el Perú no tendrá que denunciar el Pacto de San José (Convención Americana de Derechos Humanos) ya que cuando el Perú firmo ese instrumento internacional, preveía la pena de muerte para los casos de violaciones de menores de siete años que acabaran en la muerte de la víctima, y en una interpretación excesivamente positivista concluyen que no existe ampliación de la pena de muerte puesto que es el momento de la firma el que debe considerarse y no cuando se "amplía" la pena de muerte (esto es, abolirla y luego "regresarla" sería válido).

La propuesta de UN, a sabidas cuentas de la ampliación que sí propone (tanto a la legislación actual como a la pasada, cuando se firmó el instrumento de derechos humanos a nivel americano) pide que tras aprobar la reforma constitucional para ampliar la pena de muerte a los delitos de violación de menores de nueve años y a los discapacitados físicos y mentales, y al resto de delitos de violación de menores de edad y mayores de nueve años que acaben en la muerte de la víctima, el Congreso deberá denunciar el Pacto San José (que es un tema de un año, esto es, aprobación de la reforma y denuncia con preaviso de un año).

W. Ocram, en una entrada titulada "Plantón contra la pena de muerte" reproduce la nota de prensa de APRODEH en que se destaca la contradicción del APRA con la Internacional Socialista (esa organización de partidos socialdemócratas) que mantiene desde hace años una campaña contra la pena de muerte. Pero ya sabemos cómo se las gastan en el APRA, no sólo se contradicen constantemente, sino que lo hacen a propósito, tienen dos o tres discursos totalmente distintos según el interlocutor y se aferran a medidas populistas aunque realmente ni crean en ella ni vean nada productivo en dicha medida. Pero los votos son los votos.

En fin, para terminar como comenzamos, recuerden: Martes 10 de Octubre frente al Palacio de Justicia a las 6 de la tarde ¡¡Plantón contra la pena de muerte!! Porque es de justicia oponerse a un Estado violador de los derechos Humanos.

Entre las noticias de APRODEH de hoy (5 de octubre, todavía no tiene "enlace permanente" propio, pero el código de la nota es "2006-04732") me encuentro con una un tanto desagradable. El ex comandante general del ejército, Carlos Tafur, pide una aministía general a los miembros de las fuerzas armadas y de la policía que participaron en la lucha contrasubversiva juzgados por presuntas violaciones a los Derechos Humanos.

La petición la realizó ni más ni menos que en el Congreso de la República, donde indicó que no sería un beneficio "indiscriminado" puesto que el Poder Judicial debería seleccionar a los candidatos idóneos para ser amnistiados. ¿Se ríe de nosotros? Por un lado, habla de amnistía general, pero en la práctica sería una serie de amnistías particulares hechas de forma cuasimasiva en que se le pide al PJ que prejuzgue una serie de casos. Mejor que terminen los procesos lo antes posible y con todas las garantías para las partes implicadas que andar pidiendo amnistías.

Claro, teniendo en cuenta que congresistas como Lourdes Alcorta (de Unidad Nacional -UN-) siguen acusando a la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) de dividir al país al indicar que las fuerzas de seguridad cometieron violaciones contra los derechos humanos. En particular, esta congresista no se corta un pelo en decir que las ONG tienen algo contra los militares y le resulta inexplicable que aún haya juicios, tras más de 10 años, a miembros de las fuerzas armadas. Señora, lo increíble es que aún haya impunes, que tras 10 años sea tan difícil juzgar a presuntos criminales.

La consigna de cerrar los ojos y mirar para otro lado no soluciona nada, no tapa la existencia de un problema ni mantiene unidos de la mano y felices a los miembros de una sociedad, salvo que nos guiemos por las máximas del Ingsoc (de la novela 1984 de George Orwell) y digamos que "la ignorancia es la fuerza" y que la única forma de evitar la existente fractura social y solucionar el problema de la cantidad de víctimas que dejó el "conflicto armado interno", sobre todo por las desamparadas víctimas del bando vencedor (el Estado) es decir que tales víctimas no existen porque jamás hubo nada, que ningún militar se propasó, que las matanzas no existieron, que el grupo Colina en realidad eran unos angelitos, que ningún militar jamás violó a una mujer en los andes peruanos dentro de las zonas conflictivas, que en las cárceles nunca hubo represalias excesivas sobre y que todos esos desaparecidos que posiblemente estén enterrados en alguna de esas fosas comunes cavadas por nuestros soldados (¿Por qué un soldado cava fosas comunes? Desde ahí vemos que algo ha fallado) que seguimos encontrando acá y allá con personas ajusticiadas sin que jamás se haya comprobado su vinculación con uno de los cuerpos terroristas que aparecieron en el país. Y un sin fin más de casos. Pero cierran los ojos y sonríen felices por no ver lo que pasa.

Pero no, mejor hay que decir "inmunidad", una y mil veces, decir que todo esto daña al ejército (mientras esas mismas personas piden el encarcelamiento y juzgamiento de Ollanta Humala ¡¡qué ironía!! A fin de cuentas, son por hechos y fundamentos iguales al resto de denuncias existentes sobre violaciones por parte de militares) y que por el bien de la sociedad, es mejor darles una medalla y una palmadita, porque así volveremos, todos los peruanos, a estar unidos. ¿Esta gente dónde vive? En serie, es algo que me da vueltas a la cabeza. ¿En una realidad paralela? La sociedad estaba fracturada y eso permitió la existencia de varios movimientos terroristas a lo largo de nuestra historia, y fueron los gobiernos los que usaron las mismas técnicas que los terroristas en la "lucha antiterrorista", violaciones de derechos humanos impunes durante demasiado tiempo, hechos no denunciados o que cuando se denunciaron ni siquiera se investigaron, pero mejor es la ignorancia. Es más práctica para algunas personas.

Pero no pueden decir que todo fue perfecto y lo saben, a grupos como el Colina nadie defiende, así que no pueden pedir amnistía general de verdad (Ollanta se libraría del proceso abierto), y tienen que pedir una selectiva, en que se libren los que ellos quieren, en que jamás se llegue a investigar a Alan García (¿recuerdan la querella en Chile? Y como ya he dicho, las contingencias políticas no deben estar sobre los derechos humanos), en que la mayoría de los casos abiertos sean cerrados, en que las víctimas jamás sean reparadas, en que se saque la vuelta al sistema penal impidiendo que una de las fuerzas más grandes que han vulnerado los derechos en Perú se salte a la torera las leyes del país que dicen defender. Haciendo esto SÍ que fracturan la sociedad. Todos aquellos que cierran los ojos ante lo pasado deciden excluir a gran parte de los peruanos.

La manía de pedir que no se investigue y no se persiga a los presuntos culpables es someter al Estado de Derecho a los deseos de una fuerza armada, es darle carta blanca a un ejército capaz de aliarse de corazón con presidentes golpistas (y sí, hablo de Fujimori como el más reciente), es volver inoperante un Derecho que debe aplicarse a todos por igual, sobre todo a quienes tienen órdenes de cumplir y hacer cumplir este Derecho. Algo que sabemos no hizo nuestro ejército.

Eso sí, para demostrar la inocencia de su lado defendido lo que piden es que no se actúe contra ellos, cualquiera que lo haga es simplemente un antipatriota (como hace unos días nos dio a entender Alan García), se acusa a la CVR de algo que no es (típico, se dice que no culpan a Sendero de todo el tinglado, cuando es una de las primeras conclusiones del Informe Final), se ataca a las ONG por perseguir a los militares, de ensuciar el nombre de gente que tiene el expediente limpio, en otras palabras, buscan por todos los medios posibles matar al mensajero y no hacen nada por demostrar la falacia del mensaje.

La impunidad es un gran mal para cualquier sociedad, y estos sujetos se lían a pedirla. En fin, paro un poco, que si eso me tiro un día y no terminaría con la queja sobre la actitud repulsiva de estos sujetos. Dejen, señores matamensajeros, que los procesos avancen como deben, velen para que sean correctos, pídanlo, exíjanlo, participen, pero no toquen las narices pidiendo la impunidad, demuestren la inocencia de los acusados injustificadamente, pero no eviten investigaciones, no es nada sano ni para el Estado de Derecho en general ni para el ejército en particular.

Aunque el Terrorismo tuvo verdaderos picos en 1983 y 1984, no fue hasta la llegada al poder de Fujimori, en concreto, hasta el autogolpe de 1992, en donde vemos la relación entre el poder político y la conducta criminal (en palabras de la CVR, a la que sigo mucho en el presente escrito). Desde el gobierno se configura un sistema en que todos los poderes del Estado quedan al control del ejecutivo; el cual aprovecha fórmulas legales/formales para asegurar la impunidad de una sistemática violación de los Derechos Humanos. Y de la Corrupción.

Fujimori no crea un nuevo sistema antiterrorista, sino que aprovecha la “estrategia integral de las Fuerzas Armadas (FA)”, aplicada desde 1989, aumentando muchísimo la autonomía y discrecionalidad a las FA e imposibilitando el control de sus acciones. En un principio, permitió a la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía (DIRCOTE) continuar con su trabajo.

Poco a poco fue aumentando el poder del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), controlado por Vladimiro Montesinos. Hay que recordar que Montesinos formaba parte de un grupo civil y militar que ya preparaba un golpe de estado para tener una “democracia dirigida” y permitir el accionar “libre” de los militares contrasubversivos, que ya planteaban (desde el 89) la necesidad de violaciones de derechos dentro de campañas psicosociales para acabar con el Terrorismo, Fujimori no se enfrentó a Montesinos, sino que se apoyó en él y, a fin de cuentas, lo superó (al imponer su personalismo frente al gobierno sin rostro pretendido por el asesor). El plan político – militar (llamado “Plan Verde”) se basaba en la creación de un poder “Democrático aparente”, con un poder militar por detrás, secreto, que gobernara el país al margen del desgaste político y con plena libertad de acción.

El Congreso no estaba por la labor de continuar la senda marcada por Fujimori (que, mal que bien, iba por el camino del Plan Verde), donde el mismo no tenía mayoría alguna, así pues, las cámaras comienzan a evaluar un plan contrasubversivo propio, en contra de los decretos dispuestos por el presidente. Mejor dicho, modificando dicha regulación para alcanzar un consenso de cómo canalizar la lucha antisubversiva. El 5 de Abril se produce el golpe de estado, seguido por 9 meses de gobierno en que el presidente hace y deshace a su antojo, mediante DL, la organización del Estado, las FA y el SIN. Un Estado sin ley ni orden, donde el ejército comienza a sistematizar sus prácticas violadoras de DH, donde el SIN mantiene al llamado “Grupo Colina”, que tiene la misión de realizar “operaciones especiales” de todo tipo.

La DINCOTE (antes DIRCOTE) captura a Abimael Guzmán (líder de Sendero Luminoso -SL-) en Surquillo, este hecho es adoptado como un triunfo casi personal de Fujimori, que acrecienta la alta popularidad de la que ya cuenta para esas fechas. Poco antes, el 9 de Junio, Victor Polay Campo, líder del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) había sido recapturado (en 1989 fue capturado por primera vez, pero liberado de la cárcel mediante un túnel construido en el Penal Castro Castro, junto con otros 46 emerratistas), así pues, los cuadros dirigentes de ambos “ejércitos populares” estaban siendo fuertemente golpeados, no sólo se capturó a los máximos líderes de cada uno de los movimientos, sino a muchos dirigentes y mandos intermedios.

La detención de Abimael Guzmán se produjo al final de una breve escalada de violencia acordada en 1989 en el seno de SL, donde se decidió que la guerra contra el Estado debía responder a una estrategia equilibrada, y llevar más terror a las ciudades (sobre todo a Lima). Por otra parte, las zonas declaradas de emergencia (más o menos un tercio del Perú), están controladas por los Comando Político Militares, donde la vida de dichas regiones queda sometida a mandos militares no controlados por ningún otro poder. Estos CPM tienen un alto grado de autonomía, total impunidad, y control de la policía nacional allá donde existieran (aparte de ser aparatos adscritos a las FA).

Dentro de los altos cargos de las FA se realizó una “limpieza”, así pues, todos los altos mandos de la marina que no estaban demasiado de acuerdo con estas medidas fueron destituidos, al igual que se cambiaron los máximos líderes del Comando Conjunto y de las Fuerzas Aéreas. A su vez, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa pasan a manos de generales del Ejército. Así como puestos altos dentro de los ministerios son militarizados.

Es curioso que el primer hecho de impunidad se dé sobre Alan García, el Congreso impidió la acusación contra el mismo en una época en que el fujimorismo aún era la tercera fuerza parlamentaria y tenía que mantener a los dos primeros grupos divorciados, para ello iba pactando con cada uno alguna política específica (económicas con la Derecha de Vargas Llosa y políticas con el APRA), como “favor” se impidió la acusación contra García como responsable de las matanzas de los penales.

La política de Fujimori en el tema subversivo comenzó a oscurecerse, a cinco meses de ser elegido se comenzaron a multiplicar las acusaciones de desapariciones, que no eran efectivamente investigadas. Se encuentra una fosa común en Chilcahuaico (a 50 km al noroeste de Huamanga, Ayacucho) con 17 cadáveres y otra con 18 en Chumbivilcas (Cusco). Más adelante se descubre en Chonta Punta (Ancash) un cementerio clandestino que, al parecer, era usado por la Policía Nacional. Desde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado se reclamaba que durante los primeros meses del fujimorato ya existían más de 200 personas desaparecidas en Huancavelica. Varias decenas de estudiantes (unas cuantas decenas) de la Universidad Nacional del Centro (Huancayo) fueron desapareciendo progresivamente. Nadie respondió por estos hechos, las comisiones de Investigación del Congreso no llegaban a puerto alguno. El campo de acción de los militares antisubversivos fue ampliado, incluso a las universidades San Marcos y La Cantuta. En 1990, a finales del mismo, el gobierno decretó que todas las acciones militares englobadas en las zonas de excepción quedaban en el fuero militar, no siendo competentes los juzgados ordinarios ya que se consideraba que su actividad “de servicio” duraba las 24 horas del día. Por otra parte, algunos generales de Brigada implicados en las matanzas del Frontón y Lurigancho, y en el asesinato colectivo de una comunidad andina en Cayara conseguían el ascenso en el Senado (la contrapartida para no juzgar a García).

A su vez, Fujimori aprovechó un consenso multipartito que le otorgaba facultades legislativas para desbordar al Congreso con más de 150 Decretos legislativos que no iban en la dirección planeada por la lucha antisubversiva pactada, más aún, la mayoría eran o ilegales, o inconstitucionales, o simplemente inadmisibles en cualquier democracia. Por ejemplo, todos los generales del Comando Conjunto pasaban a ser nombrados exclusivamente por el presidente, por el tiempo que éste considerara oportuno, se otorgaba plenos poderes al SIN, estando obligados el resto de ciudadanos y organizaciones a otorgarle lo que pidieran (en cuanto a información) y ampliaba los poderes de los CPM. Comienza la “guerra” entre el Congreso y el ejecutivo, concluyendo en el mentado golpe de 1992, que acabó también con el Poder Judicial, siendo totalmente “reorganizado”. Comenzó la persecución al líder del APRA. Fujimori comenzó un gobierno por decretos, y el Congreso Constituyente Democrático (CCD) no se opuso a ello (la mayoría absoluta fujimorista se lo permitía), más aún, se pusieron a dictar leyes de amnistía general a los presuntos violadores de DH por parte del ejército o la policía.

Se instauró el procedimiento de los jueces sin rostro, se puso la cadena perpetua para ciertos supuestos de terrorismo, se “agilizó” los procesos limitando la capacidad de defensa del imputado, se permitió que los tribunales militares juzgaran a civiles, juicios sumarísimos por el proceso militar a los responsables de terrorismo, por otro lado que se permitía juzgar en ausencia a estos acusados de terrorismo. En conclusión, la seguridad de un juicio justo o el debido proceso era inexistente.

La violencia terrorista, después de esos arrestos y de un acoso y derribo por parte de las comités de autodefensa y las FA, fue disminuyendo, deslegitimada por completo la lucha de Sendero tras el asesinato de la Teniente Alcalde de Villa el Salvador, miembro de la Federación Popular de Mujeres de dicho distrito, resultó contraproducente, pues fue considerado como una traición en que SL demostraba NO luchar por las clases populares, con lo que perdió la poca aceptación con la que ya contaba. Entre el 90 y 93 se registró una cantidad única de muertos por el conflicto, siendo el mayor aumento en Lima, después del 93 el descenso fue muy rápido. Lo reseñable es que la disminución de la violencia terrorista no fue acompañada por un cese de las violaciones de DH por parte de las autoridades, las violaciones de los mismos continuaron a manos del nuevo sistema judicial ya expuesto. Incluso, después del golpe, se conocieron nuevas formas de violencia Política. Las universidades y las cárceles pasaron a ser consideradas reductos subversivos. El control de las cárceles (sobre todo las dos mayores) pasó a manos del ejército, con amplios poderes, se reformó el INPE para dar más discrecionalidad a la autoridad. Una muestra del nuevo orden penitenciario son los sucesos en el Penal de Miguel Castro Castro, donde hubo unos problemas cuando se decidió trasladar a 100 reclusas, los senderistas se opusieron al traslado, el saldo de la operación se cuenta en 41 muertes de reclusos, entre ellas muchos líderes senderistas. Muchos hablan de una matanza selectiva de los mismos.

La universidad, hasta entonces muy autónoma y con un ingreso restringido de las fuerzas armadas, vio violada su autonomía en pro de una militarización de sus instalaciones, permitiendo a las FA y PNP entrar cuando consideraran que serviría para la lucha contrasubversiva. En 1992 se procedió a “desaparecer” a 9 alumnos y un profesor tras allanar una residencia Universitaria (de la U. Enrique Guzmán y Valle). En la U. del Centro la eliminación selectiva ya estaba sistematizada por las FA controladas desde un CPM. Por otro lado, el SIN dirigió una operación en la U. Cantuta que se saldó con varios muertos y desapariciones. Al poco tiempo se descubre que una serie de muertes (ejecuciones) y desapariciones en Lima eran perpetrados por el Grupo Colina, dirigido desde el SIN. Matanza en Barrios altos, desaparición de campesinos y de dirigentes de Asentamientos Humanos y el asesinato del dirigente de la CGTP, Pedro Huilca. Comienzan las desapariciones de periodistas.

Mientras tanto, la mayoría fujimorista impedía cualquier comparecencia de los militares en las pocas comisiones de investigación creadas para el seguimiento de algunos de los actos descritos, denunciados por militares descontentos con la “desprofecionalización del ejército”. El GD Robles denuncia públicamente los actos del grupo Colina, así como la violación sistemática de DH, tanto el MD como Fujimori salen a “desmentir” eso, y juzgan al General disidente. El SIN usa al ejército y se pasa la cadena de mandos por donde bien le parece.

La disminución de la violencia terrorista ocasionó que las FA se centraran en la persecución del narcotráfico, sin dejar de aplicar los medios usados contra los subversivos, con igual índice de violación de DH. Se debe tener en cuenta el vínculo entre el narcotráfico y SL, puesto que el mismo era su principal fuente de financiamiento. Comenzó la época de la guerra abierta contra los cultivos, donde comenzó el fuego masivo, bombardeos desde helicópteros, ataques indiscriminados a pueblos campesinos.

En el 95 se dictó una amnistía a todos los condenados por violación de DH en la lucha contra el terrorismo. Por otro lado, comenzaron los arrestos masivos de “inocentes”, que por el simple hecho de la sospecha fueron declarados culpables sin que exista un proceso debido. Por la presión, Fujimori se vio obligado a indultar a más de 500 personas (cuyas pruebas inculpatorias o fueron conseguidos mediante tortura o fabricadas por la fiscalía o FA), gracias a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, durante el 2000, los tribunales liberaron unas 600 personas. Curiosamente, se mantuvo el esquema antisubversivo, incluso, se amplió su zona de actuación, aunque ya no existía subversión (o era mínima). Esa estructura militar fue utilizada para favorecer su reelección en el 95.

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Esta es la segunda parte de la ponencia que hice para las Primeras Jornadas de Debate sobre América Latina (acá la crónica del día de la ponencia que realicé), es un resumen del primer quinquenio del gobierno de Fujimori en cuanto a la violación de Derechos Humanos y la actuación tanto del Gobierno como de las fuerzas armadas en esa época. La tercera y última parte tratan del último quinquenio fujimorista y unas conclusiones sobre los hechos.

La Primera parte la tienen en: «Pequeño y breve repaso sobre los primeros años de La Violencia en el Perú».