Solemos mirar con recelo los movimientos de la aun mayor potencia mundial en cuanto al tratamiento de los inmigrantes, es demasiado irónico que una población mayoritariamente inmigrante margine y desprecie a los inmigrantes «nuevos» por no ser «auténticos americanos», pero el resto del primer (y no tan primer) mundo no se queda atrás en el maltrato a los que vienen de fuera. El país en la «Unión Europea de los derechos humanos» que se lleva la palma en este sentido no es otro que Italia (aunque seguido bien de cerca por Francia, máxime si los inmigrantes son gitanos), que lleva un tiempo persiguiendo a los inmigrantes (criminalizándolos) y hoy ha dado un paso más: «Italia podrá confinar a los inmigrantes hasta 18 meses».
Mediante Decreto Ley el gobierno corrupto y corruptor de Berlusconi ha endurecido su legislación sobre extranjería, y el Senado ha dado visto bueno (151 contra 129 votos) a dicha reforma en que se permite que en los centros de expulsión para extranjeros indocumentados (verdaderas cárceles para inmigrantes) se pueda retener a estas personas hasta por 18 meses mientras esperan ser expulsados del país. Tres veces más que el tiempo máximo regulado anteriormente. Esta norma, lo que es peor, tiene cobijo en una Directiva Europea de hace tres años que permite que el plazo máximo de retención sea de 18 meses.
En Italia esta es una raya más al tigre, al punto que el Senado incluso empeoró la medida salida del ejecutivo, así la Liga Norte, esa extrema derecha que sustenta al gobierno, consiguió introducir una enmienda que obliga al gobierno para que este solicite a la OTAN que ayude en el control de flujos migratorios desde el norte de África. Y como recuerdan en Público:
En los últimos meses, el Ministerio de Inmigración ha aprobado una serie de decretos que hacen la vida más difícil para los extranjeros. En enero, por ejemplo, entró en vigor la obligatoriedad del examen de italiano para renovar los permisos de residencia, y la semana pasada el Consejo de Ministros dio el visto bueno al visado por puntos para todos los inmigrantes, obligándoles a conseguir un mínimo de 30 créditos si quieren obtener la residencia temporal.
A esto hay que sumarle el apoyo de Italia a las medidas más xenófobas aprobadas en la Unión Europea (que últimamente no son pocas), y el presidente se dedica a culpar a los inmigrantes de cuanto mal aqueja la península latina, y, por supuesto, relacionar temas de inseguridad ciudadana con los inmigrantes.
Ya es triste que los gobiernos de derecha y nacionalistas culpen al pobre extranjero de sus males y no hagan más que perseguirnos, pero es peor que los ciudadanos compren ese discurso y lo asimilen como propio, y den la razón a esas posturas en las urnas (esto se ve en el ascenso de la extrema derecha en toda Europa, y en el discurso racista de la derecha y el centro derecha, como pasa en varios municipios españoles bajo mando de CiU o el PP, o las medidas tomadas por el PSOE en el poder nacional).
Debemos, todos nosotros, luchar para el reconocimiento de los inmigrantes como personas, sujetos de derechos, que sean (seamos) tratadas (os) dignamente, y eso comienza por combatir contra la «cárcel administrativa» que supone esa retención temporal de, ni más ni menos, ¡un año y medio! La prisión preventiva en Italia, si no se ha pedido juicio, dura como mucho un año para delitos con penas de prisión de más de 20 años, y con todas las prórrogas posibles y cumpliendo todos los plazos anteriores, tiene un máximo de dos años de duración para delitos con pena de hasta seis años (art. 303 del CPP), y esta medida es mucho más excepcional que el arresto administrativo al que someterán a los inmigrantes indocumentados, sin control judicial de ningún tipo, esto es, se tratará peor a los inmigrantes que a los delincuentes.