Un error común es creer que los menores son incapaces de opinar y decidir. En realidad la norma general es que se les debe escuchar desde los 12 (actualmente ya se presume madurez desde esa edad para casi cualquier tema) y que desde los 16 años ya prácticamente son mayores para dar su consentimiento en cualquier tema. No es raro, pues también es la edad en que ya se pueden emancipar legalmente (art. 317 del Código Civil… hasta hace nada -unos días- el matrimonio podía emanciparte desde los 14 años -con dispensa judicial para poder contraerlo; ahora es requisito estar ya emancipado para contraer matrimonio y es necesario tener al menos 16-). Sin entrar en los casos de menores emancipados, son importantes dos normas para entender la capacidad del menor: la «Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor» (vamos a fijarnos en la redacción dada por la «Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia», aunque esta aún no haya entrado en vigor) o LOPJM y la «Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica» o LAP.
Mes: julio 2015
Mala praxis presupuestal: ministerio de Defensa
El gobierno de España y el partido que le sustenta se deberían llevar un premio por mala praxis legislativa; abuso del Real Decreto Ley; uso aplastante de la mayoría absoluta para impedir que determinados Reales Decreto Ley se procesen posteriormente como Proyectos de Ley; uso y abuso de las leyes ómnibus; uso y abuso de la inclusión, vía enmienda, de reformas en leyes que no tienen mucho que ver con la que se está debatiendo -dos ejemplos sangrantes: la propia abdicación del monarca y las «devoluciones en caliente» incluidas en el proyecto de Seguridad Ciudadana-. Incluso, una de las pocas proposiciones de ley salidas del Grupo Popular solo se hizo para evitar pedir los informes que el gobierno hubiese tenido que solicitar si el proyecto fuera suyo. Pero tal vez uno de los casos más graves se encuentre en la partida presupuestal del Ministerio de Defensa.
Una vieja polémica… y un título franquista
Actualización 23/7/15: volví a revisar el artículo en la edición en papel de El Norte y no es un editorial, es una nota firmada (de alguien cuyo nombre he vuelto a olvidar) en la parte central de la zona de opinión. Por favor, donde hablo de «editorial» lean «columna».
Algo que me molesta es cuando se asume, en cualquier escrito, que una persona es mala, inmoral y antiética simplemente porque no comparte el gusto por, digamos, los títulos militares. Algo así hace el editorial de El Norte de Castilla de hoy día (21 de julio) cuando insulta directamente a los que no compartimos «orgullo» alguno porque se te conceda un título militar (ni en tiempos de paz ni en tiempos de guerra). Y no necesariamente es, como afirma ese artículo de opinión del diario, porque no seamos «los protagonistas», sino, simplemente, porque no creemos en la institución o la razón por la que se da.
AlB: Lee Los Lunes e Igualito
Muchos, muchos temas pendientes e importantes: desde el retroceso brutal en derechos tras la entrada en vigor del dueto Ley de Seguridad Ciudadana (ley Mordaza) y la Reforma del Código Penal (con su cadena perpetua llamada «prisión permanente revisable»), pasando por lo de Grecia y mil y un temas en Perú que merecen unas líneas… al menos, que tengo ganas de dedicárselas. Pero ahora solo vengo con un «amenizando» doble:
Corte IDH: que se investigue la muerte de «Tito»
Han pasado muchos años (tal vez demasiados) y el Estado sigue jugando a tapar toda su porquería y usar, para ello, la demagogia, la represión y, por supuesto, la victimización. La operación «Chavín de Huántar» fue un éxito y quien cuestione alguna coma de la realidad oficial es un proterruco. Esa es y ha sido la postura del Estado peruano en todo este tiempo y de cuándo en cuándo sale la Corte Interamericana de Derechos Humanos recordando que con los Derechos Humanos no se juega y que, por más terroristas despreciables que sean quienes tomaron la casa del embajador japonés y a todos esos rehenes, las ejecuciones extrajudiciales se deben investigar.