Mala praxis presupuestal: ministerio de Defensa

El gobierno de España y el partido que le sustenta se deberían llevar un premio por mala praxis legislativa; abuso del Real Decreto Ley; uso aplastante de la mayoría absoluta para impedir que determinados Reales Decreto Ley se procesen posteriormente como Proyectos de Ley; uso y abuso de las leyes ómnibus; uso y abuso de la inclusión, vía enmienda, de reformas en leyes que no tienen mucho que ver con la que se está debatiendo -dos ejemplos sangrantes: la propia abdicación del monarca y las «devoluciones en caliente» incluidas en el proyecto de Seguridad Ciudadana-. Incluso, una de las pocas proposiciones de ley salidas del Grupo Popular solo se hizo para evitar pedir los informes que el gobierno hubiese tenido que solicitar si el proyecto fuera suyo. Pero tal vez uno de los casos más graves se encuentre en la partida presupuestal del Ministerio de Defensa.

El Estado conoce perfectamente que tiene unas obligaciones en los Programas Especiales de Armamentos (19), pero año tras año los quita de los Presupuestos Generales del Estado (para cumplir el déficit, para vender bajadas o congelamientos en la partida presupuestal de Defensa, para… a saber qué) y, como no puede ser de otra forma, a mitad de año (previo al verano) incluye, vía Real Decreto-Ley, un aumento en el presupuesto del Ministerio de Defensa para hacer frente a esas obligaciones. Así un Ministerio que tiene un presupuesto de unos 5,76 mil millones de Euros ve cómo todos los años se le inyecta al menos 850 millones extras. En el del 2015 (PDF, p. 31) lo explican así:

 «Con relación a los 6.842,50 m€ los que se ha dotado este Programa 122B, Programas Especiales de Armamento, están destinados a atender los gastos administrativos de los tres programas especiales internacionales, siendo conscientes que las necesidades financieras serán superiores a la dotación inicial del presupuesto. Durante los tres últimos ejercicios (2012-2013-2014) han sido cubiertas mediante Créditos Extraordinarios. Hasta el año 2030 están previstos pagos por estos conceptos, consecuencia de los contratos vigentes de desarrollo y fabricación, requiriendo tanto financiación presupuestaria como extraordinaria hasta cubrir los compromisos con la industria.»

Es un «sabemos lo que vamos a gastar» (lo saben hasta el 2030) pero no lo están presupuestando. No es un «gasto extraordinario» para nada (eso puede ocurrir, por ejemplo, con una participación en una misión internacional no prevista al elaborar los presupuestos, que requerirá un aumento del crédito), es una cuantía conocida, fija y continua que no se incluye de forma -personalmente creo- inconstitucional. Me parece que es una vulneración directa del art. 134.2 de la Constitución, que dice: «Los Presupuestos Generales del Estado tendrán carácter anual, incluirán la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal y en ellos se consignará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado.» Un gasto conocido se está obviando, a sabiendas, de los Presupuestos Generales del Estado. Y se hace todos los años desde hace un buen tiempo.

Recuerdo que en un debate el Ministro de Defensa afeó al portavoz del PSOE que «no quisieran pagar las obligaciones que tiene España» a lo que éste le contestó algo así como que sí querían pagar, lo que no deseaban es que se ocultara el gasto metiéndolo como Crédito Extraordinario en vez de en los presupuestos ordinarios (en el 2012 se hizo por el tema del déficit de forma clara y evidente, más si tenemos en cuenta que el RDL de aumento presupuestal fue de 1,78 mil millones). Al del PSOE, eso sí, habría que recordarle que esta moda del decretazo para los créditos del MD la trajo Rodríguez Zapatero (así cada ejercicio posterior a 2008 ha tenido su aumento presupuestal), que nos quiso vender una reducción de los presupuestos de Defensa que solo existía en los Presupuestos Generales, pero que a mediados del año ya había cambiado la cosa. No solo por los Programas Especiales de Armamento, sino en varios epígrafes más. En el debate sobre el proyecto de ley que viene del Real Decreto-Ley que aumentó los presupuestos, Joan Baldoví i Roda (Compromís), dijo:

«En concreto, los 5.768 millones consignados se han convertido ya en 7.368 millones; es decir, el desvío suma a estas alturas del año 1.600 millones de euros. Sabemos el destino de 856 millones por este decreto, sabemos el destino de otros 350 por las misiones internacionales, por la crisis del ébola o por dietas, pero nos falta por saber el destino de casi 400 millones que entran en el epígrafe de no tipificados. Me gustaría que estuviera el señor ministro para preguntarle si nos puede aclarar de una manera radical el destino de esos 400 millones, en qué se han gastado. »

Los programas especiales de Armamento son fruto de mil y un problemas; de abusos, de opacidad, de manipulación y de plena inutilidad… desde el 2011 vienen siendo harto cuestionados: armas innecesarias compradas a precio de oro en polvo con unos contratos absurdamente largos -de 2003 a 2030- y opaco. Esta situación, conocida, se supone que no era querida (al punto que el propio PP, desde responsables del Ministerio de Defensa, anunciaron reformas en el tema), pero nada se ha hecho para paliar el sobregasto. Más aún, se siguen aprobando créditos extraordinarios en vez de incluir el gasto en el presupuesto ordinario… y nada de proyectos de ley, que al menos sería algo «limpio», sino Reales Decretos-Ley, en concreto, el Real Decreto-ley 26/2012 -1782 millones extras-, Real Decreto-ley 10/2013 -877,3 millones-, Real Decreto-ley 10/2014 -883,7 millones- y Real Decreto-ley 7/2015 -856,4 millones, solo este se ha transformado, tras convalidarse, en proyecto de ley; los grupos lo vieron como una forma del gobierno de «blanquear» su RDL-. Sobre este último proyecto (que viene tras la convalidación del RDL), durante el debate de aprobación, Feliu-Joan Guillaumes i Ràfols (CiU), puso el dedo en la llaga:

«[…] Estamos hablando de un crédito extraordinario que se aprueba sistemáticamente cada año; estamos hablando también de romper el principio de real decreto, porque se habla de urgente necesidad cuando se aprueba un real decreto. Aquí todos sabemos lo que es un oxímoron, ¿cómo puede haber urgente necesidad con algo que está planificado a más de treinta años? ¿Dónde está la urgente necesidad? Aquí se rompen los dos principios: no se prevé en el presupuesto y no es un real decreto.

Finalmente, nos lo presentan como proyecto de ley y violan un tercer principio, absurdo, me atrevo a decir porque no se pueden aprobar cosas de manifiesto imposible cumplimiento. Esto también es un principio legislativo básico. El Gobierno del Partido Popular ha hecho un real decreto, ya han gastado el dinero, ya han pagado y ahora nos hacen aprobar un proyecto de ley para que se aprueben estos gastos. Estamos aprobando algo de manifiesto imposible cumplimiento porque, de hecho, este dinero ya se ha gastado. Yo propongo a los diputados de la Cámara un ejercicio intelectual político interesante: que aprueben nuestras enmiendas. Solo por un motivo, a ver qué pasa. Si ahora resulta que aprueban nuestras enmiendas, cuando ustedes ya han pagado a los proveedores que preveía el real decreto, a ver qué pasa. Estamos en una situación que yo calificaría, sin que sea una imagen metafórica, de surrealista.»

El Partido Popular simplemente evita comentar por qué paga por créditos suplementarios y no lo mete en el presupuesto, acaba siempre con la cuestión diciendo que «estamos hablando de pagar», ya, eso lo sabemos, ¿pero por qué no se incluye en los Presupuestos Generales del Estado una obligación que se sabe a cuánto ascenderá? El desvío, si eso, puede estar justificado en un RDL, pero no el montante total.

Por cierto, hablando de este proyecto de ley, ¿quieren saber qué pasó? Que se aprobó el texto del proyecto de ley (esto es, exactamente el mismo texto que el Real Decreto-Ley) con un dictamen de conformidad con el texto del Gobierno (el RDL) sin que se aceptara ninguna enmienda (como pueden comprobar en el Diario de Sesiones de la Comisión, donde Barreiro Álvarez en una no-respuesta -la tónica habitual de este gobierno- acabó su intervención diciendo: «y quiero manifestar simplemente que el Grupo Popular va a votar en contra de todas las enmiendas presentadas por los distintos grupos»). ¿De qué sirve tramitar un RDL como Ley si no se quiere, de verdad, discutir ni una coma? En el Pleno del Congreso de los Diputados la votación final fue (PDF): 180 síes (179 del PP y 1 de FAC), 143 noes (uno de las filas del PP, ¿habrá sido un error?), sin abstenciones (27 ausentes, eso sí).

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