Voto libre: una cuestión de principios

Voto Voluntario YA
Voto Voluntario YA

De cuándo en cuándo vuelve a salir el tema del voto obligatorio en Perú, si conviene mantenerlo o quitarlo. Las opiniones están ahí, de todos los palos y para todos los gustos; desde los que creen que, por principio, debe ser obligatorio (en tanto que el sufragio es entendido como un deber ciudadano) y los que pensamos, en cambio, que o es voluntario o no tiene sentido; existen posturas intermedias, llamémoslas así, que se fijan sobre las consecuencias de una forma u otra al momento de votar, así pues, están quienes por principio preferirían el voto voluntario pero nos ven o como una democracia aún joven o desinstitucionalizada o, en el peor de los casos, temen simplemente que una baja votación abra el espacio para los antisistemas, que deslegitime a las autoridades electas. Dentro de este último grupo creo que podemos encajar a Carlos Meléndez, que en su columna de hoy, «¿Voto voluntario u obligatorio?», se ocupa del tema.

Por supuesto, una columna (más la que Meléndez tiene en Perú21, que es más corta que la de El Comercio) no se pueden incluir todos los argumentos que se quieran dar. Meléndez apunta (creo entender) dos:

  1. Posibles perjuicios dado la escasa institucionalización del país, la desafección a la Política y las posibilidades de exclusión tras unas elecciones en que voten cuatro gatos;
  2. Algunos argumentos a favor (mejora de los representantes pues son los ciudadanos educados los que votarían) no resultan del todo convincentes ni positivos, siquiera.

Por un lado, el responsable de que la gente vaya o no vaya a votar, de que voten el 60 o 70% (como poco) frente a ese previsible «menos del 50%», son los propios partidos políticos, los propios agentes. Si quitamos esa responsabilidad so pena de multa (y antes con la dichosa muerte civil) no conseguimos nada. Gran parte de los problemas de nuestra política, contando todos esos agentes antisistema que acaparan votos, vienen en gran medida de un público obligado a acudir a las urnas (y no me refiero a un «público inculto», sino al conjunto de los ciudadanos peruanos). El que el voto sea obligatorio favorece determinadas lógicas acomodadas.

Creo, además, que fijarse solamente en el ausentismo para ver si una autoridad tiene legitimidad popular es un error. En nuestro país van muchos a las urnas, de acuerdo, ¿pero cuántos votan nulo o en blanco? ¿Se acuerdan de los resultados al Parlamento Andino del 2011? En las elecciones a las presidencias regionales recientes, entre el 14 y 21% votó nulo o en blanco (un par de regiones salen, una por arriba y la otra por abajo, de ese amplio marco) , esto nos lleva a que, junto con la dispersión de voto existente, los partidos con gobierno tienen unas tasas de votos recibidos realmente bajos (y no por ello muy distintos a los sitios donde vota quien quiere). Pero nos engañan, nos dicen que el presidente de Amazonas salió con el 33% de los votos (esquiva así la segunda vuelta) cuando solo tiene el apoyo del 20,3% de los ciudadanos de su región (si prefieren, el 25,5% de los votos emitidos). Y eso que las de presidentes tienen menos votos nulos y blancos que la de los consejos regionales (aunque parezca mentira; claro que casos como los de Condorcanqui -Amazonas-, con el 67,9% de votos inválidos, tampoco son la norma). Personalmente creo que si tienes que obligar a la gente a que vaya a las urnas, los cargos resultantes no son legítimos en un sentido plenamente democrático.

¿Que el ausentismo puede aupar a ciertos personajes con discursos contrarios a la institucionalidad? Pues depende de los partidos y los agentes políticos institucionales dar una oferta electoral atractiva para que la gente vaya a votar, se los tienen que ganar.

¿Produce exclusión en los mayores de setenta años el que ellos sí tengan un voto facultativo? ¿Produce en ellos una mayor desafección a las instituciones o a la política por el hecho de no estar obligados? Lo siento, pero es que el voto tampoco es obligatorio para todos. Ni se facilita el voto para hacerlo más accesible (¿dónde está el voto por correo, tanto tiempo en la ley y sin reglamento?).

Sobre el segundo punto que menciona Meléndez, pues estoy de acuerdo con él. Quiero decir, ni es verdad que el voto voluntario dé como resultado mejores políticos o instituciones, ni sean estas menos corruptas; no sé, en España me sobran argumentos que refuerzan el comentario de Meléndez, también en otros países, comenzando por Estados Unidos. Además, es tremendamente clasista y elitista pensar en instaurar un voto voluntario para excluir de la política a amplios sectores de la población (que es lo que algunos, efectivamente, quieren).

El voto voluntario, por sí solo, simplemente corregirá un problema de inicio (un derecho transformado en un deber que no aporta nada), pero no es una varita mágica que solucione los problemas del país; no favorecerá, por su simple existencia, mejores políticos o instituciones, no dará tampoco más brillo democrático al Congreso (tampoco le restará legitimidad, si ya tiene un apoyo popular en el suelo, ¡y eso con el voto obligatorio!). No nos confundamos con esos temas.

Eso sí, no podemos permitir que el voto voluntario pueda ser aprovechado para excluir a los ciudadanos; todo lo contrario, la instauración de un voto libre, voluntario, debe ir de la mano de un proyecto político favorable a la integración, que busque justamente animar a la población a la participación política (y no solo en los comicios, que es la miopía actual; ni desde la ingenuidad de supuestos espacios abiertos participativos). Son los agentes políticos los primeros que deberían estar interesados en movilizar a los electores, el que el Estado use su fuerza coercitiva para realizar esta movilización es hacer trampas al solitario.

La cuestión de principios que mencionaba antes es sencilla: si puedo elegir a quien va a representarme debo poder elegir, antes, si quiero o no acudir a unas elecciones. Quiero poder ejercer mi ideología política en todos sus extremos, y el hecho de que obliguen a ir a las urnas ya vulnera la misma.

Si hablamos desde el pragmatismo, de lo positivo que tiene nuestro voto obligatorio, nos encontramos que salvo la cifra concreta de participación, el resto está por los suelos: las autoridades electas tienen un apoyo popular despreciable (y es así desde el inicio), las principales instituciones están desacreditadas (desde el Congreso a todas las demás), la población sigue excluida. ¿Cómo pueden defender el obligatorio queriéndonos asustar con esos mismos elementos si es que se aprobara el voluntario? No, lo más seguro es que la situación cambie nada o muy poco en cuanto a todos esos elementos «prácticos» (salvo la participación), ¿para qué mantenemos una institución inútil y, además, contraria a lo que debería ser el derecho del sufragio activo? Derecho, no obligación.

Perdonen que me repita tanto, pero es que el tema de la exclusión posible en un sistema con voto voluntario me escama un poco: el que esos sectores voten tampoco los ha incluido, de verdad, en los gobiernos. Ni en los regionales ni en los nacionales. No hay que ver más allá de cómo se legisla para darnos cuentas de que se le da la espalda a los sectores excluidos, estos se han quedado así. Con lo que el voto obligatorio, durante treinta y tantos años, no ha producido la inclusión en el sistema político (Meléndez mismo recoge los problemas institucionales que existen y que, según él, se podrían agravar con un voto voluntario). Si el voto obligatorio no está consiguiendo ninguno de sus posibles objetivos, ¿para qué mantenerlo?

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