Que no nos engañen, la ley que propone el ejecutivo busca, descaradamente, la impunidad de los efectivos de las fuerzas armadas y de la policía, lo que es peor, busca una impunidad «a dedo», que se someta a la pura discrecionalidad del gobierno. Peor imposible. Que sí, que el proyecto habla de que dicho informe, el que deben pedir los fiscales al gobierno antes de abrir un proceso, no es vinculante, pero es preceptivo, con ello ya se comienzan a poner trabas y alargar los plazos para que actúe la «justicia».
Según el inefable Aurelio Pastor, Ministro de Justicia del país, el proyecto no busca la impunidad, sino más garantías para policías y militares. ¿Está diciendo, el Ministro de Justicia, que en el proceso penal del Perú no existen suficientes garantías para cualquier ciudadano? ¡Porca miseria! No puede ser, que se reforme el sistema, no solo la parte que atañe a los militares y policías. El ministro insiste que con este proyecto busca «facilitar» el trabajo de militares y policías, esto es, darles una «carta blanca» para matar, digo, actuar (y arruinar investigaciones futuras, puesto que se ha aprobado también que los militares puedan desplazar cuerpos de caídos en combate sin presencia de un fiscal).
Para el fiscal supremo, Pablo Sánchez, la norma parece que busca «orientar» las investigaciones del Ministerio Público, este fiscal recordó que solo la fiscalía tiene «capacidad para evaluar los hechos que se imputan como delitos», y que el gobierno no es una institución que pueda, como dice el proyecto, decir «qué sucedió exactamente y cómo hay o no una relación entre la fuerza que se utilizó con lo que efectivamente ocurrió».
Para la fiscal de la Nación, Gladys Echaíz, el proyecto podría no ser constitucional:
«Yo quisiera leer ese proyecto para ver si es compatible con la Constitución. Me parece que hay un problema, porque el Ministerio Público es titular de la acción penal y no está sometido a opinión o condicionamiento de terceros.»
Por supuesto, desde el gobierno se insiste a más no poder que la independencia del Ministerio Público está más que salvaguardada (¿nos podemos reír?), diciendo que el informe es un elemento de juicio más para la fiscalía. Hay que recordar que la fiscalía siempre recoge los informes de las partes, en este caso, la versión de las FF.AA. y la policía, no necesita un segundo informe del gobierno que le diga qué creen que pasó en tanto que las FF.AA. y la policía están sometidas al gobierno.
Ya hemos pasado por la opinión de un ministro, un fiscal, la fiscal de la nación, el presidente del Consejo de Ministros, y nos faltaba el mentiroso preferido de este país (no, Fujimori no, sino Alan García), y presidente del mismo, para que no digan que cualquiera no puede ser el primer mandatario. A lo que iba, Alan García, el jefe del Estado, y por tanto, jefe último de las FF.AA. y la policía, llamó al diálogo a la fiscalía (esperen, ¿por qué no consultaron la norma ANTES de aprobar el proyecto en el Consejo de Ministros? ¡Sería lo lógico!) y aprovechó para atacar a quienes denuncian a las FF.AA. y a la policía. Siempre lo mismo, el culpable es quien denuncia, ese al que se le violaron sus derechos (o así lo cree) y plantea la denuncia. Alan García lleva una racha de búsqueda de la impunidad de las FF.AA. casi tan tenaz como la forma en que consiguió, él mismo, ser impune de los delitos cometidos por él mismo o sus subordinados directos durante su primer mandato; además de cómo la «justicia» brilló por su ausencia durante toda esa época, bastante sangrienta. Para Alan García «el malo» de la historia es el que denuncia un asesinato, no el que asesina. Ojos que no ven, corazón que no siente.
Pónganse en situación, el gobierno manda una misión, en la misión mueren diez personas, la fiscalía cree que hubo un abuso de fuerza o lo que sea, va a investigar, ¿qué creen que dirá el informe preceptivo del gobierno? Pues que se actuó bien, ¿qué más va a decir? Recordemos que ya intentaron que la fuerza letal esté justificada simplemente por la misión mandada (y que el TC tumbó en ese extremo).
En otras palabras, el gobierno ya intentó ampliar el uso de las FF.AA. y la justificación de la violencia más extrema en situaciones que la policía ni siquiera tiene permiso para hacer uso de la misma, y todo esto en el interior del país, además intentó que todo lo que hicieran las FF.AA. pasara por la jurisdicción militar únicamente, como el TC ha dicho que de eso nada, que no nos pasemos ni en el uso de la fuerza ni en la jurisdicción militar, el gobierno ataca por el lado de la investigación de los posibles delitos dificultando el proceso y poniéndose a sí mismo como órgano capaz de describir «qué fue exactamente lo que pasó». Oigan, que para eso están justamente los tribunales.
buenas tardes, no conozco cual es el proyecto pero mas o menos me ubico bueno no estoy de acuerdo que se apruebe este proyecto ya que lo que busca es impunidad, ahora por otro lado si la PNP arrestan a un ciudadano que no tiene por que ser arrestado, él mismo tiene el derecho de hacer efectivo una garantía constitucional, como es el habeas corpus, en tal sentido ya no tendría validez tal denuncia, afectando seriamente a los derechos de la persona y a su dignidad.
así como esto también nos veríamos afectados cuando se de los desastrosos toques de queda, ahí habrían muchos muerto y no habrá por que denunciarlo ya que solo están cumpliendo su función.
bueno espero que no se apruebe este proyecto ya que la constitución se vería afectada.
gracias