Existe un tira y afloja entre los centros educativos privados que tienen concierto con la administración y esta, en tanto que la primera se arroga todos los derechos (salvo, al menos en teoría, cobrar a los menores por su educación) y la segunda quiere “meter mano” en lo que la primera considera sus asuntos propios, pero, como dice el refrán, quien paga manda, y acá quien paga es la administración.

¿De qué hablo? de la siguiente noticia: Las autonomías pueden exigir la educación mixta a los concertados, publicada en El País. La cuestión es sencilla, paso a resumirla: el gobierno autonómico de Castilla – La Mancha determinó que no concertaría plazas en colegios considerados sexistas, esto es, que el sexo sea determinante para el ingreso en el centro o que traten de manera diferenciada (colegios sólo de niños o niñas, o centros en que se manda a las niñas a un aula y a los niños a otra), esto en el 2004.

La Confederación Española de Centros de Enseñanza (patronal de los colegios privados) acudió a la justicia considerando que los centros privados son dueños de su dirección, y por tanto, pueden elegir tener un tratamiento de segragación de un sexo en cuanto al ingreso. La cuestión no es si los centros privados pueden o no ser para chicos o chicas solamente, sino si la administración puede exigir, dentro de los parámetros del concierto, que el centro sea mixto.

Así pues, el Tribunal Supremo ha fallado que, efectivamente, dentro de los requisitos para llevar a cabo un concierto con la administración puede estar la obligación de que el centro sea mixto. Esto es importante en tanto que la administración que considere que es sexista no admitir a una persona por razón de su género puede, en caso que quiera, modificar su normativa de conciertos.

Ahora bien, los colegios privados podrán seguir, en todo caso, eligiendo entre ser mixtos o no, pero si quieren recibir dinero de las comunidades autónomas, como es lógico, se deberán plegar a exigencias que considero más que razonable (esta, la de centros mixtos, como la ya ganada por Castilla – La Mancha sobre distribución de los inmigrantes entre públicos y privados, un paso importante en el uso del servicio público que se supone dan los colegios concertados con el dinero de todos).

No es que queden muchos colegios en este sentido (las cifras que se dan son en torno a 150 en toda España), aunque sí afectará a los centros concertados en las comunidades que decidan apostar al cien por ciento por la educación no diferenciada (algo que, realmente, es la práctica habitual y social). Como bien dice el artículo, los centros que segregan no son ilegales, pero no se ven como el mejor sistema educativo.

Así que nada, una sentencia más que afirma que quien paga manda, y que si quieres recibir dinero público tu actuar debe estar dentro de los planes del gobierno de turno (además, en la Comunidad Autónoma), cosa que veo lógica dentro de lo que es el planeamiento de la educación.

Y que nadie venga con que es un ataque a la educación religiosa en centros privados, porque esta no se coarta en ningún caso, por un lado, la mayoría de centros privados religiosos son mixtos (así que no hay una relación directa entre “sólo un sexo” y “educación religiosa”) y por otro, porque sólo afecta a los colegios que quieran mantener el concierto. Ahora, también lógico que esto quede al “arbitrio” de las comunidades autónomas, en tanto que es su competencia, y su dinero.