En De Igual a Igual, durante un tiempo, tuvimos una tira cómica (permítanme llamarla así) en que Franco hablaba. La imagen de dicho Franco es una foto de un busto en la Plaza Mayor de Salamanca (donde hay una serie de personajes de distinta importancia, y otras alegorías varias, entre las que se encuentran unas de la segunda y la primera república), en otras palabras, Franco está entre los ilustres que adornan la plaza más importante de Salamanca. Este es uno de los cientos de ejemplos que se pueden ver, aún hoy, en toda España. Franco sigue presente, el franquismo dejó una huella fuerte, y los homenajes (nombres de calles, hospitales, y demás) dados a represores siguen en vigencia. Y al parecer, por fin, las distintas administraciones estarán obligadas a cambiar dichas referencias al franquismo. Uno de los puntos de la Ley de la Memoria Histórica impondrá dicha obligación.

Hay quienes llevan mucho tiempo trabajando en la retirada de los símbolos franquistas de las ciudades (como la Federación Estatal de Foros por la Memoria) que han valorado negativamente la ley de la “memoria”, entre otras cosas, por no declarar nulos todos los juicios (se habla de ilegítimos, que no supone la revisión de las condenas dictadas en su momento), aunque algunos de los puntos agregados a la ley a última hora pueden rebajar el enfrentamiento que desde las asociaciones por la Memoria Histórica mantienen con el gobierno (como es el caso de los símbolos franquistas). El Partido Comunista, recordemos, se posicionó desde el comienzo contra esta ley por considerarla “de punto final” al no contemplar la anulación de los juicios.

En estos días en que se ven condenas a sacerdotes genocidas en Argentina, juicios a la familia del ex dictador en Chile y extradiciones de un mandatario genocida a Perú, desde España los herederos de los oprimidos desean que en su país se reproduzcan dichos actos a favor de la justicia, y niegan, como se hizo en Argentina o Chile, cualquier validez a una amnistía promulgada por la propia dictadura. Quieren ver cómo el fisco investiga a una de las familias sagradas españolas (la Franco), quieren ver cómo los jueces, políticos, y demás, que firmaron sentencias de muerte por cuestiones políticas o apoyaron la dictadura tengan que pagar por ello, quieren ver cómo se devuelven los bienes regalados al dictador o su familia, y que no han sido repuestos, quieren ver cómo los bienes incautados durante la guerra civil se devuelvan (como sí se hizo con los sindicatos y los partidos políticos, que se les devolvió lo suyo; se pide esto mismo con el resto de ciudadanos perjudicados). Quieren ver justicia.

La Ley de la Memoria Histórica no traerá casi nada de lo antedicho, pero al menos evitará, o se supone que intentará evitar, que se sigan viendo monumentos al fascismo en las calles de nuestras ciudades, en el interior de las instituciones públicas, en el corazón de esos lugares llamados a defender la Constitución, precedidos con el aguilucho de una bandera fascista (o falangista si se quiere ser puntilloso).

¿Lanzarote, alcalde de Salamanca, cumplirá la Ley? Siendo del partido que es, y estando en la comunidad autónoma gobernada por esos mismos, no sé hasta qué punto será efectiva la ley en esta ciudad plagada de homenajes fascistas, donde partidos como Democracia Nacional acceden a las instalaciones públicas con más facilidad que las juventudes de Izquierda Unida. No me vale que digan que, después, con la democracia, vino la Segunda y la primera República a la Plaza Mayor en forma de bustos femeninos, no es un argumento para defender que el dictador se quede ahí, cerca, demasiado cerca, de Unamuno (ese hispanista vasco que espetó, desilucionado con lo que realmente fue el levantamiento fascista, un “Venceréis pero no convenceréis” que aún hoy suena a verdad como un puño).