Estos días una de las noticias estrellas es que el gobierno de Ollanta Humala aprobó un proyecto para unificar los regímenes legales de los docentes en el Perú (que hasta web le han montado), siendo una fuerte reforma de la Ley del Profesorado, nº 24029 y la la Ley de la Carrera Pública Magisterial, nº 29062, que desde el APRA se defiende como el mejor invento del país del S. XXI o algo así, y desde los medios de la derecha como el gran triunfo «del Perú sobre SUTEP» (muy al estilo de Chang frente al MINEDU en tiempos del APRA), más o menos, al punto que cualquier modificación de ese perfectísimo texto, por lo visto, es para fortalecer al SUTEP (con esa intención de respuesta está la pregunta en Perú21, o las editoriales de Fritz Du Bois sobre el tema), en parte porque en toda esta arena política se pretende mostrar la interacción como un juego de suma cero, algo total y absolutamente alejado con la realidad; y también desde un punto de vista de confrontación entre el gobierno y los sindicatos (si los sindicatos aplauden algo, es porque han ganado y el Perú perdido, ene veces repiten esa falsa fórmula). Y el grito en el cielo se puso antes de conocer ni media coma del proyecto, eso sí, algunos medios pusieron bien grande que con ese proyecto (¡es un proyecto!) ya se tiraba al tacho nosecuantitos millones de soles.
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Pocos problemas en la evaluación para docentes
Aunque mejor que el año pasado, las pruebas para ser contratados como profesores en los centros escolares públicos siguen dejando en evidencia a unas administraciones que no consiguen organizar correctamente algo tan básico y necesario como estas evaluaciones de docentes. Así pues, en tres departamentos del Perú, Pasco, La Libertad y Tumbes, los exámenes fueron suspendidos por distintos problemas técnicos y de coordinación. Al final, postularon a los cargos un total de 168 308 aspirantes a profesores, para cubrir unas 37 114 vacantes.