Una Bitácora de Jomra

Ya sabemos cómo son esas reuniones, más aún, ya sabemos cómo es el APRA, dirá lo adecuado en el sitio correcto en el momento indicado. Jamás hablará en contra de la audiencia. Será aplaudido y se recordará el encuentro con un resumen del tipo "aunque esta parte es criticable, el global, ha dicho lo que queríamos oír, vamos por buen camino". Pobres ilusos (todos). Es el APRA, con los trabajadores defenderá las ocho horas y con los empresarios defenderá el despido arbitrario, a los trabajadores les dirá que el consenso de Washington es lo peor del mundo y a los empresarios les dirá que venderá todo lo que aún sea público y pueda dar beneficios, que el mercado es la única solución. Lo peor, es que mantendrán ambos discursos y luego harán lo que les salga de las mismísimas narices.

Ante las últimas decisiones del APRA el presidente de la CGTP se ha molestado un poquillo, y anuncia medidas de los suyos. El tema de la ley contra el despido arbitrario fue mosqueante (que si sí, que si no, que mejor nada de nada, que luego se molestan los que pagan en maletines negros y todo eso) y la propuesta de Ley General de Trabajo, que se quiere mandar para que el Consejo Nacional del Trabajo vuelva a revisarla ha molestado de verdad a Mario Huamán, presidente de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP para los vagos), quieren que de una vez el Congreso revise esa reforma, que la evalúe y la vote, no que se siga mareando a la perdiz. Y como quien avisa no es traidor, el mentado presidente del mencionado sindicato avisa que para el 20 de Septiembre comiencen las primeras movilizaciones contra el gobierno aprista.

Hace unos meses (muchos) el APRA se subió al carro de las manifestaciones sindicales contra un modelo jurídico-económico, una vez en el poder puso a la derecha en carteras claves para que dicho modelo, del que antes rejuraba en arameo sus maldades, ahora pueda mantenerse. Ya la gente de la CGTP no son amigos, ahora son el enemigo. Los empresarios y el gobierno ineficaz, que concede a las empresas privilegios excesivos sobre los trabajadores dejaron de ser el objeto de crítica para ser protegidos por un nuevo gobierno dizque izquierdista.

A finales de Julio ya decía que este gobierno será continuista con respecto a los anteriores, no veremos siquiera avances en la protección de los derechos humanos (incluso apostaría por retrocesos). Ni cambio responsable ni nada de eso. Y reviviremos los enfrentamientos entre un gobierno incumplidor de sus promesas y una masa de trabajadores hartos de la explotación de nuestro patético y cuasiesclavista mercado laboral. El APRA ya escogió a sus amigos, y no somos los trabajadores.

¿Por qué? Sencillo, el descanso es necesario. Y ante la necesidad económica y el miedo al despido (como la posibilidad desde el inicio de que sea una causa de no contratación) las vacaciones perderían su propia existencia si se dejaran a manos de la decisión del empresario el cumplirlas o pagarlas sin que se cumplan, lo mismo con los días de descanso y demás detalles (como la jornada máxima laboral). En Francia, hace no mucho, perdieron la guerra de las 36 horas semanales con la introducción de la posibilidad que por acuerdo de las partes se pongan hasta 48 horas semanales de trabajo ¿Qué pasa en la práctica? Toda empresa fuerte impondrá una jornada mayor a las 36 horas a sus trabajadores.

Si necesitamos más policías, que se entrenen y se saquen a la calle. Si necesitan estar mejor pagados para que no tengan que volverse secuestradores, corruptos o delincuentes en cualquiera de sus formas (una verdadera lacra entre nuestras fuerzas de seguridad) para llegar a fin de mes, que se haga. Pero estos "medio apaños" de "con lo que tenemos, les hacemos trabajar más tiempo y así solucionamos el problema" son parches inaceptables desde cualquier punto de vista que pueden redundar en un perjucio global (policías más hartos y cansados, que no es lo mismo tener vacaciones largas que unas cortitas y que hay trabajos que cansan antes que otros)…

Es un poco como el tema de los Serenazgo ¡¡vaya reemplazo más malo para las fuerzas policiales municipales!! Todo por el ahorro de cuatro duros y tener seudopolicías peor preparados (que ya es todo un logro en un Perú con policías de tres al cuarto). No son soluciones a un problema, son parches de dudosa eficiencia.

Y todo ello dentro de un gobierno aprista que brillará por la ausencia de contenido social y avances en el mundo laboral, con medidas como esta se abre la típica caja de Pandora en flexibilizaciones mal justificadas.

Ello me recuerda, a ver cuando el Estado pone en orden a los trabajadores de su administración y reconoce la informalidad que sufre, con tantos contratos de arrendamientos de servicio que en realidad son contratos laborales sin los beneficios sociales que debiera corresponderles (rayos, hay departamentos enteros en que ninguno tiene Seguridad Social o vacaciones ni nada porque todos son "prestadores de servicios externos", aunque lleven ahí años trabajando en exclusiva con todas las notas para considerarlo, jurídicamente, una relación laboral de manual).

Alan García, lleva poco tiempo en el gobierno y ya se perfila como un incumplidor de cuanta promesa hiciera con tintes de izquierda, por forma directa o indirecta, da lo mismo. Y aún hay gente que ve en la jugada de los ministros una neutralización de la derecha… Aish.

El tema es peliagudo, ¿Por qué la sociedad debiera soportar a esas lacras que resultan violadores y demás? se preguntan muchos y cometen el mayor de los errores, ponerse en la mente de la víctima para pedir el castigo. Es lógico que una víctima pida el mayor castigo posible para con el agresor, no sirve de nada y no es aceptable, pero es completamente normal que la ira haga decir o pensar con el hígado. Pero el Estado no es ni puede ser nuestro sicario personal, nuestro vengador anónimo y pagado por todos. Hay quienes piden pena de muerte para ladrones y corruptos, sus argumentos sólo están llenos de venganza y hace tiempo que decidimos, por el bien de todos, dejar la venganza en sentido estricto para entrar en un sistema penal que, aunque aún le falta mucho para ser siquiera bueno, resulta aceptable.

Fuera del argumento "desde la víctima", no hay ningún otro que sustente la pena de muerte ¿Sale caro mantener a un preso? Sí. ¿Y? También lo es mantener la ayuda a los discapacitados. Lo sé, no es lo mismo desde una perspectiva "moral", donde un agresor culpable ha cometido un acto prohibido y repudiable, y el otro ha tenido una muy mala suerte, pero si hablamos en plata el tema se asemeja más de lo que parece. de todas maneras, y para abandonar la tal vez desafortunada comparación, si de cien podemos salvar y que vuelva la sociedad al menos a uno ¿Acaso no ha valido la pena? ¿Por qué hablan tanto de la Libertad, la solidaridad y la sociedad si son incapaces de intentar mejorarla? Antes se exiliaba a los miembros "no aptos" para la sociedad, se les desterraba. Muchos aportaron buenas cosas en otros países, al menos como un ciudadano más. ¿Vamos a regresar a ese sistema? No, peor, los mataremos.

Ilógica interna y disfuncionalidades varias

las violaciones de menores no suelen ser actos planeados, tienen más que ver con distintas patologías y enfermedades que, sin ser exculpatorias, están ahí y no las podemos obviar con tanta facilidad y alegría como para ponerles la pena de muerte. Un asesinato de un niño se pagaría más barato que una violación, siendo el primero posiblemente planeado y el segundo un arrebato (insisto en que no exculpo al violador, ni mucho menos), pudiendo ser el primero un sicario que se dedica a ello y el segundo, posiblemente, un don nadie que realmente no conoce la ley. El primero ha cometido un crimen irreparable, ha costado una vida en el sentido estricto de la palabra y su pena, si se produce esta reforma, será menor que la del segundo (desde el marco legal, no la pena en concreto que luego les corresponda, ese es otro tema).

En realidad, quien viole a un menor, si se produce la reforma, tendrá razones para matarlo, total, ya le cae (en abstracto) la máxima pena posible. Algo que actualmente no pasa. Las penas deben tener armonía interna, estar graduadas, no puedes poner a un hecho despreciable pero que no es el más grave la máxima pena. No es lógico, no es funcional.

¿Por qué lo propone el APRA?

No me cabe muchas dudas. No lo hacen por convencimiento de que así mejorará la situación, ni de lejos. Lo hacen por temas electorales. Es una de las pocas promesas que cumplirán y les saldrá muy barato hacerlo, tendrán el apoyo público y da la impresión de una férrea lucha contra uno de los tipos delictuales más aborrecidos por la sociedad. En otras palabras, se quieren marcar un tanto.

¿Qué nos costará ese tanto? Pertenecer a la CIDH y la vida de los condenados -sean inocentes o no, me da igual-. Es un precio demasiado alto como para resultar mínimamente aceptable. Si tenemos los pros en una mano ("la sociedad se libra de lacras") y los contras en la otra, nos caemos por el peso de la segunda mano. Si ponemos el precio en la segunda mano, también se nos romperá la mano por ese peso. Pero las razones en los "pros" del APRA son otras, son las dichas en el párrafo anterior, ganarán así puntos frente al electorado y para mantenerse en el poder, todo vale. Que se vayan un poquito a la porra de mi parte. Por unos objetivos electoralistas van a realizar una reforma constitucional que nos ocasionará sólo problemas.

Reforma constitucional necesaria

Para poder introducir la Pena Capital para los delitos de violaciones de Menores (¿se dan cuenta que la mayoría de edad de la víctima rebaja inmediatamente la pena en abstracto?) habrá que reformar la constitución (que la contempla sólo para uno de sus extremos) y denunciar un tratado internacional la mar de importante para nosotros. Se me ocurren muchas reformas constitucionales necesarias como para perder el tiempo en una negativa, es como si reformásemos la norma suprema para quitarnos el derecho a voto, para quitar el sistema electoral y reemplazarlo por la nada de la dictadura del primer pringado que tome el poder o, en fin, cualquier metida de pata que se les ocurra.

De hecho, el tema de la inseguridad ciudadana está patente en nuestras tierras, y se tiene que abordar desde muchos puntos distintos, pero no se me ocurre peor forma que un cambio legislativo para aumentar el alcance de la pésima solución que supone la pena capital. Las reformas que conducen a claras reducciones de derechos en pro de la seguridad o de castigar al culpable no sirven de nada. Y su precio, ya mencionado, es demasiado alto.

Consideraciones finales

No he entrado en desmenuzar argumentos a favor y en contra porque más abajo enlazo unos artículos que lo hacen bastante bien, sólo he dejado unos apuntes sobre la pena de Muerte y el APRA como impulsor de la propuesta.

Estoy totalmente en contra de la pena de muerte y me parece despreciable la utilización de un hecho como la violación de un menor para armar todo este revuelo y aprovecharlo con fines electoralistas, es de verdaderos canallas. Hace poco los medios aplaudieron a un perro por matar a una persona (como si la propiedad privada fuera más importante que la vida de una persona, nos ha jodido mayo con las flores), así que, enraigada una cultura de linchamientos públicos, no me extraña el favor popular ante una medida como la de quitar la vida a otra persona.

El Estado no puede tener el poder de ejecutar, es un mal comienzo el darle carta blanca para que pueda matar sin que la situación sea extrema o sin que medie necesidad (la persona ya está apresada, no es que nos encontremos en un tiroteo o salvando otra vida con un claro conflicto de intereses en que la muerte del agresor es el menor mal). Y cuando veamos que este tipo de crímenes no disminuyen ¿Cómo fundamentar todo el coste de implantar esta pena? Lo que es peor, cuando ejecutemos al primer inocente ¿Cómo justificarán dicha infamia?

Recomendaciones varias

A todo esto, he leído tres artículos muy interesantes sobre la pena de muerte que paso a recomendárselos, uno que aporta las opiniones tanto de Aurelio Pastor (coordinador de la Comisión constitucional) como de Walter Vásquez (presidente del Poder Judicial), uno que está a favor de hacer lo necesario para poder implantar la pena de muerte para las violaciones (en este caso, sería hacer una observación o denunciar la CIDH) y el otro recuerda el mayor peligro de la pena de muerte, que el Estado mate a un inocente por error. Así lo recoge el unañero Ocram, desde el Útero de Marita, en una entrada titulada "Contra la pena de Muerte" e ilustrada con uno de mis cuadros favoritos (Los fusilamiento del tres de Mayo del más que genial Goya).

Por otro lado, para recordarnos el tema internacional del asunto y algunos de los contras de la Pena Capital tenemos un buen artículo de José Alejandro Godoy en Desde el Tercer Piso, titulado "Una aberración jurídica en marcha". Es bueno recordar lo que significa la CIDH, es un seguro para todos los peruanos, es un seguro de vivir bajo la tutela de unos derechos que son para todos. Y renunciar a ella es regresar a las peores etapas del Perú, por la simple inseguridad que acarrean y la posibilidad para que los que ostentan el poder se pasen tres pueblos y medio.

Por último, un gran artículo firmado por Evaristo Pentierra en Perú Político nos trae a colación los argumentos a favor de la pena de muerte, los contrarios a la misma y unas consideraciones finales que, sin lugar a dudas, favorecen las medidas por la vida de las personas en un artículo titulado "Debatiendo sobre la pena de muerte". Esto es, se muestran contrarios a la pena de muerte tanto por razones de eficiencia (no es más efectiva que el resto de penas), como de seguridad jurídica (ante un error judicial, una ejecución es simplemente irreversible) y, de paso, nos recuerda el absurdo de la pena de muerte al ser una suerte de ley del talión ("aumentada", por cierto); pero nos recuerda una carencia en Perú, nuestro sistema penitenciario es incapaz de ayudar en la reinserción de los criminales a la vida social, y por ahí debieran comenzar las reformas.

A discutir, que para eso se les paga

Como no entendieron ni papa se inició un debate, sobre si se podía hablar en quechua en el congreso, de si no se podía, de si el Quechua sólo se puede hablar en las zonas donde predomine (los Andes, básicamente), que si todo en castellano porque para algo todos lo conocemos (por supuesto, la líder de la postura castellanista fue Martha Hildebrandt, lingüista tocanarices).

Por otro lado, desde el UPP se aprovechaba este hecho para hablar de discriminación cultural y todo eso, con lo cual, su postura se sostenía en la discriminación que, efectivamente, sufre el quechua desde la administración central. Cosa que queda fatal si son los congresistas quienes la promueven, una cosa es "dejar el idioma olvidado" y otra muy distinta oponerse a su uso en la casa de todos.

Al final, como ya adelanté en el párrafo uno, se decidió usar un traductor de quechua al castellano (¿También traducirás las intervenciones en castellano al quechua? Porque la nota no lo deja claro la verdad), así pues, quienes quieran expresarse en quechua podrán hacerlo sin que signifique una limitación en la comunicación de los congresistas. Espero que esta decisión también la tomen con los aimarahablantes…

Consideraciones varias

El argumento de "el quechua sólo en las zonas en que predomine" no se debería esgrimir en el Congreso del Estado, a fin de cuentas, ahí todos están representando a una parte del Perú y a todo a la vez (recordemos que la circunscripción electoral es múltiple), si una congresista es parte de una zona de predominio quechuahablante, es correcto y adecuado (por no decir que lógico) que hable en representación de los suyos en su propio idioma, que por algo lo tiene.

Entiéndanlo de esta forma, en el Congreso no se puede argumentar que el idioma predominante es el castellano por estar en Lima, es sólo una anécdota la localización del recinto donde los representantes de la nación se reúnen, cada uno lleva el trozo de tierra que representa, así que no vale con decir "acá en castellano", el quechua es tan de todos como el español, así que no le den vueltas a las cosas. Un traductor soluciona el problema.

El día en que dejemos de lado el hispanocentrismo daremos un paso adelante en el reconocimiento pluricultural del Estado, de nuestra población, y un paso en la integración (que no asimilación) de todos los peruanos sin necesidad de obligarles a abandonar lo que son o lo que tienen para una idea única de lo culturalmente mejor, que es lo que predomina, somos un país que tiende a convertir a sus miembros en alienados sin alma ni espíritu, y que olvida los otros idiomas en perjuicio de las poblaciones que hablan dicho idioma, desde la educación hasta el trato con la administración central.