Por Decreto Supremo de Urgencia (002-2007) el gobierno ha definido como obligatoria la evaluación censal docente del próximo 22 de Enero. Hoy (domingo 21) en el diario oficial "
El Peruano" se publica la norma que establece, además de la obligatoriedad del examen para profesores, que la responsabilidad del buen fin del examen (esto es, de la correcta ejecución de la prueba) pasa por las manos de los presidentes regionales, de los directores regionales de Educación, de las Unidades de Gestión educativa locales (UGEL) y de los directores de los centros educativos, cada uno dentro de su jurisdicción y ámbito competencial concreto.
Unos
89 mil profesores acudirán a este "repechaje" de la prueba docente (la primera se celebró el pasado 8 de enero y hubo ciertos problemas), prueba que hasta última hora era voluntaria, aunque se fueron agregando "
fórmulas" para darle una obligatoriedad fáctica (como el
valor otorgado a la prueba al ser requisito para renovar el contrato para laborar como profesor contratado si ese fue el régimen laboral del maestro durante el periodo lectivo precedente).
La prueba, afirma el Ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, servirá para enriquecer el programa Nacional de Capacitación, que busca mejorar la calidad educativa. A la par que los profesores en plantilla que no asistan a la controvertida prueba no serán incluidos en los programas de ascensos ni se les permitirá participar en la capacitación que será llevada a cabo dentro de ese programa nacional. A todo ello hay que sumarle la fórmula mencionada anteriormente, donde el profesor contratado que no haya rendido la prueba no podrá volver a optar por el puesto de docente. En otras palabras, se excluye a todo aquél que no realice la prueba.
Este Decreto Supremo de Urgencia (el 002-2007) trae consigo las sanciones que serán aplicables a los distintos infractores de la norma. El Gobierno ya ha facultado a los procuradores generales de la República para que inicien los procesos que, en cada caso, correspondan para conseguir la sanción de la conducta tipificada.
Desde la dirección del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ya se alistan distintas protestas contra la evaluación censal, al menos en seis departamentos ya están preparadas las marchas, vigilias, y demás actividades sindicales que puedan llevar a cabo. Desde el SUTEP se afirma que su gente no se quedará callada, aún a sabiendas de las represalias que seguramente sufran los militantes del sindicato.
El SUTEP no está en contra de las evaluaciones a los docentes, no se equivoquen en este punto, lo que sí se niegan es a la forma en que la presente se está realizando (y el Decreto supremo que comentamos en esta noticia es un buen ejemplo de lo mal que se hace y de la falta de perspectiva que ha tenido el gobierno al realizar una prueba completamente improvisada). Javier Niño de Guzmán, secretario general del SUTEP «una evaluación transparente y justa para el nombramiento de profesores, y otro (examen) para ascensos». Desde el SUTEP, además, se había pedido que el proceso de evaluación de los profesores estuviera "limpio" de presiones, cuestión que el gobierno ni ha cumplido ni ha querido cumplir, imponiendo una obligatoriedad del mismo a última hora.
Lo que hace el gobierno no es más que una cortina de humo para eliminar la oposición que se realiza desde sindicatos como el SUTEP, una cortina de humo en toda regla con respecto al bajo presupuesto que la educación del Perú tiene, en que se culpabiliza de una forma extraña al profesor (responsable en lo que le corresponde, eso sí) y se olvida del verdadero problema, que es estructural (y no sólo hablamos del presupuesto de los centros).
Retomando el tema de las represalias, si parte del problema es la falta de capacitación de los profesores, y se pretende dar una segunda educación (capacitación) a los profesores, el excluir a los que no han dado la prueba (que en teoría no marcará un currículo específico para cada docente, sino que servirá como medida para realizar el currículo genérico) no tiene sentido, no sólo porque la capacitación será genérica, y el universo de los profesores ya evaluados o los que se evaluarán mañana es suficientemente amplio como para realizar las estadísticas necesarias para un currículo general y detectar los fallos (básicamente en conocimientos, otra cosa no se evalúa) del profesorado como grupo. El que una persona no rinda la prueba debería acarrear la capacitación obligatoria, no lo contrario, ya que el profesor no demostraría la capacidad requerida para superar el examen (en tanto es un "no presentado"), el no capacitar a los profesores no evaluados es un contrasentido que cabe sólo en una evaluación improvisada como la presente.
((Publicado en De Igual a Igual))