Categoría: Actualidad del Perú

El pacto del fujimorismo con el aprismo preocupa hasta en Chile. Andrea Sierra firma un interesante artículo en El Mercurio (chile) titulado "El pacto Fujimori-García que presiona a Chile" y trata sobre el posible acuerdo entre el fujimorismo y el actual partido gobernante en el Perú (el APRA) en el cual el ex presidente peruano aceptaría no volver a Perú hasta el 2011 a cambio de que el gobierno peruano no impulsara los pleitos que Fujimori tiene pendientes en el país andino.

El acuerdo es sencillo, y se fue perpetuando desde el principio de la campaña electoral, con encuentros entre el actual presidente y la hija del ex presidente prófugo de la justicia peruana. Keiko, hija de Fujimori y cabeza política en el actual congreso por Alianza por el Futuro (AF) conversó con el propio Alan García: Si Alan protegía a Fujimori e impedía la extradición, el fujimorismo apoyaría al gobierno.

Una vez que Alan García llegó al poder y se instaló en Palacio de Gobierno, tras los malos resultados para el aprismo, la propuesta de AF se volvió más jugosa. García, al parecer, se comprometió a revisar los juicios pendientes al ex presidente Fujimori (y esto parece cierto ante la pasividad del gobierno en el tema de la extradición, no hay que olvidar que los dos procuradores anticorrupción que llevaban en caso de Fujimori renunciaron a su cargo por considerar que el gobierno de García "no quería extraditar" a Fujimori), mientras tanto, Alberto Fujimori se refugiaría en algún otro país hasta el 2011, para postular otra vez a presidente sin haber hecho oposición alguna al gobierno aprista. A la par que el fujimorismo, durante estos 5 años de gobierno aprista, apoyaría las medidas impulsadas por García. Dentro de este pacto estaría también la presencia del fujimorismo en la mesa presidencial del Congreso (gracias a los votos apristas la tercera vicepresidencia la consiguió un fujimorista), junto con la presidencia de una comisión.

El artículo falla al considerar la política peruana, menciona a la fujimorista Alianza por el Futuro (AF) como la "primera mayoría nacional parlamentaria" (cuando cuenta con sólo 13 escaños) o menciona que los votos del fujimorismo sumados con el del aprismo dan mayoría absoluta al gobierno (cuando los 36 escaños del Partido Aprista Peruano -PAP- sumados a los 13 de AF quedan lejos de la mayoría). Es cierto que dan mayor apoyo al gobierno, y que en las últimas actuaciones parlamentarias de ambos grupos hemos visto unas preocupantes coincidencias, tanto en rumbo como opiniones. A ello hay que recordar el apoyo de los conservadores al proyecto dirigido por el APRA. Esto es, para el gobierno no es tan necesario el apoyo de una fuerza que prácticamente sólo tiene fuerza en Lima y un par más de departamentos, pero aún así, no les viene nada mal un apoyo de 13 votos en un congreso lleno de partidos.

El gobierno de García, como parte del trato, intentaría influenciar en La Moneda para que esta mueva los hilos y consiga que la Corte Suprema de Chile no extradite al ex mandatario peruano Alberto Fujimori. Se supone que García ha conversado sobre este tema con la presidente de Chile, Michelle Bachelet, para convencerla de los "efectos negativos" que tendría para ambos países la extradición de Fujimori.

«"A Chile le conviene que García se fortalezca y pueda gobernar. Además, si Fujimori llega preso a Perú podrían avivarse sentimientos antichilenos, a la vez que está el riesgo de que Santiago se enemiste con la posible futura Presidenta, Keiko Fujimori, que postulará si no lo hace su padre", expresa un destacado fujimorista limeño.» Destaca el artículo de El Mercurio.

Ricardo Núñez, un senador del Partido Socialista (PS), tuvo contactos con el gobierno peruano. Aunque el senador niega los contactos, manifiesta que está de acuerdo en que la extradición de Fujimori «no le conviene a nadie». El artículo recuerda que Bachelet lanzó duras críticas contra Alberto Fujimori cuando era candidata presidencial, ahora en el poder no está convencida de presionar de alguna forma a la Corte Suprema para que no extradite al ex mandatario peruano. Por su parte, la ministra Paulina Veloso es contraria a que Fujimori quede en libertad. A su vez, el gobierno japonés parece defender a Fujimori (que cuenta también con nacionalidad japonesa), a quien aún creen deber algo por la liberación de la casa del embajador de Japón de un comando del MRTA en 1997.

La última palabra, en todo caso, la tendrá la Corte Suprema de Chile, esperemos que se respete su independencia. Y no olvidemos que la persecución de genocidas (como lo es Fujimori) no es un tema político, sino de justicia.

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Fue sin querer queriendo. Más o menos eso es lo que ha dicho Yván Vásquez, presidente de la región de Loreto, tras firmar un sueldo para sí mismo de 15.600 soles. Nada menos y nada más. Cantidad ilegal en virtud de la Ley 28212 y el Decreto de Urgencia 019, que fija el máximo legal para los sueldos presidenciales (y del alcalde de Lima) en 14.300 soles. Yván Vásquez rejura que fue un error involuntario. ¿No leyó lo que firmaba? ¿Sus asesores y el de todos los consejeros son unos inútiles? ¿Habrá depuración de responsabilidades?

El viernes, se supone, el presidente de Loreto ha variado su sueldo (extremo que no encuentro) a unos 10 mil soles mensuales. O lo que decidieron los consejeros regionales. Yván Vásquez asegura que le dieron referencias «poco acertadas» sobre los sueldos de los presidentes regionales, por lo cual suscribió el acuerdo del Consejo que fijó su salario en 15 600 nuevos soles. Es una excusa mala donde las haya, simplemente debió pedir que le entregaran la normativa sobre sueldos para comprobar que el sueldo firmado o propuesto superaba el límite legal.

A su vez, debió ver que esa retribución era demasiado alta: Si él se dice partidario de los sueldos bajos para las autoridades, y como peruano, debe saber y entender que 15 mil soles es mucho. Más si ahora habla de 10 mil soles como su sueldo, si esta hubiera sido su intención, desde el comienzo habría firmado esta cantidad.

En otras palabras: Se ve que el mandatario loretano buscaba la máxima retribución legal posible, tal vez sí haya sido un error (gravísimo e inexcusable) por su parte firmar 15.600 soles en vez de 14.300. No deja de ser grave el hecho de que un puesto público busque que su sueldo sea el máximo legal en una región como Loreto donde la austeridad es más que necesaria. Sobre todo cuando ese presidente Regional ha hablado tanto de la austeridad, sueldos bajos y todo ello. ¿Hipocresía desde el mando? Lo de siempre.

Si no fuera por este error (asumiendo que la cifra final sí fue un error y lo que buscaba el presidente era ganar el máximo legal) tendríamos un presidente hablando de austeridad mientras se cobra el máximo legal. Ahora sí, una vez que se vió en el centro de la tormenta (y tras el "aviso" del Instituto Peruano de Administración Municipal del posible delito en que habría incurrido al firmar un sueldo por encima del máximo -abuso de autoridad o peculado, con penas entre dos y ocho años de prisión) tuvo que bajarse el sueldo.

Por su lado, el presidente de Puno, Hernán Fuentes Guzmán, se negó a firmar el acta que le asignaba un sueldo de 15600 soles (la cantidad firmada por el de Loreto, casi seguro que era el máximo en años anteriores). El presidente de Puno sí "se dio cuenta" de la ilegalidad de dicha cantidad, a su vez que indicó que su actitud frente a los sueldos es que estos deben ser más austeros, y que no firmaría cantidades elevadas de los mismos. En otras palabras: El presidente de Puno ha aprovechado para marcarse un tanto al no firmarse un sueldaso.

En fin, hasta firmando su propio sueldo nuestros presidentes regionales son incompetentes.

En esta entrada incluyo dos comunicados, uno ya reproducido acá pero que es importante rescatar: La manifestación contra la pena de muerte para el 26, en la plaza mayor a las 4 pm (mala hora para una manifestación). La otra comunicación corresponde a la nota de prensa que ha sacado la CGTP sobre la queja que ha cursado, junto con el SUTEP (relacionado con la esta entrada) contra el gobierno peruano por vulneración de los derechos sindicales de los peruanos (en particular, de los docentes). Ambos son temas importantes para todos nosotros, así que, sin más dilación, paso a reproducir los comunicados:

¿Sólo la muerte puede entrar a Palacio?

LUGAR: Plaza Mayor
DIA: este viernes 26 de enero
HORA: 4:00 p.m.

A pesar de que las marchas en el Centro de Lima están prohibidas, el viernes el Presidente de la República recibió a una “portátil” de más de dos mil manifestantes a favor de la pena de muerte.

Es eso justo??? El Dr. Alan García Pérez trata a todos los peruanos, sus gobernados, por igual??? Seguro que sí.

Por eso, todos los que estamos en contra de la pena de muerte nos reuniremos PACÍFICAMENTE en la Pileta de la Plaza Mayor. No habrá pre-concentración. A las cuatro de la tarde llegaremos a esperar que nuestro Presidente nos invite a entrar a Palacio.

Estamos seguros que no seremos reprimidos, así como tampoco fueron reprimidos nuestros compatriotas con un punto de vista distinto.

No tenemos buses. No tenemos congresistas. No tenemos ONGs. No tenemos universidades. No tenemos medios de comunicación. Únicamente tenemos UN DIA para organizarnos todos. Pasa esto por mails, por chats, por teléfonos, por blogs, por foros, por radio bemba.

Un abrazo fraterno

La Sociedad Civil

Y robo a Desde el Tercer Piso la lista de "bitácoras o páginas" (agrego alguno) que se han sumado a la convocatoria junto con otros enlaces de interés:

Se han sumado a esta iniciativa:

• Desde el Tercer Piso
• Amnistìa Internacional Sección Perú
• Gran Combo Club
• Utero de Marita
• El Blog del Morsa
• Una Bitácora de Jomra
• El Otro Tambor
• Papeles Bizantinos
• La Página de Milanta
• Pospost
• Pepitas punto com
• Des-ubicadas: gènero y feminismo en la web
• El Mundo de Plástico

Cobertura dada en:

• Perú.21
• La República
• Perú.com
• Gato Encerrado

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Esperemos que la manifestación sea tratada como se merece, y que, por coherencia, el gobierno peruano les permita concentrarse en la Plaza Mayor de Lima. Y, por otro lado, espero que la OIT ponga en su sitio al gobierno peruano.

Es simple, el Ministro de Educación, José Antonio Chang, ha declarado la guerra a los sindicatos, en concreto, al Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP). Desde el ministerio de Educación se han reducido de 300 a 30 las licencias sindicales, y lo hacen por simples razones: No tiene intención de luchar contra los sindicatos. En otras palabras, en el ministerio no quieren ser fiscalizados por los trabajadores de la educación peruana, no sólo buscan que los "nuevos" sean dóciles (y lo demuestra la medida tomada sobre los profesores contratados y la evaluación censal docente), sino que quieren eliminar al SUTEP y a cualquier sindicato que no les lama las botas.

José Antonio Chang afirma que si el SUTEP continúa con esa oposición a (según él) la mejora de la calidad del sistema educativo, acabará desapareciendo, esto es, habla de "crónica de una muerte anunciada". Afirma que el SUTEP no tiene posibilidades de "reengancharse" a una "sociedad del conocimiento" con "padres de familia que quieren mejor educación para sus hijos".

Alan García, presidente del Perú, dice que el SUTEP "raya con la locura" al no "querer una mejor educación". Una de dos, o Chang y Alan García no tienen ni idea de lo que quiere el SUTEP o son unos manipuladores y desinformantes como, por otro lado, no podía ser de otra forma en un gobierno aprista.

Habría que analizar, antes de todo, qué entiende el APRA, partido del gobierno, por mejorar la educación. ¿Acaso es quitar la oportunidad a muchos maestros de capacitarse (a los que no se dobleguen)? ¿Acaso se refiere a llevar a cabo una municipalización al más puro estilo del Chile de Pinochet que no hizo sino empeorar la educación y privar de recursos a muchos centros (municipalización ahora en revisión por el actual gobierno de la Concentración)? ¿Acaso se refiere a no aumentar el presupuesto de una educación que pide a gritos una mejora del personal y del material disponible -contando infraestructura-? Una prueba improvisada de conocimientos no es una baremo si quiera digno de considerarse como un muestreo para valorar en qué falla nuestra educación.

El SUTEP no se opone a una mejora de la educación (es un sindicato que lucha por ello -aunque no se esté de acuerdo con sus fines-), ni siquiera está en contra de las evaluaciones docentes. No, para nada. La evaluación es necesaria. Pero la que propone el gobierno no es más que una pantomima de evaluación, siquiera capaz de valorar si un docente hace bien o mal su trabajo. Tampoco sirve, la evaluación censal que han rendido casi 200 mil maestros (de unos 261 mil), para realizar una real aproximación a la situación docente y generar, con ello, un programa de capacitación para los maestros que sirva realmente a aumentar la calidad de los docentes peruanos. No, no sirve para nada de eso.

Entonces: ¿Para qué sirve este examen? Sabemos que es una cortina de humo ante la negativa del gobierno en aumentar el presupuesto de la educación peruana (sin presupuesto poco se puede hacer, y si los maestros no tienen un sueldo digno ni seguridad laboral, tampoco se puede les puede pedir el oro y el morro sin una retribución justa, y este sueldo digno sólo se asegura con un presupuesto que lo cubra, y el actual no lo hace). Es, también, una forma del gobierno de neutralizar o intentar neutralizar al SUTEP, uno de los sindicatos más poderosos del Perú (en cuanto al poder movilizante), y con ello hacerse con el control de un sector especialmente importante: La Educación. Si el APRA controla por completo la educación y en ella no encuentra oposición alguna, tendrá un eficaz instrumento alienador, y el mejor medio de control que cualquier gobierno pueda desear.

El APRA no quiere problemas, en el sentido de que quiere hacer lo que le dé la gana sin que nadie le rechiste, y el SUTEP no se quedará callado mientras exista, así que el gobierno hace lo posible por desacreditar al SUTEP a la par que aprovecha para destruir los derechos sindicales de los peruanos (en Educación es uno de los tantos ejemplos que nos podemos encontrar). El descrédito que busca el gobierno es tanto externo (de la sociedad con respecto al SUTEP) como interno (tanto hacia los maestros como a los propios sindicalistas), por una parte intenta presentar a la organización sindical como una suerte de monstruo que quiere comerse a sus hijos, y por otra, quiere mostrar a los maestros que no es nada bueno pertenecer al SUTEP y que trae consecuencias y persecuciones.

Fuentes:

• "Crónica de una muerte anunciada" en La Primera.
• Ministro Chang vaticina la "muerte" del SUTEP en El Correo.

Publicado también en De Igual a Igual

Por Decreto Supremo de Urgencia (002-2007) el gobierno ha definido como obligatoria la evaluación censal docente del próximo 22 de Enero. Hoy (domingo 21) en el diario oficial "El Peruano" se publica la norma que establece, además de la obligatoriedad del examen para profesores, que la responsabilidad del buen fin del examen (esto es, de la correcta ejecución de la prueba) pasa por las manos de los presidentes regionales, de los directores regionales de Educación, de las Unidades de Gestión educativa locales (UGEL) y de los directores de los centros educativos, cada uno dentro de su jurisdicción y ámbito competencial concreto.

Unos 89 mil profesores acudirán a este "repechaje" de la prueba docente (la primera se celebró el pasado 8 de enero y hubo ciertos problemas), prueba que hasta última hora era voluntaria, aunque se fueron agregando "fórmulas" para darle una obligatoriedad fáctica (como el valor otorgado a la prueba al ser requisito para renovar el contrato para laborar como profesor contratado si ese fue el régimen laboral del maestro durante el periodo lectivo precedente).

La prueba, afirma el Ministro de Educación, José Antonio Chang Escobedo, servirá para enriquecer el programa Nacional de Capacitación, que busca mejorar la calidad educativa. A la par que los profesores en plantilla que no asistan a la controvertida prueba no serán incluidos en los programas de ascensos ni se les permitirá participar en la capacitación que será llevada a cabo dentro de ese programa nacional. A todo ello hay que sumarle la fórmula mencionada anteriormente, donde el profesor contratado que no haya rendido la prueba no podrá volver a optar por el puesto de docente. En otras palabras, se excluye a todo aquél que no realice la prueba.

Este Decreto Supremo de Urgencia (el 002-2007) trae consigo las sanciones que serán aplicables a los distintos infractores de la norma. El Gobierno ya ha facultado a los procuradores generales de la República para que inicien los procesos que, en cada caso, correspondan para conseguir la sanción de la conducta tipificada.

Desde la dirección del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) ya se alistan distintas protestas contra la evaluación censal, al menos en seis departamentos ya están preparadas las marchas, vigilias, y demás actividades sindicales que puedan llevar a cabo. Desde el SUTEP se afirma que su gente no se quedará callada, aún a sabiendas de las represalias que seguramente sufran los militantes del sindicato.

El SUTEP no está en contra de las evaluaciones a los docentes, no se equivoquen en este punto, lo que sí se niegan es a la forma en que la presente se está realizando (y el Decreto supremo que comentamos en esta noticia es un buen ejemplo de lo mal que se hace y de la falta de perspectiva que ha tenido el gobierno al realizar una prueba completamente improvisada). Javier Niño de Guzmán, secretario general del SUTEP «una evaluación transparente y justa para el nombramiento de profesores, y otro (examen) para ascensos». Desde el SUTEP, además, se había pedido que el proceso de evaluación de los profesores estuviera "limpio" de presiones, cuestión que el gobierno ni ha cumplido ni ha querido cumplir, imponiendo una obligatoriedad del mismo a última hora.

Lo que hace el gobierno no es más que una cortina de humo para eliminar la oposición que se realiza desde sindicatos como el SUTEP, una cortina de humo en toda regla con respecto al bajo presupuesto que la educación del Perú tiene, en que se culpabiliza de una forma extraña al profesor (responsable en lo que le corresponde, eso sí) y se olvida del verdadero problema, que es estructural (y no sólo hablamos del presupuesto de los centros).

Retomando el tema de las represalias, si parte del problema es la falta de capacitación de los profesores, y se pretende dar una segunda educación (capacitación) a los profesores, el excluir a los que no han dado la prueba (que en teoría no marcará un currículo específico para cada docente, sino que servirá como medida para realizar el currículo genérico) no tiene sentido, no sólo porque la capacitación será genérica, y el universo de los profesores ya evaluados o los que se evaluarán mañana es suficientemente amplio como para realizar las estadísticas necesarias para un currículo general y detectar los fallos (básicamente en conocimientos, otra cosa no se evalúa) del profesorado como grupo. El que una persona no rinda la prueba debería acarrear la capacitación obligatoria, no lo contrario, ya que el profesor no demostraría la capacidad requerida para superar el examen (en tanto es un "no presentado"), el no capacitar a los profesores no evaluados es un contrasentido que cabe sólo en una evaluación improvisada como la presente.

((Publicado en De Igual a Igual))

Si todos los peruanos somos iguales ante la ley, todos debemos tener el derecho a manifestarnos frente al palacio de Gobierno, escoltados por la Catedral y la Municipalidad de Lima. Alan García, en uno de sus balconazos de toda la vida (pero no desde un balcón, sino desde la puerta de Palacio) recibió a una manifestación apoyada y pagada por los suyos en favor de la pena de muerte, utilizando, además de medios gubernamentales o municipales, a las víctimas o familias de las víctimas para representar una pantomima que busca, en última instancia, darle el apoyo popular que realmente no tiene. Pero no nos quedaremos así. En una de esas cadenas "pásalo" se ha convocado una manifestación pacífica en la pileta de la plaza mayor (antes llamada de Armas) en contra de la pena de muerte.

Reproduzco el texto encontrado en la bitácora de José Alejandro Godoy "Desde el Tercer Piso":

LUGAR: Plaza Mayor
DIA: este viernes 26 de enero
HORA: 4:00 p.m.

A pesar de que las marchas en el Centro de Lima están prohibidas, ayer el Presidente de la República recibió a una "portátil" de más de dos mil manifestantes a favor de la pena de muerte.

Es eso justo??? El Dr. Alan García Pérez trata a todos los peruanos, sus gobernados, por igual??? Seguro que sí.

Por eso, todos los que estamos en contra de la pena de muerte nos reuniremos PACÍFICAMENTE en la Pileta de la Plaza Mayor. No habrá pre-concentración. A las cuatro de la tarde llegaremos a esperar que nuestro Presidente nos invite a entrar a Palacio.

Estamos seguros que no seremos reprimidos, así como tampoco fueron reprimidos nuestros compatriotas con un punto de vista distinto.

No tenemos buses. No tenemos congresistas. No tenemos ONGs. No tenemos universidades. No tenemos medios de comunicación. Únicamente tenemos una semana para organizarnos todos. Pasa esto por mails, por chats, por teléfonos, por blogs, por foros, por radio bemba.

Un abrazo fraterno

La Sociedad Civil

Tenemos una semana para juntar gente para abarrotar la plaza mayor, tenemos una semana para demostrar que no somos cuatro gatos los que estamos en contra de los asesinatos gubernamentales, y que la razón de nuestra oposición no es un apoyo a los terroristas o violadores o, en su caso, una simple treta para desgastar al gobierno. No, nuestra apuesta es por un Estado que no asesine impunemente, por un sistema de justicia que no ponga la venganza como fin de las penas, que sea capaz de rectificar los errores cometiso, que, a fin de cuentas, sea respetuoso con los Derechos Humanos, y con la pena de muerte todo ello es imposible.

Sí, una evaluación externa tanto de los centros como de los profesionales que trabajan en los mismos (no sólo de los profesores) es necesario -aunque siempre insuficiente- para controlar la calidad de la educación -del sistema educativo actual, si se prefiere-. La cuestión es el tipo de evaluación y las consecuencias de la misma (¿acaso cuando se ha evaluado la situación de los centros se ha aumentado el presupuesto o mejorado la forma en que el mismo se gasta? ¿se han evaluado integralmente los centros? ¡ni siquiera se lo han planteado! Pero el presupuesto no aumenta cuando SÍ es una necesidad). El gobierno da valor a la evaluación docente, y el martes a la noche el ejecutivo aprobó un Decreto Supremo por el cual establece que "los docentes que postulen a una plaza por contrato deben acreditar haber participado en los procesos de evaluación censal convocados por el Ejecutivo" según nos informa El Comercio.

Los docentes (profesores) que trabajaron como "contratados" durante el 2006 deberán demostrar que participaron en la evaluación censal para poder repetir plaza (o postular a otra) por contrato en la Educación Básica Regular, desde este mismo año. Desde el ministerio de educación se asegura que de esta forma el Estado podrá contratar "profesores con idoneidad profesional, probada solvencia moral y salud física y mental". O los del ministerio son unos inútiles o nos toman por tontos ¿Cómo una evaluación de ese tipo puede valorar la "idoneidad profesional" de un profesor? ¿Y la solvencia moral (¡¡¿¿Qué rayos es esa solvencia moral??!!)? ¿Y la salud física y mental?

La norma regula que todos los que postulen a plaza por docente por contrato deberán rendir una evaluación integral (que no es explicada, y que irá encaminada, supongo, a comprobar todo eso mencionado en el párrafo anterior) y se da al Ministerio de Educación (dirigido por José Antonio Chang) capacidades de desarrollo del Decreto Supremo para que ultime todo lo necesario para la realización de estas pruebas, contando con la normativa de desarrollo del Decreto Supremo.

Así mismo, la prueba planeada para el 22 de Enero se hace necesaria para todos los maestros que no rindieron o no pudieron rendir la evaluación el pasado 8 de enero (por los disturbios que hubo) y ahora quieran optar a la plaza de profesor contratado. Muy poco tiempo está dando el gobierno para que los maestros que quieran trabajar como contratados durante el 2007 se puedan evaluar (ya que antes se anunciaba la evaluación como inocua y casi innecesaria), más teniendo en cuenta que la inscripción para la evaluación censal termina el 17 de Enero, esto es, hoy día.

Los que quieran inscribirse en esta repetición de la prueba deben ir a la Unidad de Gestión educativa local (UGEL) y los trámites para el profesor son completamente gratuitos (¡faltaría más!), y deberá presentar, además de los impresos que le faciliten en la UGEL, una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad y de alguna de las boletas de pago del 2006 (para demostrar su condición de profesor contratado). Los locales donde se rendirá la prueba serán dados a conocer el próximo 19 de Enero.

Esa prueba no sirve de nada. O mejor, el contenido de esa prueba es inútil por completo, pero ahora se usará como filtro para definir a quienes se contrata y a quienes no, con ello sirve para quitar cierto poder a la SUTEP, el principal sindicato de profesores y que se opuse férreamente a la prueba (aunque, en última instancia, dio libertad a sus miembros para que acudan si querían a la prueba) al igual que realiza una labor fiscalizadora al gobierno en materia educativa (y de política económica, todo sea dicho).

Con ello el ejecutivo hace un movimiento inteligente, en el plano político, para desbaratar a los profesores opositores a la prueba, y críticos con el gobierno. Si el profesor no se arrodilla ante la polémica evaluación, el Estado no volverá a contar con dicho profesor. Esperemos que en las pruebas futuras el elemento "moral" de las mismas no se base en la ideología de los profesores, o en la docilidad de los mismos para doblegarse ante las cortinas de humo y abusos varios que realiza el ejecutivo de nuestro Perú.

Repito el comienzo de esta entrada: Sí, es necesaria una evaluación, no sólo de los docentes, pero no como se está haciendo, no con los objetivos que parece que se persiguen y no si se mantiene el mismo endeble sistema (o se empeora, esa "municipalización" no pinta nada bien).

Interesantes artículos en Perú Político sobre el tema (que no necesariamente comparto, pero son muy interesantes):

• Evaluación improvisada
• El espinoso camino de la educación en el Perú
• La evaluación y el SUTEP