Sobre las propuestas de reforma penal y penitenciaria

«Fortalecer la seguridad ciudadana» es el eufemismo que se usa para «endurecer la legislación penal y penitenciaria aunque de nada sirva para que parezca que pasa algo» y agosto parece el mes en que todos los grupos parlamentarios, junto con el gobierno y los medios de comunicación, ponen de moda el tema y bombardean el hemiciclo con proyectos y propuestas de ley que buscan endurecer hasta la violación de derechos humanos la legislación existente. Así se propone retomar la pena de muerte y ampliarla, se reducen los beneficios penitenciarios (algo que no es nuevo, ya se hizo con los «condenados por terrorismo» hace casi un año) y se amplía el tiempo de arresto antes de poner al apresado en disposición judicial. La principal preocupación del gobierno y los grupos parlamentarios está en los delitos comunes y la reincidencia, así como en los beneficios penitenciarios, ninguna palabra para atajar el problema en su raíz

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Gobierno propone prohibir ideologías

El APRA en el Perú ha sufrido diversas prohibiciones y persecusiones, el argumento más básico contra ese partido político siempre fue que «atentaba» contra el Estado según estaba constituido en el momento en que se prohibía a la formación de nombre panamericano y revolucionario realizar sus actividades «transformadoras». Con esta historia, y tal vez por la misma y por la revisión que se ha hecho dentro del partido de su propia ideología (mediante un revisionismo histórico y negación de la propia ideología como si nunca hubiese variado), el gobierno presentó a finales de junio al Congreso un proyecto de ley con número 4148 para modificar el artículo 5º de la Ley de Partidos Políticos (Nº 28094) para poder prohibir la inscripción de «organizaciones políticas que constituyan amenaza al sistema democrático de Derecho». Hoy ese proyecto está en la Comisión de Constitución y Reglamento.

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¿Ampliar la pena de muerte para ladrones y violadores?

Nuestro Congreso es circular, tanto para lo bueno como para lo malo. Uno de los temas «recurrentes» es la pena de muerte. El presidente es favorable a la misma, así como varios grupos parlamentarios, y, por qué no aceptarlo, lamentablemente muchos de los peruanos están por la labor de «recuperar» la pena capital. En esta bitácora he hablado varias veces de este tema*, sobre todo cuando a Alan García se le dio por el mismo, ahora toca volver sobre los pasos al ver que el 12 de agosto entraron al Congreso dos proyectos de ley sobre el tema: Proyecto de Ley 4200 presentado por el Grupo Parlamentario Fujimorista y el Proyecto de Ley 4205 presentado por Isaac Mekler Neiman de Alianza Nacional (con las firmas de Menchola Vásquez, Waisman Rjavinsthi, Saldaña Tovar, León Zapata y Luna Gálvez).

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Para el JEELC Kouri no tiene domicilio en Lima

Siguiendo con el tema del «domicilio» de Kouri: el Jurado Electoral Especial de Lima Centro (JEELC) ha aceptado la tacha contra Kouri por el tema del domicilio (véase PDF de la resolución), por supuesto, Cambio Radical anuncia que apelarán la decisión (y ya le tocaría resolver al JNE) y sino, avisan, van con el Plan B, que responde al nombre de Ivonne Frayssinet. ¿La razón para aceptar la tacha? Lo resume bien el último párrafo de los fundamentos de la resolución:

«En consecuencia, si bien resulta un hecho indiscutible que el 5 de noviembre de 1998 el candidato fijó su domicilio fiscal en la Provincia de Lima, no existen suficientes medios probatorios concurrentes, que permitan apreciar que Alexander Martin Kouri Bumachar haya mantenido la continuidad al domiciliar en la Provincia de Lima, por más de dos años continuos hasta antes del 5 de julio de 2010.»

En otras palabras dicen: Bueno, sí, en el 98 puso esa dirección como domicilio, pero no prueba que haya residido por dos años consecutivos de forma continua. Un tanto restrictiva la interpretación.

Kouri y Magdalena

El ex presidente regional del Callao y ex alcalde de la ciudad homónima regional, Alexander Martin Kouri Bumachar (Cambio Radical), alega que tiene (y tenía) domicilio fiscal en Magdalena del Mar, aunque su domicilio civil está en el Callao… Es una de las razones por las que se está impugnando la candidatura del candidato «radical», en tanto, alegan los que impugnan, no cumple el requisito de residencia. En El Comercio recogen opiniones contrapuestas sobre cómo debe resolver el Jurado Nacional de Elecciones.

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Las reservas al CIDH

Es un camino que no debemos recorrer, el plantear una reserva sobre toda una materia ante la CIDH. Sobre todo teniendo en cuenta que el Perú ha sido hartas veces condenado por vulnerar los derechos de presos acusados por terrorismo y condenados por las mismas causas. O aceptamos la universalidad de los DDHH o no la aceptamos, andar con medias tintas es abrir una peligrosa puerta. En fin, un artículo para De Igual a Igual: «Una reserva que no debe producirse».

Reformas sobre la ley electoral para restringir derechos

Ya deberíamos irnos acostumbrando a esto. Es lo que lleva años pasando en la arena política: Restricciones. Ahora van en dos líneas distintas, con acuerdo del PP y del PSOE que demuestran sin rubor que cuando el tema es restringir derechos, siempre se ponen de acuerdo. Una puede que tengan una trascendencia constitucional mayor que la otra, aunque no sé yo… Por un lado, se habla de una reforma del derecho electoral para los españoles emigrantes: Imposibilidad de votar en las elecciones municipales (y no sé si también en las autonómicas, eso no me ha quedado claro de las noticias que leí sobre el tema), dificultades en votar en las generales (ya no voto por correo e inscripción automática en el censo electoral, como hasta ahora, sino un censo especial, al que hay que apuntarse, y voto con urnas en las embajadas y consulados). La otra reforma tiene que ver con las candidaturas «ilegalizables», y ojo porque esta puede ser una restricción que el Constitucional ya avisó que sería excesiva.

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Miedo me da la reforma de la reforma laboral

Hace nada se ha publicado la convalidación de la reforma laboral aprobada por Real Decreto Ley por el gobierno de España. La gran mayoría de grupos parlamentarios se abstuvo de votar en el Congreso de los Diputados, quieren meterle mano al Estatuto de los Trabajadores y, en el fondo, todos ellos «reconocen» que el decreto ley del gobierno va en la «dirección correcta», pero se queda corta al dedicarse mucho al «despido» sin entrar al fondo de la «flexibilidad» (así se han pronunciado miembros de CiU, UPN y el PP, por ejemplo). La izquierda votó en contra, y un diputado del PSOE se abstuvo, no se puede pasar por dirigir CC.OO. unos años para luego votar en contra de los intereses de los trabajadores apoyando una reforma como la puesta sobre la mesa, pero bajo las siglas del PSOE no podía votar en contra. La reforma fue convalidada, y ahora se tramitará un proyecto de ley que la «perfeccionará y extenderá». Le temo aun más a esa reforma.

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Sobre el delito de apología y el tratamiento de los medios

Como siempre, en Perú, se hace una montaña de un grano de arena. Somos expertos en dar alas informativas a cuestiones cualitativa y cuantitativamente menores, y no sé hasta qué punto, con los resultados contrarios a los realmente deseados. Posiblemente el «Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales» (Movidef), que intenta inscribir su candidatura, hubiese pasado totalmente desapercibido para la gran mayoría de votantes si no fuera por la inmensa propaganda (negativa, pero propaganda) que medios como La Razón, Perú21, El Comercio o Correo le están dando. Pero en fin, ven un resurgir de Sendero en una marcha de 50 estudiantes en una universidad con 40 mil (como mencioné en la anterior entrada), y con esto el presidente aprovecha para hacer demagogia, nada nuevo bajo el sol… Ah no, sí que hay algo nuevo: Se aprovecha que el Rímac pasa por Lima para «flexibilizar» el control por medio de la policía en las Universidades (para que puedan entrar «de forma preventiva») junto con medidas de endurecimiento de la legislación penal, incluso de la electoral y de partidos. Nuestro gobierno solo conoce una forma de hacer política: La represión.

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Bicameralidad: Así no

Un tema reiterativo estas legislaturas en Perú es la vuelta a la bicameralidad (así como el tema del voto voluntario o facultativo, con cambio de opinión de unos y otros y proyectos confluentes que se estancan incomprensiblemente), ya en el 2007 se aprobó un dictamen que iba en ese sentido (con un intento de pasar la barrera de los 80 votos en dos legislaturas para poder evitar un referendo), entre otras consideraciones adelanté mi opinión sobre el tema, y para no repetirme demasiado, cito: «Personalmente me inclino, dentro de los sistemas burgueses de parlamentos representativos, y para países como Perú, por un parlamento bicameral, donde los representantes de la cámara baja (Congreso o Cámara de Diputados) sean elegidos en una circunscripción única en todo el territorio nacional, y el Senado (Cámara alta) sea la representación de los territorios, por tanto, la circunscripción electoral sería la Región». Pues bien, desde hace unas semanas, el debate vuelve a estar en el Congreso. El APRA quiere esa vuelta y la propone y re-propone cuanto puede.

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Sobre la puesta en libertad condicional de Berenson

Hace unos meses hablé del revuelo producido por la salida de un condenado por terrorismo de cárceles peruanas, en ejecución del Decreto Legislativo Nº 927, que Regulaba la Ejecución Penal en Materia de Delitos de Terrorismo, dado el 19 de febrero del 2003, el mismo que finalmente se eliminó del ordenamiento jurídico justificándose, la retirada de esos beneficios, en mentiras varias, en afirmaciones sin sustento en la realidad (reglas de tres simples en que todo condenado con la condicional era parte del entramado narcoterrorista) y demás sandeces demagógicas con las que nos alimentan cada vez que hablan de delitos. En Perú existe una irretroactividad de la ley penal no favorable, por ello los condenados en el pasado (a todos los que pilló en la cárcel el Decreto Legislativo Nº 927, esto es, hasta que entró en vigor la derogación del mismo a finales del 2009) se les sigue aplicando los beneficios carcelarios, por ello Lori Berenson saldrá en libertad condicional el día de hoy (ojo, no es «liberada», estar «liberada» o en «libertad condicional» son dos cosas radicalmente diferentes). Siga leyendo…

Cuando nos roban a todos

Absurdo el ponernos a hablar sobre determinadas expresiones usadas en el auto que ordena la prisión preventiva para el ex presidente de la Comunidad Autónoma Islas Baleares, supongo que producidas simplemente por el hartazgo de la tomadura de pelo ante determinadas evidencias documentales, cuando el caso no solo es grave, sino que es un perfecto compendio de malas prácticas administrativas (desde la clásica división, contra legen, de una obra en tres o cuatro para que su importe sea «menor» y no tener que pasar por concurso hasta los típicos pagos mediante peticiones de estudios a personas que NO pueden hacerlos y que, claro, no los hacen pero sí cobran, hasta las peores prácticas en la adjudicación y realización de obras), sumado todo con financiación ilegal de un partido político (y este calla y mantiene en puestos a imputados, el colmo de la sinvergüencería), o, por lo menos, con pruebas de malas prácticas electorales reconocidas (pagar en negro determinados servicios para no pasarse el límite máximo que imponen las subvenciones a gastos electorales -si no quieres tener límites, no aceptes subvenciones-), imperdonable que se pague con dinero público actos puramente partidistas (durante las elecciones)… En fin, me sumo a la recomendación: Lean el auto de medidas cautelares de naturaleza penal dadas en Mallorca a 30/03/2010 por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Palma de Mallorca en las Diligencias Previas Nº 2677/08, PDF.

¿Abaratar el despido sirve de algo?

Mariano Rajoy ha hablado, otra vez, para señalar el mercado laboral como el problema de la economía española. No, no busquen en el PSOE una respuesta contundente, desde hace unas semanas el gobierno mira dicho mercado con las gafas de la CEOE y está de acuerdo, faltan perfilar detalles, por eso CiU está más próximo al gobierno, CiU y su propuesta de indemnización de 20 días por año para los despidos improcedentes (la misma que para los procedentes no disciplinarios).

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Sin responsabilidad del Estado en caso Afinsa y Fórum

«El timo de la estampilla», se bautizó así, con un juego fácil de palabras, a una gran estafa mediante el esquema Ponzi realizada por Afinsa y Fórum Filatélico contra casi quinientas mil personas. En el 2006 la justicia española intervino ambas sociedades, acusando a sus responsables de varios delitos como estafa, blanqueo de capitales e insolvencia punible. Los afectados demandaron a la Administración (a varios ministerios, y a la CNMV y la AT) por «dejar que pasara» al descuidar sus labores de inspección y control sobre el sector financiero, el Estado, por su parte, se defendía diciendo que la actividad no era financiera, sino puramente mercantil, la Audiencia Nacional ha dado la razón al Estado (pueden leer la sentencia en PDF acá).

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