El Ministro de Defensa, la celeridad y Accomarca

La Justicia no es Justa. La Justicia lenta no es Justicia. La Celeridad, junto con la seguridad jurídica, son dos términos que deben ir de la mano para que un proceso pueda ser calificado como justo dentro de sus propios límites para alcanzar lo inalcanzable. El Ministro de Defensa, más preocupado por conseguir la impunidad de los miembros de las fuerzas armadas y de denunciar a modelos que posan desnudas sobre banderas peruanas ha salido en defensa, otra vez, de los militares imputados por delitos de lesa humanidad.

Hay que recordar que los sujetos ahora imputados, inculpados e investigados, que cometieron sus delitos, en muchos casos, hace más de dos decenios, no pudieron ser investigados, condenados, o sus condenas ejecutadas durante los últimos regímenes, en tanto que los ranscurridos entre 1980 y 1990 se dedicaron a «tapar» todos sus destrozos y cuando se dieron condenas a militares (siempre a los ejecutores, nunca a los que ordenaron las repetidas matanzas de civiles) muchas de estas no se cumplieron (o al menos, no consta que se hayan cumplido).

Desde 1990 (en especial, desde el autogolpe de 1992) el régimen de Fujimori permitió la impunidad total: Leyes de amnistía, ocultamiento a la justicia de las matanzas, represión contra los que denunciaban las matanzas, asesinatos, desapariciones, y demás, y todo el sistema judicial tomado por un poder autoritario que hacía lo que le daba la gana, al punto que muchas de las sentencias dictadas durante el fujimorismo (por ejemplo, las condenas por jueces sin rostro) han sido declaradas nulas. También el juego de «fuero militar» que permitía que los militares se cubrieran las espaldas entre sí y que a su vez condenaba de forma sumarísima por traición a la patria a todo aquél que osara plantar cara al régimen.

Ante esta situación, los juicios que actualmente se siguen, sin ser ejemplares en cuanto a la celeridad, sí demuestran que, por parte de los jueces, se hace lo que se puede, máxime cuando las autoriades no prestan su ayuda ni en recursos ni en colaboracion con la justicia.

Una vez dicho esto, las palabras de Ántero Florez-Aráoz son totalmente demagógias. Dice, reproducido en La Razón: «No puedes tener a esta gente audiencia tras audiencia, no pueden trabajar, no pueden hacer nada. Es terrible y tienes casos como el del general Williams, que es indignante. Cada dos meses lo hacen venir a firmar en Palacio de Justicia, un hombre que representa al Perú en la Junta Interamericana de Defensa y gran artífice de la recuperación de la residencia del embajador de Japón». Señor ministro de Defensa, lo indignante es que use «la heroicidad» (aunque si él fue el artífice de la Operación Chavín de Huántar, tiene muchas cosas que explicar) de un general para limpiar sus posibles crímenes del pasado (¡cometidos doce años antes del rescate de la residencia del embajador de Japón!).

El Ministerio de Defensa se ha volcado con todo para defender a los militares. Como siempre, el MD se pone al lado del ejército pase lo que pase, en un corporativismo atroz e ilógico teniendo un ministro civil. Pero esto ya lo sabíamos, en una decisión que, aunque lógica, tiene poco que ver con la justicia. Pero eso es secundario en este momento, volvamos al Ministro.

Ántero Florez-Aráoz, que no es tonto, ha elegido al general EP José Williams Zapata como ejemplo de lo mala que es la justicia peruana, de lo injusta que resulta y de lo indignante que resulta todo el proceso contra esos hombres y mujeres, héroes del Perú y el Mundo, de las libertades y de la Paz… Además de ser todo un ejemplo de lo que en Perú se conoce como un Buen Soldado (y héroe gracias a una operación que sigue estando empañada por ajusticiamientos), es nuestro representante en la Junta Interamericana de Defensa, en Washington DC, y tiene que, ¡horror! venir a Lima cada dos meses para firmar. Ese último hecho ya justifica que el Ministro brame «no le dejan trabajar». Si venir a Lima, a gastos pagados, para firmar un papel mientras representa al Perú es «no le dejan trabajar» tenemos un problema de conceptos.

Lo indignante es que este sujeto esté donde está. El ahora general era Mayor durante el año 1985, y tuvo, al parecer, cierta responsabilidad en las ejecuciones extrajudiciales en Accomarca (Comisión de la Verdad, Informe Final, Tomo VII capítulo 2 punto 15, en PDF) como muy poco, por ordenar el ocultamiento de los hechos y el que no figurara en los informes.

Resumo un poco lo que pasó (del documento de la CVR citado): «La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha establecido que el 14 de agosto de 1985, una patrulla del Ejército, perteneciente a la compañía “Lince” de Huamanga, al mando del entonces SubTeniente Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, asesinó a 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños, habitantes del distrito de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, Ayacucho. La matanza se llevó a cabo como parte del “Plan Operativo Huancayoc”, una acción antisubversiva planificada por la organización militar de la Sub Zona de Seguridad Nacional No.5, con desprecio por la vida de civiles inocentes.»

El «Plan de Operaciones Huancayoc» pretendía «limpiar de terroristas» la quebrada de Huancayoc. El entonces mayor José Williams era el Jefe de la Compañía Lince y participó, en calidad de tal puesto, en la mesa de coordinación del plan dirigida por parte del Teniente Coronel Carlos Merina. De todas las patrullas que participaron en la operación, las Lince 6 y 7 pertenecían a la compañía de Williams. Además, esas dos patrullas fueron las que entraron en la quebrada (siendo misión de las otras cubrir las vías de escape), tenían orden de considerar terrorista a cuanta persona vieran en la quebrada y destruir una «escuela popular».

Ya en la quebrada, una de las patrullas tomó el control de una zona de chozas con extrema violencia, asesinando a ancianos, quemando casas y demás durante su «registro» de las chabolas, en el lugar, por más que buscaron, no encontraron ni a terroristas ni armas u otros «elementos subvesivos», aunque ya habían detenido porque sí a mucha gente y matado a algún anciano, además de quemado alguna choza. Mientras tanto, eso sí, varias mujeres fueron violadas por efectivos del ejército peruano de la patrulla Lince 7.

Todas las personas detenidas (unas 50) fueron llevadas a una casa cercana y separadas en dos grupos dentro de la endeble casa. El subteniente Telmo Hurtado ordenó disparar contra la casa y lanzó una granada a su interior, provocando una explición y un incendio en la casa. La Patrulla Lince 7 intentó ocultar su presencia en la zona, para que se culpara de los hechos a Sendero Luminoso, no sin antes volver a registrar las chozas, donde encontraron a un anciano que asesinaron y a tres niñas que mataron y luego incendiaron la casa.

Después de esta exitosa misión, los militares festejaron bebiendo y bailando mientras indicaban que habían matado terroristas, eso sí, cuando vieron a una señora intentando apagar el fuego de la casa explotada por la granada donde se produjo la matanza, comenzaron a dispar contra ella, como no le daban a la distancia, dos soldados fueron para acabar con la vida de la peligrosa terrorista de 80 años de edad. También fue asesinado el guía de los soldados, sindicado por los mismos como «terrorista» y ajusticiado simplemente por ser testigo de la masacre.

El informe oficial de la misión consigna que sólo se intervino la «escuela popular», que no hubo enfrentamientos y, por supuesto, ni palabra de la matanza o hecho violento alguno.

En septiembre algunos testigos y supervivientes de la matanza fueron «hallados muertos», justo antes de que la comisión del Congreso investigara los hechos, comisión presidida por el Cristianopopular Fernando Olivera. La comisión encontró que los hechos cometidos eran delictivos no castrenses, y contra la humanidad.

Se había iniciado un proceso penal en el fuero común, pero inexplicablemente la Corte Suprema cedió el caso al fuero militar. En el juicio en el fuero militar, el subteniente responsable de los hechos declaró que en el informe sobre lo acontecido no figuraba nada de lo que había pasado por expresa orden del ahora general EP Williams. El fuero militar es como es, y la sentencia fue de absolución general por los homicidios, y sólo hubo una condena por «abuso de autoridad» contra el subteniente, penúltimo engranaje del arma de matar civiles que era el ejército en esa zona. El Consejo Supremo anuló la sentencia y mandó de vuelta el caso para que fuera investigado a fondo, siendo el mismo sobreseído en favor a muchos de los oficiales encausados bajo una premisa, al menos, curiosa: «[los oficiales] cumplieron con sus obligaciones militares y se ciñeron al modus operandi previsto para el ingreso a las poblaciones, interrogatorios sumarísimos, captura de presuntos elementos terroristas, acciones todas encaminadas a derrotar a la subversión.» Esto es, el tribunal reconoció que el modus operandi del ejército deja, en cuanto al cumplimiento más mínimo del derecho a la vida, mucho que desear, y aplicó la obediencia debida para limpiar a esas personas. En 1990, por fin se termina la investigación (tras el sobreseimiento de las causas de los oficiales). En 1991 se pide, por parte del fiscal, 20 años contra el subteniente por homicidio cualificado (de TODOS) y 15 años contra el resto de miembros de la patrulla. El Consejo de Guerra no estaba por la labor de condenar a un soldado que actúa como los militares esperan (con brutalidad) y absolvió de los homicidios al subteniente, aplicándole sólo un castigo por «abuso de autoridad», al resto de soldados se les aplicó la «obediencia debida» y se les absolvió de sus crímenes. Tras dos años de su laxa condena en firme, Telmo se acogió a las leyes de amnistía del gobierno de Fujimori (N° 26479 y N° 26492), con lo cual salió de la cárcel y continuó con su carrera militar, llegando a Mayor en 1998.

El ahora general era líder de una compañía que actuaba, según un tribunal militar que les exculpaba por ello, de forma brutal, bajo su mando directo se cometieron y ocultaron delitos muy graves, de lesa humanidad y por ello está siendo procesado. Ahora bien, teniendo en cuenta lo que nos jugamos en ese proceso: ¿Les parece mucho la obligación de firmar un papel cada dos meses? ¿Interrumpe en algo el trabajo del general el volver a Lima cada dos meses? ¿Se puede pedir menos ante una masacre aún no cerrada? Creo que ya es bastante con que a ese sujeto se le premie con una representación internacional como para encima usarlo de ejemplo de «lo mala que es nuestra justicia por obligarle a firmar cada dos meses».