El gobierno peruano ha pasado de asumir la defensa legal de miembros de los cuerpos armados y de seguridad del Estado procesados por delitos contra los derechos humanos a pedir, directamente, una amnistía para los procesados, y todo ello sin despeinarse. Esta iniciativa, que está lamentablemente dentro de las atribuciones constitucionales del Congreso de la República, cuenta con el apoyo de Unidad Nacional y el fujimorismo.

Las fuerzas más a la derecha de nuestro arco parlamentario continúan manteniendo postulados favorables a la impunidad de las fuerzas armadas y a los policías, al igual que el APRA, a fin de cuentas, durante su primer gobierno se cometieron algunas de las mayores masacres, y en algunas estuvo de por medio el actual vicepresidente del Perú, Giampietri.

«[A] los que vencieron al terrorismo se les acusa injustamente y se les confunde con los violadores de los derechos humanos», declaró el Ministro de Defensa Ántero Flores-Aráoz, dentro del mismo discurso defendido por el fujimorismo, el aprismo y el democristianismo peruano, donde los malos merecían morir aunque sea de forma ilegal e ilegítima, donde las muertes de civiles simplemente eran un daño colateral, donde todo valía y donde nadie es responsable por sus propios actos si actúa en nombre del Estado. No es raro, este ministro está más preocupado por la impunidad que por la Justicia.

No voy a negar lo obvio, algún policía o militar estará falsamente acusado, por error material o porque paga por sus compañeros, pero en el resto de casos, de esos 600 (y más que no se han juzgado) queda bastante claro que hay al menos indicios y pruebas suficientes para procesarlos, y luego ya dirán los jueces si hallan o no responsabilidad penal. Que se juzgue a una persona no significa inmediatamente que sea culpable.

Siempre que se habla de este tema se saca la operación Chavín de Huántar a la palestra, Edgar Núñez Román (titular de la comisión de Defensa que presentará la propuesta de Ley y miembro del APRA) mencionó que de esta amnistía se beneficiaría, por ejemplo, a tres comandos de la Marina de Guerra que participaron en dicho operativo, y esto es mencionado como “injusticia” frente a unos grandes “héroes de la patria”, hay que recordar una y mil veces que en esa operación se ajustició a emerretistas y eso estaba planeado, y alguien tiene que responder por estos hechos (de todas maneras, no se dice si dichos comandos están siendo procesados por hechos de la operación o por alguna de las tantas matanzas cometidas por nuestras fuerzas públicas).

Núñez tiene la sinvergüencería de decir: «Estamos trabajando la iniciativa con mucho cuidado porque no queremos que sea argumento de algunos sectores de izquierda para que digan que se busca el olvido y la impunidad». Es que una ley de amnistía busca la impunidad cuando hablamos de vulneraciones de derechos humanos, cuando hablamos, como es el presente caso de asesinatos, violaciones, masacres, torturas, secuestros, desapariciones. ¡Claro que buscan impunidad! Al menos 600 militares y policías saldrían por la puerta grande, sin que se pueda determinar si tienen o no culpa alguna, acrecentando uno de los grandes problemas de nuestro país, la falta de justicia y la impunidad del poder para cometer delitos.

Para José Alejandro Godoy esta amnistía no sería posible porque contravendría el Derecho Internacional, pero no hay que perder de vista que entre los mismos que están hablando de elaborar una ley de amnistía se escuchan voces favorables a que el Perú se retire de esos organismos internacionales con cierta capacidad para hacer cumplir al Estado el Derecho Internacional (como la Corte Interamericana de Derechos Humanos), y el poder crear esta ley que se presentará como justa y necesaria sería una buena excusa para que nos saquen de una de las últimas defensas institucionales que nos quedan contra gobiernos claramente contrarios a los Derechos Humanos, como es el aprista y lo fue el fujimorista.

Mal vamos, mal continuamos.

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