Era el momento ideal que justificaba regular, de una vez, el sistema de voto por correo (o voto postal o voto por correspondencia) en Perú. Llevamos una vida esperando para ver la reglamentación para el voto postal de la ciudadanía que vive (vivimos) en el extranjero (posibilidad en principio recogida por el artículo 239 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley n.º 26859, pero sin reglamentación eso no sirve) y, de paso, extenderlo para toda la población. De cara a estos comicios, sin dudas, un factor importante era (es) evitar lo máximo posible las aglomeraciones. Soy consciente del esfuerzo que se ha hecho para disminuir la cantidad de gente por colegio electoral (aumentándolos, entre otras medidas), pero eso no es suficiente. Máxime si el sistema obliga a votar.
Y es que el voto sigue siendo obligatorio (reforma muy poco planteada en los planes de gobierno, sea dicho, ese art. 31.º de la Constitución Política del Perú parece que aguantará mucho tiempo), cuando no debería serlo (recordemos que apoyo la campaña de voto libre).
Pero vuelvo al voto postal. Ya está previsto (en unos casos concretos, pero ahí está), pero no regulado correctamente (no se puede pedir el voto por correo, al menos no en la mayoría de consulados). Pero es que el voto por correspondencia debería estar funcionando en todo el Perú desde hace tiempo. Las elecciones se conocían con suficiente antelación para que, desde el comienzo de la pandemia (marzo de 2020, hace más de un año), ya se estuviera hablando de cómo podría afectar la nueva situación a la «fiesta de la democracia», pero esta posibilidad de voto por correo ni se planteó (al menos no seriamente).
Saltando el charco, en España se han producido tres elecciones autonómicas (dos el año pasado y una este), en todas se rompió marcas de peticiones de voto por correo… también cayó la participación de forma espectacular (en una un desplome gigante, en otra unos 9 puntos y en otra, 4,7 puntos; en esta última ya era muy baja y quedó por debajo del 50 % de participación); esto es, no se compensó ni de lejos las ganas de evitar los colegios electorales con el voto por correo, pero el punto es que hubiese caído bastante más sin el voto por correo.
El voto es un derecho que debe ser voluntario, carece de sentido obligsar a las personas a elegir a la persona que ocupará la presidencia, a las personas que serán congresistas y demás si no se le tiene con suficiente autonomía para saber si quiere o no elegir a nadie.
Estos días se está hablando mucho de la desafección de la ciudadanía peruana con los partidos políticos, la «clase política», la fragmentación existente y demás. Con este caldo, existe un miedo real a que la gente, si el voto fuera facultativo, no acudiría y el sistema se desprestigiaría… ¿¡más!? Si estamos diciendo que no hay vínculo, que el Congreso tiene una aceptación bajísima, ¿por qué creen que obligar a votar es positivo? ¿Acaso no ven el número de votos nulos y blancos que hay? ¿Por qué ese número no les da vergüenza y creen que legitima esa participación obligatoria en vez de ver el problema subyacente? Por cierto, la razón por la que en Perú el voto blanco vale igual que el nulo es, justamente, para invisibilizar esos votos.
En otras palabras, se dice y mantiene ese vínculo entre baja participación y desprestigio sin darse cuenta que ya estamos en esa situación insostenible; o mejor dicho, dándose cuenta (como digo, de eso sí se anda hablando) y viendo que este, justamente, no es un factor que juegue realmente. El sistema no se ve legítimo (por eso casi todos los agentes les gusta presentarse como antisistemas, aunque sean totalmente «prosistemas» y se ve en sus programas), la propia obligación de ir a votar no es un refuerzo a la legitimidad de los órganos emanados por esas elecciones a las que se acude bajo pena de multa. Este sistema que obliga a pasar por el colegio electoral tampoco genera vínculo alguno entre partidos y sus votantes, así se explica las grandes subidas y bajadas de esos partidos entre las elecciones (la fortaleza real de los partidos se encuentra en su suelo, que es muy bajo en la mayoría de casos).
Como (casi) siempre, a problemas complejos y muy relacionados con problemas aún más profundos, se proponen respuestas que hacen exactamente lo contrario a lo que se proponen. El limitar la oferta electoral (un clásico, de hecho, algunos partidos lo proponen, o insisten en la regulación actual, que es un problema en sí misma) no soluciona la fragmentación ni relaciona mejor al electorado con las personas elegidas; poner más límites a quiénes pueden ser sujetos pasivos del sufragio tampoco mejora la «calidad» de las personas candidatas ni, por supuesto, elimina o limita la corrupción de la ecuación política. Lo peor es que nada de eso se hace por mejora democrática, sino para eliminar posibles competencias en un marco completamente volátil.
He mezclado temas (este, el voto obligatorio y el sufragio postal), pero creo que están relacionados de forma directa e inequívoca, estoy bastante seguro de que dejar el voto como voluntario no aumentará la aceptación del Congreso, como estoy bastante seguro que no la empeorará. Sí que mucha gente participará voluntariamente y otra decidirá quedarse en casa (o hacer cualquier otra cosa) y eso ya es un avance en sí mismo.
El voto por correo, por otro lado, es una fórmula que favorece la participación política, que aumenta las posibilidades de ejercer un derecho al ampliar justamente las maneras de hacerlo. En un contexto, además, como el actual, con un miedo o dificultades reales de acudir a los sitios donde se vota, el correo sería una forma sencilla de remover dichos obstáculos o rebajar los miedos. Pero no se ha hecho, como desde siempre, dejamos las cosas a medias.
Y así seguimos.