Detesto el doble discurso, y cada vez le cojo más alergia, si es que se puede, al que encima va acompañado de populismo y demagogia a partes iguales. Ayer el Congreso convalidó el decreto de los 420 euros para los parados que han agotado la prestación de desempleo, ayer también el Congreso dio luz verde a que se siga tramitando una reforma que endurece más la Ley de Extranjería, ayer los responsables del PSOE se colgaban la medalla de ayudar a los grupos marginados, mientras dificultaban el acceso a servicios más básicos a uno de los grupos sociales más marginados, maltratados y explotados: Los inmigrantes ilegales.
Ayer vimos cómo se hablaba de la extensión de la medida de los 420 euros para todo parado que haya perdido su prestación de desempleo este año, porque son un grupo objetivamente vulnerable y las rentas de inserción, donde existen, no son suficientes. ¿Y los que lo perdieron el año pasado no lo son? ¿No es lo mismo, en cuanto al peligro de quedar marginado o sin ingresos, una persona que perdió derecho a la prestación contributiva de desempleo el 1 de enero que quien la perdió el 31 de diciembre? ¿Por qué se les trata diferente, entonces? Si en seis meses no consiguen trabajo, y están cobrando esta prestación ¿dejan de estar en una situación objetiva de marginalidad y por eso pueden perder dicha prestación? Y solo se podrá prorrogar, en su caso, una única vez.
El argumento central para pedir que el parche de los 420 euros se extendiera más allá de la fecha inicial marcada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el 1 de agosto, fue que una persona que lo perdió el 31 de Julio quedaba en peor situación que una que lo perdía el 1 de agosto. Pero parece que esa solidaridad acaba con el principio del año, y quienes más sufren, los que más tiempo llevan sin conseguir un empleo, o al menos, tener un ingreso, son los que se ven castigados por la indiferencia. Hay que dar de comer, básicamente, a los millones de parados nuevos, a los antiguos, bien, hasta ahora comen más o menos, que sigan haciendo lo que hasta ahora hacían para tirar el carro familiar sin morir de inanición.
Se habló, como digo, de solidaridad con los más necesitados, mientras se aprobó la persecución a quienes sí están en esa situación de necesidad, y llevan años, en algunos casos, en ella, se habló de evitar el drama humano que vivirían todos esos parados cuando se queden, y los que este año se han quedado, sin cobrar del paro, pero se olvidaron de todos los que llevan más tiempo que ellos en esa situación, lo que es peor, se olvidan de los que no tienen derecho a subsidio alguno.
Se habló también, en el colmo de los colmos, de que esta ayuda sea simplemente temporal, para capear tiempos de desocupación masiva, ¿acaso no sufre igual este drama humano quien no cobra nada y ya agotó su prestación, y no consigue trabajo aunque el paro del país esté por debajo del 17%? (Este requisito, al menos, será retirado durante la tramitación del Real Decreto Ley como proyecto de ley) ¿O solo se ayuda cuando son muchos los que pasan hambre y si son pocos que se vayan al carajo? ¿Por qué se insiste tanto en esta medida como «extraordinaria» y «temporal»? ¿¡Qué clase de solidaridad es solo temporal y depende de la cantidad de gente que lo pase mal!?
En este sentido el único partido político que tuvo en cuenta el tema de la igualdad entre los desempleados fue Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa María Díez González en concreto (única diputada electa por el joven partido), que votó en contra por considerar la medida «cicatera», «socialmente regresiva», «una chapuza», y exigió que sea «universal y permanente, no temporal» (como lo es).
Supongo que era más fácil la postura política del resto de grupos, apoyar el texto pero con reparos, diciendo que lo critican, que es poco pero peor es nada, como el del PP, que dijo que este parche, esta chapuza, es mejor que «condenar a la indigencia a los nuevos pobres que ha creado el gobierno socialista», porque los pobres que dejó el Gobierno del Partido Popular se pueden ir a la porra, son pobres porque quieren, así lo dicen los cánones de la derecha a la que pertenecen, su 10% de parados, muchos de ellos sin prestaciones, pueden vivir del aire y sin techo sobre sus cabezas, el problema son los nuevos pobres, no los pobres de toda la vida. Claro que el PP ha criticado, y criticará, la medida todo lo que pueda y más, pero es incapaz de ser consecuente con su propio ideario (¿dónde está eso de que lo peor es subsidiar a un parado?), porque si lo fuera, perdería votos.
Así que aparece CiU, que se niega a cualquier aumento de impuestos, pero aprueba aumento de gastos (como esta medida), criticándola, por supuesto, porque no reactivará el mercado de trabajo, así que aprovecharon para meter vasa, acá lo que se necesita es abaratar el despido, que libre ya es, no lo dicen así, sino bajo el eufemismo de «reforma del mercado de trabajo», como si fuera un mercado único e independiente, como si con la regulación actual no se esté destruyendo empleo con gusto, como si bajar cinco puntos del Impuesto de Sociedades produjera mágicamente más empleo (recordemos que este gobierno lo bajó, y ya se ha duplicado la tasa de paro existente antes de la bajada de dicho impuesto, así que no vengan con cuentos de la cripta).
ERC y PNV hicieron menos bulla, aprovecharon para hablar de la improvisación, de cómo el gobierno cambia más de criterio que de ministros, se cuelgan medallas por la retirada del requisito del 17% o por retroceder la fecha de aplicación a parados sin prestación desde inicios de este año, y se ciscan, porque no lamentan que no se retrase más, en los que lo perdieron en el 2008 o incluso antes. Nafarroa Bai y UPN tres cuartos de lo mismo, meten algo de caña en el tema y tan contentos votando que desde luego, que sí.
Pero ahí también aparece Izquierda Unida, que se olvida lo que es, aprobando un parche, una medida que si bien puede resultar necesaria, es no solo insuficiente, sino solo morfina para el enfermo, una Izquierda Unida que se ha olvidado por completo del comunismo, que alienta el capitalismo de Estado, que ya no ataca al capitalismo en sí mismo, sino al neoliberalismo, como si hubiese un capitalismo de rostro humano, como les pasó a los socialistas reconvertidos en socialdemócratas, ahí está Gaspar Llamazares votando que sí a la medida porque da algo de «justicia en la injusticia», perpetrando una nueva injusticia sobre quienes lleven más de ocho meses sin prestación alguna, perpetrando el abandono de los que llevan más tiempo sin nada.
Sí es una necesidad, por supuesto, que el Estado (la sociedad realmente) asuma el bienestar de sus ciudadanos aunque sea bajo subvenciones como las de estos 420 euros mensuales, el problema está en cómo se hace, en qué límites temporales se han puesto, a qué grupos se destina la ayuda, y las razones por las que la misma se pone sobre la mesa, no son honestas, son populistas, como lo fueron los inefables 400 euros. En ese sentido entiendo más la postura de UPyD por dos razones, el DL se iba a convalidad, no necesitaba su apoyo, y era mejor pedir la universalización de dicha prestación que mantenerla como un parche temporal, y por la misma línea debió ir la izquierda, porque para populismos varios y patéticos ya están los demás.
Sobre el proyecto de ley de extranjería, impedir que los inmigrantes irregulares se puedan empadronar elimina tres derechos que tienen actualmente, poder acogerse a la regulación por arraigo (se necesita constancia de residir de forma continua, y la única que bien validan es el empadronamiento), sanidad (no se pueden negar a atender a residentes, sean regulares o irregulares) y educación (no se puede negar plaza a quien está empadronado en la zona en un colegio público), tanto la Sanidad como la Educación, y ya lo dijo el TC en repetidas ocasiones, son derechos de toda persona por igual, independientemente de si son ciudadanos o residentes regulares o no, así que o cambian las formas de acceder a esos servicios o esos preceptos de la ley en trámite podrían devenir en inconstitucionales, sobre lo del arraigo, otros problemas suscitan, pero está claro que dificultará el mismo. Además que se impide, de esta forma, que el inmigrante irregular reciba determinadas prestaciones municipales, que por sus condiciones objetivas de necesidad debieran corresponderles.
A esto hay que sumar el endurecimiento del ya difícil proceso de reagrupación familiar, además de un empeoramiento de esas cárceles sin delito que son los Centros de Internamiento de Exranjeros, sin que se garantice el control judicial de los ahí secuestrados, digo, detenidos, digo, internados. Al menos en estos puntos IU y ERC mostraron sus grandes reparos y pidiendo justicia reclamaron derechos para los inmigrantes, que se les trate como personas. ¿Y el PP? Ellos piden más dureza a la ley, y eso que es su ley.
Para el pleno al quince, recordemos como hace Ignacio Escolar, la campaña del PSOE en las últimas elecciones al Parlamento Europeo, el «para que esa derecha no gobierne», y veamos quién y con qué votos ha salido como presidente de la Comisión, repitiendo cargo. Ellos, el PSOE, que tanto hablan de la foto de las Azores, donde eran cuatro y no tres, han votado (salvo los del PSC por lo visto) a favor de uno de los integrantes del nefasto cuarteto, José Manuel Durão Barroso, han votado por quien defendió las 65 horas, han votado por esa derecha rancia contra la que hicieron campaña, han votado por él en contra de lo que el GSE pidió (la abstención). Dice el ex ministro de justicia de España, López Aguilar, que Durão Barroso ha cambiado, que ya no seguirá la deriva neoliberal, Durão Barroso dice que sigue siendo el mismo, pero que las circunstancias han cambiado, pero eso no significa que cambien en esencia las políticas que sigue defendiendo, que no debieran ser abrazadas ni por los socialdemócratas más derechistas. Pero el PSOE ha votado a favor del candidato del que presume la derecha europea, la conservadora del PPE, la liberal (gran parte de la misma) y la euroescéptica.