En De Igual a Igual, durante un tiempo, tuvimos una tira cómica (permítanme llamarla así) en que Franco hablaba. La imagen de dicho Franco es una foto de un busto en la Plaza Mayor de Salamanca (donde hay una serie de personajes de distinta importancia, y otras alegorías varias, entre las que se encuentran unas de la segunda y la primera república), en otras palabras, Franco está entre los ilustres que adornan la plaza más importante de Salamanca. Este es uno de los cientos de ejemplos que se pueden ver, aún hoy, en toda España. Franco sigue presente, el franquismo dejó una huella fuerte, y los homenajes (nombres de calles, hospitales, y demás) dados a represores siguen en vigencia. Y al parecer, por fin, las distintas administraciones estarán obligadas a cambiar dichas referencias al franquismo. Uno de los puntos de la Ley de la Memoria Histórica impondrá dicha obligación.
Hay quienes llevan mucho tiempo trabajando en la retirada de los símbolos franquistas de las ciudades (como la Federación Estatal de Foros por la Memoria) que han valorado negativamente la ley de la «memoria», entre otras cosas, por no declarar nulos todos los juicios (se habla de ilegítimos, que no supone la revisión de las condenas dictadas en su momento), aunque algunos de los puntos agregados a la ley a última hora pueden rebajar el enfrentamiento que desde las asociaciones por la Memoria Histórica mantienen con el gobierno (como es el caso de los símbolos franquistas). El Partido Comunista, recordemos, se posicionó desde el comienzo contra esta ley por considerarla «de punto final» al no contemplar la anulación de los juicios.
En estos días en que se ven condenas a sacerdotes genocidas en Argentina, juicios a la familia del ex dictador en Chile y extradiciones de un mandatario genocida a Perú, desde España los herederos de los oprimidos desean que en su país se reproduzcan dichos actos a favor de la justicia, y niegan, como se hizo en Argentina o Chile, cualquier validez a una amnistía promulgada por la propia dictadura. Quieren ver cómo el fisco investiga a una de las familias sagradas españolas (la Franco), quieren ver cómo los jueces, políticos, y demás, que firmaron sentencias de muerte por cuestiones políticas o apoyaron la dictadura tengan que pagar por ello, quieren ver cómo se devuelven los bienes regalados al dictador o su familia, y que no han sido repuestos, quieren ver cómo los bienes incautados durante la guerra civil se devuelvan (como sí se hizo con los sindicatos y los partidos políticos, que se les devolvió lo suyo; se pide esto mismo con el resto de ciudadanos perjudicados). Quieren ver justicia.
La Ley de la Memoria Histórica no traerá casi nada de lo antedicho, pero al menos evitará, o se supone que intentará evitar, que se sigan viendo monumentos al fascismo en las calles de nuestras ciudades, en el interior de las instituciones públicas, en el corazón de esos lugares llamados a defender la Constitución, precedidos con el aguilucho de una bandera fascista (o falangista si se quiere ser puntilloso).
¿Lanzarote, alcalde de Salamanca, cumplirá la Ley? Siendo del partido que es, y estando en la comunidad autónoma gobernada por esos mismos, no sé hasta qué punto será efectiva la ley en esta ciudad plagada de homenajes fascistas, donde partidos como Democracia Nacional acceden a las instalaciones públicas con más facilidad que las juventudes de Izquierda Unida. No me vale que digan que, después, con la democracia, vino la Segunda y la primera República a la Plaza Mayor en forma de bustos femeninos, no es un argumento para defender que el dictador se quede ahí, cerca, demasiado cerca, de Unamuno (ese hispanista vasco que espetó, desilucionado con lo que realmente fue el levantamiento fascista, un «Venceréis pero no convenceréis» que aún hoy suena a verdad como un puño).
He visto los puntos de la Ley y escribi hace algunos meses un ensayo sobre el proceso de reconciliacion en España (no en el blog, sino para ser publicado, espero que para el proximo año). La impresión que me queda es que un debate que se silenció por 30 años recién comienza.
La pregunta que te haré es la siguiente: ¿qué posibilidades reales hay de anular los juicios y encauzar personas por estos temas?
Saludos
Interesante tema para un ensayo ;)
En España nunca habrá un proceso de reconciliación, porque para la mitad del país este se dió con las amnistías de la transición y siguen dificultando, por ejemplo, la exhumación de cadáveres… Y el PP sigue diciendo que esto es «reabrir heridas» cuando nunca se cerraron. Y los libros de César Vidal o de Pío Moa, por poner dos ejemplos de pseudohistoriadores que sí crean opinión pública, cada vez son más defensores del franquismo. Demasiado negacionismo. Y con esto quiero decir que, mientras parte de la sociedad quiere llevar adelante ese debate, otra parte se niega por completo a escucharlo, e incluso, se retrocede en ciertas posturas.
Sobre la «nulidad». Pues creo que pasaría como en Argentina, realmente el parlamento no puede declarar «nulo» los tribunales y sus procesos, ni tampoco puede «anular» las leyes (puede derogarlas, cosa que ya se hizo hace mucho con la mayoría, y otras las derogará la actual ley de la Memoria), lo que sí podría es crear una legislación que permitiera la revisión de los juicios políticos. Ya han llegado al Supremo casos en que se pedía la revisión de sentencias de muerte y han sido rechazadas en base a legalismos (la legislación no está preparada para esas revisiones)…
Una vez dicho esto… ¿Qué posibilidad hay de encausar a los responsables políticos/jurídicos? Ninguna. Ahí sí que chocaremos de plano con todo el poder real en España. Es imposible pensar en Fraga siendo encausado (por poner un ejemplo de un reconocido político), o ver a alguno de los actuales miembros del Tribunal Constitucional declarando (responsables muchos jueces de dictar sentencias condenatorias sin ningún tipo de pruebas). O más aún, ver al Rey (quien juró -y nunca renegó- los Principios Fundamentales del Movimiento Nacional) siendo responsabilizado de las últimas ejecuciones políticas en España. Totalmente imposible.
Esto me recuerda a una duda que una profesora de Historia, en un curso del doctorado, planteó: ¿Cuántos jueces y magistrados actualmente en ejercicio fueron parte del Tribunal del Orden Público (aquél que encerraba por delitos políticos)?
Hasta Luego ;)