Fue contra las ONGD «incómodas»

Muchas leyes salen con nombre y apellido propio, con objetivos no declarados en la propia ley demasiado claros para no verlos, y con intenciones supuestamente ocultas que brillan lo suficiente para no dejarnos ver el resto del panorama. Mucho se ha hablado del tema (dos botones: «Ley Mordaza, el Inicio» y «declaración de inconstitucionalidad de parte de la Ley de las ONG»), y se cargan, dentro de los medios peruanos, ríos de tinta en contra y a favor, ya sea de la ley, ya sea de la sentencia.

Para unos, básicamente, esta ley es necesaria porque permite un control sobre las ONG caviares (porque hay ONG que jamás serán cuestionadas, y mejor que ni revisen sus cuentas y demás, que con Dios nos hemos topado), y el control y transparencias exigidos era, digamos, un poco abusivos (máxime teniendo en cuenta que muchos de los que piden esos controles se quejan de su existencia en otras actividades privadas, y lucrativas). Pero veían el brazo del Estado como necesario. Desde el «otro bando» se declaraba que dicho control era extremo, abusivo desde las exigencias de registro (algo no totalmente lógico teniendo en cuenta la necesaria seguridad jurídica, y que es mejor, por lo general, contar con registros de las personas jurídicas y otras cosas que no entraré), pasando por la mañosa dirección, siguiendo por la «priorización» (toma ya), control sobre uso de capital extranjero (control que realmente no existe en la empresa privada), y una capacidad sancionadora absurdamente amplia (inhabilitaciones personales por vía administrativa, malo)…

Está claro, según el resumen rápido antedicho, que no eran todas las ONG las puestas en la mira, tanto por el legislador (y esto lo sabemos por las declaraciones de los miembros del gobierno que impulsaron la Ley Mordaza sobre las ONG, y toda su bancada, y las que los apoyaron -los más enfrentados con las organizaciones de defensa de Derechos Humanos-) como por los medios afines (que la aplaudieron, directamente, como norma de control sobre los rojos), sin olvidarnos de algunas empresas privadas (esas que se zurran en los controles y que buscan que no existan amparándose en la libertad individual que, incoherentemente, niegan a las ONG), han apuntado con el dedo a un tipo concreto de ONG dedicada a proyectos de desarrollo (está claro que acá no hablamos de ONG dedicada a la investigación de los flujos de capitales en indochina). Y dentro de las ONGD el objetivo de la misma era controlar y anular a las «molestas» (porque dudo muchísimo que la Cruz Roja o Cáritas se vieran mínimamente afectadas por la norma, y eso que ambas son de ayuda humanitaria, o sea, ONGD).

Esto es, a las llamadas ONG caviares (también las que no son puramente ONGD, sino son de investigación y tal) eran el objetivo lógico de una norma creada para evitar la fiscalización en cuanto a los derechos humanos por parte de un gobierno que está haciendo lo imposible para alzarse con la impunidad por su propio pasado y su corrupto presente. La norma pretendía poner una pistola sobre la sien de todo aquél que entre en una ONG (o a toda ONG, si se prefiere la personalización de los entes jurídicos) para que se calle ante los abusos o del gobierno o de ciertas empresas (sobre todo mineras).

Es interesante ver qué ONG están señaladas como ejemplo de lo que la ley pretendía evitar (sí, evitar), ambientalistas (el tema minero preocupa mucho), contra la corrupción (sobre todo de juristas y ONG que buscan la transparencia en la política) y por los Derechos Humanos (destacan las que buscan acabar con las bochornosas impunidades de nuestros políticos de la lucha antiterrorista, aquella que dejó tantísimos ajusticiados, desaparecidos, y demás). Y este gobierno tiene tres intereses centrales: Que las mineras sigan llevando el peso de la buena economía peruana sin aportar nada más que eso (porque de reparto de bienes ni hablemos), que la corrupción pase inadvertida (el caso de los patrulleros cae por su propio peso, y no ha tenido las supuestas consecuencias que debiera -la caída del ministro, como había anunciado García para el próximo ministro en «equivocarse»-) y que todos los delitos prescriban (el caso de El Frontón sirve como mejor ejemplo).

En cuanto al tema minero, es fácil verlo, el gobierno «teme» a la labor de las ONG ambientalistas, y por ahí van las declaraciones del primer ministro peruano, Jorge del Castillo (en El Correo): «Allí hubo reclamos, (se dio) una gran concurrencia de ONG ambientalistas, hicieron su trabajo y la empresa (Manhattan) se fue. Pasaron tres años, las ONG se fueron, y los campesinos iniciaron una explotación del oro de manera artesanal, contaminando todo», entendida junto con declaraciones de gente como el Gerente General de Buenaventura (compañía de minas), Roque Benavides, en que manifiesta una postura de enfrentamiento directo con ciertas ONG: «Vamos a enfrentarlas. Hay que hablar las cosas con la verdad. Existen muy buenas ONG que están en el país, pero hay otras que realmente están haciendo daño». Y acá vemos la clara distinción entre ONG cómodas e incómodas para ciertos sectores, Roque mencionó a Cáritas, Fe y Alegría, Reflexión Democráticas como «de las buenas», entre las malas estaría cualquiera de esas que están promoviendo la consulta popular (¿cómo se le ocurre a alguien realizar una consulta popular?) sobre el proyecto minero de Río Blanco (minera Majaz). Es destacable la opinión del presidente de Southern Peru Copper Corporation (minera), Óscar Gonzáles, sobre el tema de la consulta: «No sé si son agitadores comunistas o no, pero no se debe ceder a las presiones y más bien se debe aplicar la ley». Cualquiera que cuestione al gobierno o a las mineras es inmediatamente un agitador (comunista o no) que debe ser reprimido con todo el peso de la ley (y lo dicen integrantes de grupos de presión que hacen y deshacen nuestras leyes).

La ley buscaba un control sobre las ONG demasiado amplio, que apuntaba a neutralizar cualquier iniciativa fiscalizadora de los poderes jurídicos o de facto de este país. Sobre las ONG ya existía (y sigue existiendo) un amplio abanico de controles fiscales y similares (que siempre vienen bien), y el TC mantuvo algunas partes sobre el control de las ONG por parte del gobierno, que superan la simple supervisión (sobre todo cuando juegan con dinero público, directa o indirectamente), controles y transparencias que se deberían aplicar sobre las instituciones públicas y que, hoy por hoy, no se hace como se debe. Pero la ley tenía un fuerte tufo sancionador, con capacidades amplias, que el TC ha estimado inadmisibles en un Estado de Derecho (que, aunque a veces no lo parezca, Perú pretende serlo). Así pues, gracias al Constitucional, la presente ley no servirá como mordaza, en tanto que la amenaza legal queda a la altura de la ya existente, los tribunales ordinarios o sanciones menores administrativas.

Aún así, resulta preocupante la utilización de el Derecho por parte del gobierno. Está claro que todos los gobiernos intentan cosas más o menos parecidas, y cargan sus baterías de adeptos mediáticos contra los «enemigos», pero es que este gobierno lo hace de una forma tan burda (el ejemplo más tonto fue aquél contrato de plublirreportajes), que está claro que ni siquiera pretende una apariencia de buen derecho, ni normas generales que sirvan para ordenar las cosas y favorecerles a la par, sino atacar de forma descarada a quien se le ponga en frente a la par de evitar cualquier responsabilidad, pasada o actual. Y si eso, cargarse (por ahora en sentido figurado) al oponente, sea por denunciar, sea por estorbar, sea por no estar de acuerdo. Y esto quedó patente en la guerra emprendida por el gobierno contra CGTP y SUTEP o cuando Del Castillo atacó a la fiscal Bolívar.

Fuentes e información complementaria:

Para recordar, lindezas varias:

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