Sigo alucinando con la férrea disciplina de voto en el PSOE. No puedo creer que los 169 diputados sean igualmente favorables al tijeretazo del gobierno, por más que sea «su» gobierno. Todos y cada uno de los diputados del PSOE son corresponsables del plan de ajuste del gobierno. Y me sorprende que el PP haga gala de defensa de los trabajadores diciendo que ellos no harían pagar la crisis a los trabajadores cuando hace unos meses (y aun lo defienden) para salir del embrollo financiero proponían abaratar el despido y congelar el sueldo de los funcionarios (cierto que nunca propusieron bajárselo, pero tampoco apoyaron el incremento de 0,3% aprobado el año pasado para este). La única diferencia entre lo aprobado por el PSOE y lo pedido por el PP está, en esencia, en la congelación de las pensiones contributivas no-mínimas.

Que el PP no venga a contarnos esas patrañas, afirmando que ellos no afectarían al gasto social para el recorte de gasto público, cuando entre otras cosas piden que se quiten buena parte de las subvenciones (que se usan para labor social o para empresas), reducir aun más la ayuda para el desarrollo (es gasto social, no es interno, pero sí social), propiciar una reforma laboral contraria a los trabajadores (con, entre otras medidas, la congelación de salarios, que es lo mismo que «bajada real»; y no olvidemos que los funcionarios son clase trabajadora, con lo que pedir la congelación de sus sueldos también es hacer que la crisis la paguen los trabajadores), quitar las subvenciones a sindicatos y organizaciones patronales (cuando, mal que bien, hacen ambos buena labor formativa), reducir los ministerios más «sociales» del gobierno y un largo etcétera de medidas que también van contra la clase trabajadora, contra los que menos tienen. Como siempre (pero al menos en el PP sabes que van a eso, mientras que lo del gobierno del PSOE es un acto de doblepensamiento puro y duro).

Declaran desde el PP que votan que no porque las medidas son injustas y poco valientes, que hay que ir más allá (en otras palabras: aumentar los recortes) y que hay cosas que no se tocan (básicamente las pensiones), pero realmente muchas de las medidas son las que ellos propusieron en su día, otras son más «valientes» (dentro de su perversa lógica) que lo propio propuesto por el PP, votan que no simplemente por decir que no, por no mojarse en un lodazal creado por los que piensan como ellos (miren cómo aplauden las medidas sus «amigos» del FMI, Francia o Alemania). Le afean al gobierno cosas como el Plan E (por pagar la reparación innecesaria de calles, le dicen), cuando todos los ayuntamientos del PP, absolutamente todos, pidieron y usaron esas ayudas, es tremendamente hipócrita contribuir al gasto y quejarse a la par del gasto y de cómo se gastó (cuando esto era decisión edil). El PP diría que NO hasta a la aplicación de su plan de gobierno si quien lo pone en la mesa del Congreso es el PSOE.

Cuando el PP se declaró a sí mismo el Partido de los Trabajadores algunos hasta nos echamos a reír, luego matizaron un poco para explicar por qué decían eso, ya que algunos periodistas le afeaban sus propuestas de abaratar el despido («flexibilizar» es el eufemismo que se usa), la matización fue la mar de curiosa: Son el partido de los trabajadores porque la mejor política social es que haya trabajo, y con sus medidas (y presentaron unas cuantas) que permiten flexibilizar el mercado laboral y bajar la tributación de medianas y pequeñas empresas, crearían trabajo. No, eso no es ser el partido de los trabajadores, si eso, eso es ser el partido de las PYMES. El que en la sociedad haya menos paro no significa que sea una sociedad más justa, o favorable a las clases populares, mírese en este sentido desde Estados Unidos hasta la Patagonia. En Perú tenemos menos desempleo que en España, pero no podemos decir que los trabajadores (ni los desempleados) estemos mejor en Perú que en España, y la inseguridad e informalidad peruana (pero con trabajo) son casi peor que una situación temporal de desempleo. Poniéndonos en un extremo absurdo, si se declarase la obligación de trabajar (sin existencia de sueldo mínimo y con duras sanciones), el paro sería tendente a cero, pero no podríamos decir que es una sociedad que protege a los trabajadores, su situación sería totalmente precaria y su retribución estaría por los suelos. No hay que olvidar en este sentido cómo, durante el gobierno del PP, se produjeron dos grandes reformas laborales totalmente contrarias a los trabajadores, y que el salario mínimo creció por debajo del IPC real, en otras palabras, que durante ocho años los trabajadores más necesitados vieron cómo su salario real bajaba.

Son casos claros de la «neolengua» orwellianos (como en 1984), el PP dice defender a los trabajadores cuando va a defender a las PYMES, pero no por ser clase trabajadora, sino desde el punto de vista de la clase propietaria, por lo mismo que el PP huye del término «conservador» en favor del término «liberal» (cuando ambos términos, siendo generosos con el uso que se hace de «liberal», en todo caso reflejan dos facetas del partido), porque «conservador» no atrae votos, y actualmente «liberal» sí (incomprensible para mí, en tanto que esta crisis económica viene de la aplicación de medidas económicas típicamente liberales, y la solución por la que se ha terminado apostando, salvo el rescate a bancos, también son liberales), van redefiniendo los significados de las palabras para ganarse el favor del pueblo, así una medida favorable al trabajador no es la que favorece a la persona o su clase social, sino a los empresarios que «dan» trabajo (eso de «dar» también es un uso mañoso del lenguaje, el empresario no «da» trabajo, sino que «necesita» y «adquiere» el trabajo explotando la fuerza del trabajo de las personas).

Cambiando un poco de saco de boxeo (y no me voy al PSOE porque considero que la única respuesta a ese grupo y gobierno es la huelga general, como ya manifesté en otra entrada) voy por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), partido en franca alza tanto de apoyo como de posibles votos (posiblemente supere a IU en la próxima contienda electoral, y el chorreo de votos del PSOE está favoreciendo, sobre todo, a la formación de Rosa Díez, una de las dos más perjudicadas por el sistema electoral español). Este partido, con más coherencia que el PP, votó en contra de convalidar el decreto del gobierno, defiende el recorte del gasto público y acusa al gobierno de derroche (cheque bebé lineal y no progresivo, devolución de los 400 euros para todos y no solo para los más necesitados, entre otras, algo con lo que estoy de acuerdo) y de no atacar a las rentas altas, etcétera.

En Radio Nacional entrevistaron a Rosa Díez, única diputada de su formación en Las Cortes, antes de la votación, y la misma defendía un recorte del déficit sobre todo desde el adelgazamiento de la administración, a la par que se posicionaba en contra de una bajada de sueldos a los funcionarios porque eso era hacer pagar a los más débiles la crisis. En la reforma propuesta por UPyD, decía, se ahorrarían más de veinte mil millones (el doble de lo que el PSOE reduce con su inefable decretazo), y sin bajar salarios… Pero se olvida decir que lo que sí habría, y en grandes cantidades, es despidos. Sin dudas a la administración le falta eficiencia, a la local, provincial, autonómica y estatal, y no es tanto porque haya competencias «repetidas» (aunque sí, en ese sentido, por falta de coordinación), ya que las mismas tienen distintos ámbitos y formas (digamos que en muchas hay efecto cascada, se plantea lo más general en el ejecutivo nacional, y cada nivel las va concretando para el suyo), sino porque hay sectores que gastan «de más» o tienen más personal del necesitado cuando otros les falta personal sin lugar a dudas (y algunos de estos son claves, faltan inspectores laborales, inspectores de hacienda, faltan jueces y personal vario de las administraciones de justicia, faltan profesores, faltan médicos y facultativos de medicina en distintos niveles, y un larguísimo etcétera), posiblemente se tire mucho dinero en gasto corriente no necesario (¿de verdad sigue siendo imprescindible el papel con membrete? ¡cuánto se desperdicia cuando cambia de nombre el ministerio, empresa pública, agencia, gerencia, o lo que sea!) y un camino para seguir es, sin dudas, el afinamiento y control de determinados gastos…

Lo que me preocupa en la propuesta de Rosa Díez (además de defenderla con la típica falacia de «nadie la ha contradicho, por tanto, es válida») es que tiene un aire centralizador bastante fuerte (el adelgazamiento lo hace en favor de la administración central), ¿por qué no mediante la ventanilla única? (antes defendida por la derecha de AP, ahora es una reivindicación tachada de «independentista» por esa misma derecha). De todas formas, se presenta como un super-ahorro sin tocar el salario de los trabajadores, y es verdad, pero sí se afectaría al número de trabajadores (con lo que ya es tan «antisocial» como la bajada de salarios), como cuando habla (y defiende) la privatización o eliminación de muchas empresas públicas, no es que diga que se mejore su funcionamiento (muchas de ellas son rentables por sí mismas), sino que dejen de ser públicas, hasta ahora, siempre que se ha privatizado una empresa pública ha supuesto un buen número de despidos (y muchos «porque sí»), a la par que defendió a ultranza el mercado y se posicionó en contra de más de cien mil nombras contrarias al mismo (no sé cuáles son, no lo dijo ni lo aclaró, ¿se refería a las laborales? ¿a las que impiden o dificultan el comercio de plátano caribeño en favor del canario? ¿de los horarios comerciales? ¿de máximo de suelo de grandes superficies por ciudad?). No puedes decir que tu plan no afectaría a la clase trabajadora cuando necesariamente, para aplicarlo, se despediría a mucha pero mucha gente.

Lo de CiU lo dejo para otro día, su postura es tan o más electoralista que la del PP, así que resulta casi gracioso cómo los dos se afean la actitud apelando al «sentido de Estado».