Mientras vemos cómo dos congresistas del mismo partido (no, no son fujimoristas, son apristas) se pelean para ver quién es el verdadero autor de una metedura de pata llamada impunidad legal, sale el ministro de Defensa, personaje infame en cuanto a la defensa de los derechos humanos, y declara: “No necesitaríamos recurrir ni a la amnistía ni al indulto si los procesos fueran rápidos, concluyentes y no estuviéramos (…) en este proceso de nunca acabar para tanta gente que lo único que ha hecho es cumplir con el Estado” (Perú21).

Hay que tener en cuenta, algo que no hace el Ministro porque no quiere hacerlo, que los juicios se han comenzado tarde porque el Estado favoreció, ya sea mediante leyes, manipulaciones, ocultamientos y demás, el que no se pudiera procesar a quienes pudieron cometer violaciones de Derechos Humanos (y esto no solo durante el fujimorismo, los dos gobiernos anteriores fueron bastante dejados en este campo, lleno de juicios pantomima en el fuero militar, de condenas ridículamente bajas que nunca se ejecutaban, de causas que se sobreseían sin razón legal e investigaciones mal realizadas). El primer gran retraso va por culpa del Estado.

El Ministro de Defensa también olvida mencionar que en gran medida los juicios, una vez iniciados, van lento gracias a las constantes trabas que pone la defensa de los imputados, que en muchos casos corre a cargo del propio Estado.

También el señor Ántero Flores-Aráoz olvida que su ministerio, poseedor de muchos documentos necesarios en los procesos, hace lo indecible para entorpecer la labor de los tribunales (en cierta medida es comprensible, teniendo en cuenta que el ejecutivo se ha alzado como defensor de los militares y policías procesados, pero que sea comprensible no hace que podamos admitir esas prácticas del poder público).

Y por último, este miembro del gobierno olvida que en general el sistema judicial peruano apesta a lentitud gracias a la falta de medios materiales y humanos, elementos que dependen totalmente del propio gobierno, esto es, es el gobierno el que a fin de cuentas, junto con el Congreso, decide los recursos económicos y humanos del Poder Judicial, y si estos son insuficientes, el funcionamiento será insuficiente también. Y lo es para todos, no sólo para los encausados de los cuerpos y fuerzas de seguridad peruanos.

Claro que la solución es que los procesos se acaben, respetando todas las garantías habidas y por haber (nadie niega ese punto, es lo deseable), pero no se puede lanzar estiércol al hombre caído cuando encima eres tú quien lo ha tumbado, y eso es lo que hace el ministro de Defensa.

Además, nada tiene que ver, realmente, el que los juicios sean lentos y el querer amnistiar a todo el que esté siendo procesado. Más bien, se debería trabajar para ver cómo agilizar los procesos sin que se vulneren las garantías (fíjese usted en los sumarísimos procesos durante el fujimorismo, eran rápidos, pero menos fiables que una escopeta de feria, y eso tampoco lo queremos), no a liberar de juicio a los acusados.

Por último, eso de “que lo único que ha hecho es cumplir con el Estado” no deja de ser un prejuicio sobre la acción juzgada, lo que se dilucida en los juicios es saber si la persona cumplió con el Estado (con los peruanos, entiendo, y no con la maquinaria coercitiva utilizada por el poder político del momento) o cometió un crimen. Es lo que queremos saber.

Para concluir (aunque ya se ha dicho previamente): No necesitamos una ley de amnistía. Más aún, es lo último que necesitamos, queremos que se terminen los juicios como es debido.