El día en que se inició el jucio al ex mandatario peruano Alberto Fujimori se destapa un documento de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos (DIA por sus siglas en inglés), con fecha del 10 de Junio de 1997, en que se afirma que «el presidente Fujimori ordenó que no se tomaran prisioneros (…) por esta razón, aun los miembros del MRTA que fueron capturados vivos no sobrevivieron a la operación de rescate» (el subrayado y el enlace son míos). Ni más ni menos, una orden de la vieja escuela, “no quiero supervivientes”, y eso se realiza con una ejecución extrajudicial, llámese como se llame.

Qué oportunas son ciertas desclasificaciones de documentos secretos. Los gringos desclasifican cualquier cosa, ya sea documentos que los vinculan directamente con escuadrones de la muerte en el extranjero (como los recientes que apuntan a esta actividad de “desaparecer” a los contrarios políticos en el Chile de Pinochet) a textos de antiguos aliados que se embarraron con todo y de los que ahora, de una forma u otra, intentan desmarcarse, como es el caso del fujimorato.

En abril de este año mostré mis reservas ante lo benigno que se es (o era) con respecto a los Comandos de la Operación Chavín de Huántar, ante las denuncias de las ejecuciones extrajudiciales producidas tras el rescate, muchos apuntaron a un comando paralelo del SIN infiltrado entre los soldados, quitando la responsabilidad a los primeros y heroicos comandos por los hechos de los segundos. No niego, por supuesto, que pudieran haber dos comandos distintos en el rescate, pero sí afirmo la responsabilidad de todos los soldados que ahí estuvieron y no intentaron detener a los que realizaron las ejecuciones o sacaron al público los hechos (aunque declaraciones de algunos de ellos son los que nos permiten conocer al menos una ejecución extrajudicial).

Ya sabíamos que al menos “Tito” había sobrevivido al rescate en sí, esto es, a la operación de retoma de la embajada por parte de los comandos y que posteriormente había sido ejecutado, ahora sabemos, según el documento de la DIA, que Roli Rojas, alias El Árabe, y una compañera emerretista fueron ejecutados tras el final de la retoma de la casa del embajador de japón aquél 22 de abril del 97.

Según recoge El Comercio (subrayado mío):

«Después que las tropas entraron al predio y estaban en el proceso de conducir a los rehenes afuera de la residencia del embajador, uno de los soldados reconoció a Rojas, que no llevaba armas, y caminaba junto con los rehenes hacia afuera de la casa (…) el soldado detuvo a Rojas y lo llevó de nuevo adentro de la residencia. Un soldado le disparó a Rojas en la cabeza con una ráfaga de un arma automática. La intención del soldado había sido disparar sólo una bala a la cabeza de Rojas (…) una mujer, también integrante del MRTA, fue ejecutada por un soldado durante la operación después de que ella se había rendido»

La toma de la casa del embajador de Japón fue mostrada al mundo como el triunfo del poder militar peruano sobre el terrorismo, con un Alberto Fujimori triunfante caminando entre los cadáveres de los emerretistas, colocados por toda la casa del embajador como si todos hubiesen muerto en duros combates, cosa que sabemos que no pasó.

En la mente del peruano, ese hecho fue digno de aplauso, fue la muestra palpable de la necesidad de la mano dura, un relato épico de la heroicidad de nuestras fuerzas armadas, cuando en realidad esconde lo que fue una constante durante dos décadas completas (por lo menos), la bala en la nuca y la impunidad de los militares y mandos políticos.

Entre los documentos desclasificados, también hay alguno que señala que Fujimori estaba dispuesto a “sacrificar los principios [derechos humanos y democracia] para alcanzar una victoria rápida sobre el terrorismo” y que Alberto Fujimori estaba “absolutamente comprometido con la destrucción de Sendero Luminoso y el MRTA dentro de su mandato de cinco años y está dispuesto a tolerar cualquier método para alcanzar esa meta” además de contar con una descripción detallada, de 1994, de cómo se violaban los derechos humanos en Perú, por parte de un general.

Queda mucho que investigar y muchas razones para continuar con los juicios a los distintos responsables.