Puf. Pues sí, era una crónica anunciada, ¿cómo no iba a serlo con la ventaja que tenía en las encuestas? Lo raro es que no haya superado el 50% (tampoco lo necesita para llevarse la mayoría absoluta en el consistorio, sea dicho). Lo rozó, eso sí, con el 49% (según la ONPE en estos momentos). Lo único «destacable» es la horrible posición en que finalmente quedó la actual alcaldesa: tercer lugar. A duras penas Villarán superó el 11% de los votos válidos, muy por detrás del candidato del APRA, que se llevó el 19,42% de los votos válidos. También podemos hablar del lugar que ahora ocupará el PPC, que no solo perdió a su principal aliado (no olvidemos que SL fue parte de UN, Castañeda fue alcalde dentro de esa coalición donde mandaba el PPC, al menos en teoría), pasando de ser el partido más importante del ayuntamiento (tras la revocatoria) a… ¿le cae algún regidor? En fin, siga las elecciones limeñas en «Elecciones – De Igual a Igual». (Actualización: al 78% procesado, Castañeda sí supera el 50% de los votos válidos; tacho la parte en que hacía referencia a eso).
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Notas sobre el «pequeño» cambio electoral en España
¿Qué busca realmente el Partido Popular con esta propuesta para las elecciones municipales?
Los sistemas electorales se hacen desde el poder para favorecer el poder. No significa que impidan el cambio político, sino que lo dificultan o matizan; generan un comportamiento determinado en la manera de votar que luego se plasma en las relaciones entre los representantes y los representados; también son una consecuencia de esas mismas elecciones: el sistema electoral se retroalimenta y es solo un elemento más en el panorama político. La propuesta de cambiar el modo en que se eligen la mayoría de alcaldes en España por parte del partido en el gobierno trae consigo un debate viciado por las formas y el fondo y por los argumentos usados (más democracia, atentado a la democracia y otras salidas de tono).
Divorcio municipalizado
«Aprobarían que divorcio por mutuo acuerdo sea a través de municipios» reza el título de la noticia en El Comercio. Lógico y oportuno. El ejecutivo, en un alarde de sentido común poco normal, ha mandado al Congreso una iniciativa por la cual el divorcio, siempre y cuando sea de mutuo acuerdo, se pueda llevar a cabo en las municipalidades. A fin de cuentas, como manifiesta Rosario Sasieta (AP), hay que desjudicializar el proceso de divorcio y si los municipios pueden casar, lo mínimo es que también puedan disolver los matrimonios siempre y cuando haya acuerdo entre las partes. Dicho así suena mejor de lo que realmente es… aunque no cabe duda que resulta un avance, pequeño, pero avance a fin de cuentas, dentro de evitar que la legislación haga más daño a las personas que ya no quieren mantener un proyecto común que facilitarles la vida.